EscucharEl avance tecnológico se ha convertido en un arma de doble filo para las entidades bancarias. Mientras permite agilizar procesos y ampliar la oferta de servicios, también abre nuevas puertas a la ciberdelincuencia.
Los estafadores han encontrado en los canales digitales un terreno fértil, y su impacto ya se refleja en las cifras. Durante el primer semestre del año, la cantidad de denuncias por estafas bancarias en San José creció un 88% frente al mismo periodo del 2024.
Ante este repunte, la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras insiste en que el Ministerio de Educación Pública (MEP) debe fortalecer la formación en ciberseguridad desde las aulas, para preparar a futuras generaciones frente a un riesgo que dejó de ser eventual para convertirse en cotidiano.
El Financiero consultó a la Cámara cuáles son sus principales demandas a los candidatos presidenciales. Además de la ciberseguridad, los temas que consideran prioritarios son la reducción de los costos de intermediación, la modernización regulatoria, la inclusión financiera, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la supervisión y la gestión de riesgos.
Costos de intermediación
La Cámara propone reducir los encajes legales para alinearlos con estándares internacionales y que el Banco Central pague una retribución conforme a las tasas de mercado sobre el porcentaje que se defina. También plantean que las instituciones financieras puedan mantener parte del encaje directamente en sus cajas.
El encaje legal —la reserva de liquidez proporcional a los depósitos que deben mantener las entidades en el Banco Central— tiene hoy un techo del 15%, según la Ley Orgánica del BCCR (7.558). Para flexibilizar este esquema, el sector considera indispensable reformar el artículo 63 de esa normativa, con el fin de ajustar el límite máximo y habilitar el pago de intereses de mercado sobre el encaje.
Otra solicitud que hace la Cámara se enfoca en eliminar el porcentaje del 25% de intermediación cambiaria que cobra el BCCR.
Educación financiera y ciberseguridad
“La ciberseguridad es esencial para proteger los datos financieros en un entorno cada vez más digitalizado. La falta de educación financiera y digital puede aumentar la vulnerabilidad ante estafas electrónicas, mientras que la educación en este campo genera innovación y confianza en el sistema financiero”, informó la Cámara.
Entre enero y junio, el OIJ recibió 4.693 denuncias por estafas digitales solo en San José. Para los bancos, mejorar el nivel de alfabetización financiera y digital es determinante: cuanto mayor sea el conocimiento, mayor será la disposición de las personas a integrarse a la economía formal, utilizar servicios bancarios, emprender e invertir.
Inclusión financiera e innovación tecnológica
La banca sostiene que la inclusión financiera es uno de los motores más efectivos para reducir la desigualdad, impulsar a las pequeñas y medianas empresas y acelerar la formalización económica. Por esta razón tienen como prioridad la ampliación del acceso a servicios bancarios formales.
En esta línea, la innovación tecnológica es un aliado clave. La modernización, aseguran, mejora la experiencia del usuario, reduce costos y amplía la oferta de servicios, contribuyendo al dinamismo de la economía nacional.
La Cámara, sin embargo, no especificó el rol que le pide al Gobierno en esta materia.
Sostenibilidad
El sector bancario propone la adopción de estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en la evaluación de créditos y operaciones, así como el impulso de productos financieros verdes.
Estas iniciativas apuntan a robustecer el sistema financiero y a preparar al país para un entorno económico cada vez más condicionado por la sostenibilidad.
Supervisión y gestión de riesgos
La Cámara señala que se requiere modernizar las herramientas de supervisión, capacitar continuamente al talento humano y actualizar los modelos que utilizan las entidades para anticipar y mitigar vulnerabilidades.
Regulación e iniciativas legislativas balanceadas
La actualización del marco regulatorio es imperativa para adaptar el sector bancario a las nuevas realidades tecnológicas y a las demandas de la economía digital. “Una regulación moderna permite una supervisión más eficiente, estimula la competencia y facilita la entrada de nuevas entidades y servicios, beneficiando tanto a los usuarios como a las instituciones financieras”, enfatizó el sector.
También plantean revaluar y replantear algunas iniciativas legislativas recientes “que han generado exclusión financiera”. Entre ellas:
- Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (9.859), conocida como Ley de Usura. Esta normativa puso un máximo a las tasas de interés para evitar cobros desproporcionados.
- Proyecto de Ley de Protección del Consumidor de Servicios o Productos Financieros (24.616). El objetivo es proteger los derechos del consumidor de productos o servicios financieros, pero asigna al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) como el supervisor de la conducta de los proveedores financieros. Es decir, el Gobierno tendría la autoridad de supervisar a las entidades financieras; ya no sería solo una tarea de las autoridades de desconcentración máxima que actualmente regulan los bancos (Sugef y Conassif).
En un año marcado por la aceleración tecnológica, la presión regulatoria y un ciclo electoral decisivo, la banca insiste en que los cambios no pueden seguir esperando.
