EscucharA pesar de que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para asegurar todos los puestos del Directorio Legislativo, las fracciones de oposición optaron por articular candidaturas conjuntas a escasos minutos de la elección de la presidencia, vicepresidencias, secretarías y prosecretarías.
Las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) anunciaron la conformación de un bloque opositor con el objetivo de disputar espacios en el Directorio y empujar una agenda común en áreas de interés compartido, como seguridad, educación y seguridad social.
El anuncio fue realizado por los jefes de fracción luego de que el diputado liberacionista, Álvaro Ramírez, solicitara un receso de hasta 30 minutos, periodo que aprovecharon para oficializar el acuerdo.
Abril Gordienko, diputada del PUSC, afirmó que la propuesta no es excluyente, al plantear la conformación de un “directorio basado en el equilibrio político”.
Para la presidencia legislativa, el bloque propuso a la liberacionista Diana Murillo, administradora pública y exgerenta del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
“Tenemos 26 votos; nos faltan tres”, señaló Villalta, al tiempo que hizo un llamado a la fracción oficialista.
Agenda en común
La agenda acordada por la oposición se estructura en cinco ejes: fortalecimiento de la democracia; seguridad y justicia; desarrollo social; desarrollo económico y competitividad; y transparencia, probidad y anticorrupción.
Democracia:
- Proyectos que fortalezcan y profundicen las garantías individuales fundamentales.
- Alternancia en el poder.
- Independencia de Poderes.
- Reformas al Poder Judicial deben garantizar la plena independencia de la judicatura.
- Aprobar los nombramientos correspondientes en las Salas de la Corte, especialmente en la Sala Constitucional, para garantizar su funcionamiento ininterrumpido y la tutela permanente de los derechos de los costarricenses.
- Libertad de prensa, el derecho a la información, el derecho a la libre reunión, a la manifestación pacífica y a la participación ciudadana como columnas de la democracia.
- Proyectos que fortalezcan la agenda de derechos humanos, muy especialmente los derechos de las mujeres, así como la lucha contra la violencia de género.
Seguridad y Justicia:
- Combate frontal contra el crimen organizado.
- Capitales emergentes: inmovilizar capitales de crimen organizado. Extinción de dominio.
- Mecanismos para sancionar a organizaciones criminales y agilizar el levantamiento del secreto bancario en casos de crimen organizado.
- Mayor presupuesto: OIJ, Seguridad, MP y Fuerza Pública. Más policías, más equipo, tecnología (centro de comando y control).
- Aumento de penas por portación ilegal de armas.
- Aprobación de una ley de ejecución de la pena y modernización del sistema penitenciario, con un modelo de gestión actualizado según los perfiles delictivos. Separación clara entre crimen organizado y delincuencia común.
- Procesos penales más ágiles y que garanticen que no habrá impunidad.
- Reformar y transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una para convertirla en una unidad de inteligencia estratégica civil con controles democráticos y rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa. Eliminar su carácter político.
- Cooperación internacional para combatir el crimen organizado siempre que se enmarque en los parámetros de nuestra Constitución y el respeto de nuestra soberanía.
- Recursos suficientes para la prevención, el deporte, la cultura y el fortalecimiento del tejido social y comunitario. Mejoramiento y recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la educación como estrategia para la prevención del delito.
- Reformas al sistema de justicia. Justicia pronta, reducción de la impunidad y la mora judicial. Revisar el sistema de nombramiento de las futuras magistraturas, separar la función judicial de la gestión administrativa, promover transparencia y rendición de cuentas. Todo lo anterior sin comprometer la independencia del Poder Judicial.
Desarrollo social:
- Establecer un plan de inversión gradual para avanzar hacia el mandato constitucional del 8% del PIB. Lo anterior, sujeto a la evaluación permanente, rendición de cuentas y orientado a resultados.
- Calidad (educación y docentes), cobertura y acceso permanente a la educación.
- Fortalecimiento de la carrera docente.
- Mejoras en tecnología e infraestructura.
- Reducción de las brechas entre la zona rural y urbana.
- Reducción de la brecha de género.
- Blindar los programas de equidad para el acceso a la educación y priorizar su asignación presupuestaria para evitar su congelamiento o reducción.
- Volver a la negociación quinquenal del FEES y garantizar un crecimiento en términos reales.
- Crear un sistema independiente de evaluación de calidad.
- Replantear el modelo de construcción y mantenimiento de infraestructura educativa.
- Iniciativas que fortalezcan y democraticen el deporte y la cultura en todas sus formas en todo el país.
- Defender y fortalecer la CCSS y la sostenibilidad, cobertura y calidad de sus sistemas de salud pública y de pensiones (SEM e IVM).
- Velar por que se documente y defina cuál es el monto real de la deuda del Estado con la CCSS.
- Exigir que se cumpla con el pago de la deuda para lo cual deberá establecerse un plan de pago.
- Velar porque se establezca un plan para reducir las listas de espera.
- Contribuir a resolver la emergencia por la escasez de especialistas mediante acciones como reformas graduales para cerrar la brecha entre salario global y salario compuesto, aumentar la oferta de especialistas, mejorar la proyección de demanda, entre otras.
- Fortalecer el modelo tripartito de gobernanza de la CCSS garantizando la idoneidad de los cargos de dirección.
- Impulsar reformas para garantizar precios accesibles y justos de los medicamentos.
- Abordar de manera transversal la salud mental en el sistema de salud pública y el sistema educativo.
- Evaluar la aplicación de la regla fiscal con miras a identificar mejoras que permitan resguardar y aumentar la inversión social y reducir el gasto superfluo, dentro de un marco de responsabilidad fiscal.
- Impulsar el aumento gradual del presupuesto de FODESAF.
- Impulsar reformas para la inclusión financiera de las personas que están manchadas financieramente (concepto de olvido financiero) y acceso al crédito, así como revisar la ley de usura.
- Fortalecer guardaparques bajo la rectoría del SINAC dotándoles de competencias de policía ambiental.
- Fortalecer capacidades institucionales en protección ambiental.
- Revisar proyectos alternativos para atender la crisis ambiental, de crimen organizado y de soberanía nacional en Crucitas con el objetivo de beneficiar a las comunidades locales, de proteger el ambiente y el territorio nacional. Mantener la prohibición a la minería a cielo abierto.
- Impulsar legislación para la protección de los activistas y defensores de los derechos humanos.
- Impulsar y apoyar iniciativas para fomentar el bienestar animal.
- Actualizar la legislación sobre el recurso hídrico que garantice el derecho humano al acceso al agua y el fortalecimiento a las ASADAS.
- Compromiso de combate contra todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.
- Avanzar hacia un Sistema Nacional de Cuidados y de reconocimiento de la responsabilidad social de los cuidados.
- Velar por el pleno disfrute de los derechos y la calidad de vida de la niñez, la juventud, las personas con discapacidad, la población adulta mayor, personas en condición de calle y otras poblaciones vulnerables.
- Resguardo de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.
- Impulsar legislación para la protección de los activistas y defensores de los derechos humanos.
- No se apoyarán proyectos legislativos que signifiquen retrocesos en materia de los derechos laborales, humanos y, especialmente en derechos de las mujeres.
- Velar por el respeto y el reconocimiento de los pueblos originarios y comunidades afrodescendientes.
- Garantizar todos los derechos de las poblaciones migrantes y solicitantes de refugio.
- Promover y garantizar los derechos laborales mediante el cumplimiento efectivo y actualización de la legislación, para reducir brechas salariales, mejorar condiciones de trabajo y asegurar protección social, considerando nuevas formas de empleo y el equilibrio entre las nuevas dinámicas laborales y la estabilidad.
Desarrollo económico:
- Procurar un sistema institucional que cierre las brechas entre régimen especial y régimen definitivo.
- Reforma a la Ley del BCCR para incluir como objetivo prioritario el empleo.
- Compromiso de enfrentar los retos energéticos que son: aumento de la demanda y el costo de energía mediante un modelo competitivo, accesible, verde y solidario. Deberá garantizar la soberanía energética.
- Impulsar legislación para la prohibición de exploración y explotación petrolera.
- Actualizar la legislación sobre alianzas público – privadas para garantizar la satisfacción del interés público y la competitividad del país.
- Impulso a proyectos de infraestructura prioritarios, tales como: Terminal de cruceros, Ciudad gobierno, tren de carga, ruta 32, carretera a San Carlos, Orosí II, infraestructura hospitalaria.
- Impulsar reformas a la ley de expropiaciones para agilizar el desarrollo de obra pública.
- Impulsar y apoyar iniciativas hacia un sistema de movilidad multimodal, accesible, inclusivo y que se encamine a la electrificación, con proyectos tales como: Tren eléctrico GAM, sectorización, infraestructura de recarga.
- Promover la infraestructura para la movilidad no motorizada.
- Defender e impulsar la producción nacional, fomentar la innovación y potenciar los impactos sociales y los aportes culturales positivos ligados a la actividad agropecuaria como garantía de la seguridad alimentaria.
- Fortalecer el mercado agropecuario.
- Garantizar la salud humana y la inocuidad alimentaria.
- Mejorar la accesibilidad del financiamiento para el sector agropecuario y crear una legislación de seguros agropecuarios accesibles.
- Promover una actividad agropecuaria en sinergia con el ambiente.
- Desarrollar una política y planificación territorial que se diseñe y evalúe con los territorios y las personas.
- Fortalecer el cumplimiento de los controles fitosanitarios y aplicar los mecanismos de defensa comercial establecidos en la legislación nacional.
- Impulsar con prioridad alternativas para garantizar la trazabilidad del ganado sin las afectaciones provocadas por el decreto de areteo.
Transparencia:
- Aprobar la ley para sancionar a las diputaciones que violenten el deber de probidad.
- Impulsar una legislación para regular el lobby que incluya un registro de las personas lobistas.
- Fortalecer y mejorar la legislación contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
- Impulsar la transparencia proactiva en la institucionalidad, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas bajo los principios de un Estado Abierto incluyendo la apertura de datos públicos, estándares de interoperabilidad digital y transparencia algorítmica.
- Combate frontal a la elusión y a la evasión fiscal así como a la corrupción en todas sus formas.
El acuerdo de oposición también incluyó el funcionamiento de la Asamblea Legislativa para “garantizar el ejercicio responsable y respetuoso del control político como función esencial”.
