El 2 de febrero del 2014el cantón de Talamanca reportó el abstencionismo más alto en la última elección presidencial y el sexto más elevado en la historia registrada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
En esa fecha, prácticamente la mitad de los 17.572 electores de ese municipio optaron, debido a múltiples razones, por no votar. Esa decisión tuvo un costo para el país y significa, en términos gruesos,que elcantón decidió malgastarmás de ¢12 millonesdel erario, en su solo día.
La posibilidad de que usted vote en febrero de este 2018 tiene un costo para su bolsillo y el de otros contribuyentes. El monto corresponde a¢1.459 por elector, una cifra que podríaascender en poco más deuna cuarta parte si el país decidiera ir a una segunda ronda.
Así se deriva de una estimación del costo del voto para el próximo periodo electoral, a partir de la división entre el gasto proyectado por el TSE para el domingo 4 de febrero del 2018 y el número total de electores en el padrón electoral más reciente. El cálculo del TSE no separa el costo de las elecciones presidenciales y las elecciones para los diputados del Congreso.
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El costo de su voto
Aunque, en promedio, cada votante le cuesta al TSE unos ¢1.459, ese monto puede variar entre grupos de población.
Por ejemplo, garantizar que una persona indígena tenga acceso al voto significa una inversión de más del doble de esa cifra (¢3.748, descartando el efecto de la inflación, a partir de datos de las elecciones del 2016) y representa un gasto cuatro veces mayor para el caso de quienes votan en el extranjero (¢6.773, en términos reales a partir de datos del 2014).
“En las últimas elecciones hemos logrado concretar convenios con seguridad pública, que nos prestan helicópteros, pero han existido otras elecciones donde tuvimos que buscar el alquiler de un helicóptero para poder llegar a esas comunidades (indígenas). Eso eleva mucho el costo de esos votos”, explica Héctor Fernández, director del Registro Electoral del TSE.
Para las próximas elecciones, el Tribunal presupuesta el gasto de ¢6.929millones (comparativamente, un monto levemente superioral que recibió la Defensoría de los Habitantes este 2017). Empero, la entidad estimaque terminará ejecutando unos ¢4.804millones, debido a que el presupuesto incluyelos recursos suficientespara responder a imprevistos que puedan presentarse para esa jornada electoral.
En términos reales, el presupuestoes menor al de las elecciones presidenciales anteriores, en casi ¢740 millones. El gasto proyectado aumentaría en ¢208,7 millones, pero aún se trata de una estimación preliminar.Según el órgano electoral, lacaída en el presupuesto se debe a la reutilización de recursos deelecciones previas.
Por ejemplo, en las próximas elecciones se reduciríala contratación de 70 plazas en servicios especiales y se aprovecharía un sistema de productos tecnológicos contratado desde el 2014.
“Ahora usamos muchos productos gráficosy tecnológicos que pueden reutilizarse”, explica Fernández, acerca de la reducción en lainversión.
El costo del abstencionismo
Sin embargo, tampoco esos recursos terminan siendo aprovechados a cabalidad por todos los costarricenses.
Para el próximo año, y a partir de una proyección lineal del Tribunal, se estima que un 33% de losempadronados desistirán de ira las urnas.
La cifra es muy inferior a la de otras democracias(Chile, por ejemplo, reportó un abstencionismo de un 50,64% en el 2013), pero sería la segunda proporción de abstencionistas más alta de la historia en Costa Rica, solo superada por la que se reportó en el 2006, años después de las polémicas legalesque enfrentaron expresidentesdurante la administraciónde Abel Pacheco.
Ese aumento gradual en la cantidad de abstencionistasimplica que el costo real de cada voto emitido es mucho mayor. Si descartamos a quienes desisten de sufragar, ese monto ascendería a ¢2.169.
Según los estudios más recientes del Tribunal, el abstencionismo se debe a múltiples razones.Desde 1998 el abstencionismo sobrepasa el 30%, y –en la mayoría de las ocasiones– se explica por personas que no acuden a las urnas por decisión propia, no por dificultades personales.
Eso implica varios problemas, incluida la pérdida de recursos públicos. Si se le cargara el total del gasto proyectadosolamente a los abstencionistas, entonces cada uno deberíadesembolsar ¢4.456, el equivalente atres veces el costo simple por persona.
El aumento en el abstencionismo en estas décadas – asegura el último Informe del Estado de la Nación– no se debe directamente a un descontento con la situación económica del país sino a un alejamiento de los partidos y almalestar con los políticos.
“Las elecciones del futuro cercano tendrán, probablemente, bajos niveles de participación, incluso menores que los actuales, lo que acentuará los problemas de gobernanza que vive el país”, destaca el último informe.
Hoy, tres de cada cuatro costarricenses no simpatizan con ningún partido, de acuerdo con una encuestadel Centro de Investigación y Estudios Políticos, la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) aplicada en marzo de este año.
De concretarse el abstencionismo estimado, los electores habrían desaprovechado recursos valorados en ¢1.573 millones.
