El Presupuesto Nacional que el Gobierno planteó para el ejercicio económico de 2027 contará con ¢392.840 millones menos que el monto aprobado para 2026. La reducción responde, en buena medida, a que el próximo año el Estado prevé destinar menos recursos al pago de amortizaciones de deuda.
El presupuesto pasará de ¢12,8 billones en 2026 a ¢12,4 billones en 2027, una disminución del 3,1%. En ese mismo periodo, los recursos destinados a amortizar deuda caerán un 19,9%, una reducción considerablemente mayor que la contracción del presupuesto total.
La caída en las amortizaciones, no obstante, tiene que ver con los vencimientos previstos para cada año y no con una reducción del saldo de la deuda pública.
“No quiere decir que se esté disminuyendo el montón de deuda que tenemos. Aquí lo que pasa es un tema de plazos”, afirmó el exministro de Hacienda Elian Villegas. “Lo único que está ocurriendo es que estamos posponiendo vencimientos (de la deuda) y en el futuro habrá que pagar esa deuda”.
A junio de 2026, el saldo de la deuda pública del país ascendía a ¢32,4 billones, frente a los ¢31,3 billones registrados al cierre de diciembre de 2025, de acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR). A esa obligación se suma el costo financiero de mantenerla: el presupuesto para 2027 contempla un incremento del 6,9% en los recursos destinados al pago de intereses.
La diferencia entre ambos conceptos permite entender qué ocurre con el presupuesto. Las amortizaciones corresponden al pago del principal de las obligaciones que vencen en un determinado periodo, mientras que los intereses son el costo financiero asociado a mantener esas deudas.
¿A dónde se dirigen las amortizaciones?
Las amortizaciones comprenden los recursos destinados al pago del principal de las obligaciones financieras asumidas por el Estado, entre ellas las derivadas de la colocación de títulos valores, la contratación de préstamos internos y externos, los créditos de proveedores y otras operaciones de financiamiento autorizadas por el ordenamiento jurídico.
El Ministerio de Hacienda señaló, en la presentación del presupuesto, que el comportamiento de las amortizaciones y el nivel de endeudamiento inciden directamente en la disponibilidad de recursos para financiar programas, proyectos e inversiones destinados a atender las necesidades de la población.
Para 2027, los ¢2,2 billones previstos para esta partida se concentrarán casi en su totalidad en el servicio de la deuda y las inversiones financieras, que representan un 99%. El 1% restante corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), para amortizar el préstamo suscrito con el Banco de Costa Rica (BCR) destinado a la adquisición del edificio que alberga las oficinas del Consejo de Transporte Público (CTP).
También se contempla la amortización correspondiente al contrato de préstamo suscrito entre el Consejo Nacional de Vialidad, el Ministerio de Hacienda y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Entre las asignaciones de menor cuantía, la Dirección General de Presupuesto Nacional detalló un 0,04% para la subpartida Regímenes de Pensiones, orientada al pago de la deuda del Gobierno con el BCCR derivada del traslado de cuotas del Régimen del Magisterio Nacional a la CCSS y a las operadoras de pensiones complementarias.
Otro 0,001% corresponde a la subpartida del Ministerio de Ambiente y Energía y está destinado al cumplimiento del convenio suscrito entre esa cartera, a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), para el diseño y construcción del proyecto “Olivier: generación de energías con fuentes renovables en el Parque Nacional Isla del Coco”.
Menos monto, más intereses
El descenso de las amortizaciones contrasta con el comportamiento de los intereses. Mientras los recursos destinados a pagar el principal de la deuda disminuirán un 19,9% respecto a 2026, los destinados al pago de intereses aumentarán un 6,9% en 2027.
Ese incremento llevará el gasto en intereses a representar un 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción equivalente a la que representa el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el presupuesto.
“La importancia relativa de las partidas destinadas al pago de intereses y amortización refleja los efectos acumulados de las necesidades históricas de financiamiento del Estado y constituye uno de los principales factores que determinan la rigidez presupuestaria”, señaló Hacienda en su presentación del presupuesto.
El economista Daniel Vargas recalcó que, aunque el país registra actualmente un superávit primario —ingresos menos gastos antes del pago de intereses de la deuda— de ¢513.132 millones, equivalente al 1% del PIB, ese resultado “todavía no alcanza para cubrir los intereses y las amortizaciones”.
La presión financiera también está acotada por la regla fiscal. El proyecto presupuestario se formuló bajo el escenario más restrictivo de ese mecanismo, debido a que la deuda del Gobierno Central cerró 2025 en 60,41% del PIB. Bajo esa condición, el crecimiento del gasto sujeto a la regla no puede superar el 4,08% en 2027.
El Gobierno proyecta un crecimiento inferior a ese límite: 1,80% para el gasto total sujeto a la regla fiscal y 2,16% para el gasto corriente sujeto a la regla.
Así, el menor presupuesto de 2027 no supone, por sí mismo, un menor peso de la deuda. El descenso está determinado en buena medida por el calendario de vencimientos, mientras que los intereses siguen creciendo y la regla fiscal mantiene acotado el aumento del gasto. El alivio que generan las menores amortizaciones, por tanto, no se traduce automáticamente en un mayor margen para financiar nuevas obligaciones del Estado.
