EscucharEl transporte público se enfrenta a un momento crítico en el que más de 100 rutas de buses han sido abandonadas por sus operadores, afectando especialmente a las zonas rurales.
Además, el 78% de las rutas existentes en el país no tienen la actualización de recorrido, paradas, tipo de unidad y horarios cuya aprobación compete al Consejo de Transporte Público (CTP), según concluyó la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Silvia Bolaños, presidenta de la Cámara Nacional de Transportistas (Canatrans), comentó que el sector necesita una gobernanza más integrada, ya que está “fraccionado entre la Aresep y el CTP, lo que genera duplicidad de funciones, falta de coordinación y debilidad en la toma de decisiones estratégicas”.
En medio de esta situación, cada vez más pasajeros optan —por necesidad o comodidad— por las plataformas de transporte privado. Uber, por ejemplo, ya suma un millón de usuarios tras cerca de una década de operación en el país.
“El crecimiento desmedido de servicios informales y plataformas no reguladas ha erosionado la demanda del transporte formal”, aseguró Bolaños.
Ante este panorama, El Financiero le solicitó a la Cámara las principales propuestas dirigidas a los candidatos presidenciales con miras a las Elecciones 2026. Recalcan que las decisiones deben ser técnicas, no políticas. Entre las iniciativas destacan la modernización de las flotas, la creación de un sistema de subsidios para los usuarios y mayores incentivos a la inversión.
Sistema de subsidios para los usuarios
El sector enfrenta una disyuntiva compleja: si las tarifas aumentan, disminuye la demanda; si la demanda cae —y las tarifas no suben— aumentan las pérdidas. Al final, son las tarifas las que financian salarios y operación de las líneas de autobús.
En octubre pasado, el precio de los servicios de autobús presentó una variación interanual de -1,52%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Canatrans sostiene que el sistema no debe sostenerse únicamente con ajustes tarifarios. La propuesta del sector es definir un sistema de subsidios para los usuarios y buscar mecanismos de financiamiento como el canon por congestión.
Fortalecimiento de la gobernanza
Desde Canatrans consideran que el modelo institucional actual genera duplicidad de funciones entre el CTP y la Aresep. Por esta razón solicitan una revisión profunda del modelo.
“A ello se suma que ambas entidades dependen en gran medida de los cánones que se cobran a los propios operadores de transporte, recursos que se trasladan a los costos operativos y terminan impactando las tarifas al usuario final”, sostuvo Bolaños.
El CTP ya puso en cobro las nuevas tarifas de canon anual 2026 para el transporte público. Las flotas de una a cinco unidades deberán desembolsar ¢127.350 por unidad, lo que se traduce en un incremento de ¢3.748 en relación con el valor establecido en 2025.
Para las empresas con seis a 15 unidades, el monto anual será de ¢197.999, lo que implica un aumento de ¢13.814 por unidad.
En cambio, aquellas que poseen entre 16 y 35 unidades verán una ligera reducción, pues el canon bajó de ¢244.799 a ¢244.396. Los taxis también experimentarán una rebaja: ¢2.205 menos, para fijarse en ¢80.922.
“Una gobernanza más integrada, con fuentes de financiamiento sostenibles y una visión de sistema, permitiría mayor eficiencia, equidad y capacidad de respuesta a los desafíos del sector”, dijo Bolaños.
Combatir la ilegalidad
En la corriente legislativa se encuentra el proyecto de Ley del Servicio de Transporte Privado Colaborativo (23.110), el cual pretende regular el servicio que brindan las plataformas como Uber, Didi e Indrive.
No obstante, taxistas y autobuseros se oponen, alegando que la iniciativa vulnera la sostenibilidad del transporte público. Aun así, Canatrans reconoce la necesidad de regulación, pero reclama “reglas claras”, pues consideran que el texto actual favorece al sector privado por encima del usuario.
El CTP también expresó su rechazo en diciembre pasado, asegurando que el propósito de la iniciativa es “simplemente liberalizar el transporte”.
Bolaños indicó que “el crecimiento desmedido de servicios informales y plataformas no reguladas ha erosionado la demanda del transporte formal, debilitando su sostenibilidad financiera y generando un escenario de competencia desleal”.
La Cámara insiste en que se requiere una acción estatal decidida para regular, ordenar y fiscalizar.
De forma paralela, el Gobierno impulsa el proyecto de Ley de Transporte Remunerado No Colectivo de Personas y Plataformas Digitales (23.736), que permanece detenido en la Asamblea Legislativa.
Demanda del transporte público
La Cámara reconoce que necesita recuperar la confianza de la ciudadanía para revertir la “caída sostenida de usuarios”, que según el sector se ha dado por los extensos tiempos de viaje, la falta de priorización del transporte y su modernización, la competencia desleal y la percepción negativa del servicio.
“Recuperar la confianza ciudadana requiere ofrecer un sistema seguro, accesible, puntual y de calidad, capaz de responder a las necesidades actuales de movilidad y convertirse nuevamente en la primera opción de desplazamiento para la mayoría de la población. Para ello se requiere un diseño en función del transporte masivo con carriles y vías exclusivas o prioritarias para transporte público”, explicó Bolaños.
Modernización de la flota
El sector argumentó que la modernización de las unidades debe alinearse con los objetivos nacionales e internacionales de descarbonización y sostenibilidad. Esto implica incorporar energías limpias, mejorar la infraestructura de paradas y terminales, y garantizar accesibilidad universal.
También indican que se requieren esquemas de incentivos que incluyan acceso a financiamiento competitivo, programas de renovación vehicular, mecanismos de mitigación de riesgo y una hoja de ruta clara que brinde certeza a los operadores.
Con esos cambios el sector plantea que se fortalecerá la eficiencia operativa y se mejorará la calidad de vida de los usuarios.
Asimismo, Canatrans solicita declarar de interés público y nacional la problemática del congestionamiento vial, así como todas las acciones administrativas necesarias para reestructurar, modernizar y sostener el sistema de transporte público, a fin de mejorar la movilidad de los costarricenses.
