Los arbitrajes en los que Costa Rica ha estado involucrado dejan una alerta clara: hay que mejorar el manejo de contratos en el país.

La novena y más reciente demanda que el Estado enfrenta en el Centro Internacional para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, es la presentada el 10 de febrero por la empresa canadiense Infinito Gold Ltd, la cual busca una compensación de $94 millones (¢50.478 millones) por la inversión que hizo en el proyecto minero Crucitas en San Carlos.

Antes de que se elevara este caso al Ciadi, Costa Rica ya acumulaba una lista de ocho anteriores, y tres de ellos aún pendientes de resolver, según datos proporcionados por la Cámara de Comercio Internacional (ICC). .

En los cinco que concluyeron, en uno el Tribunal se declaró incompetente, en otro se retiró el demandante, y en los otros Costa Rica tuvo que indemnizar.

Jorge Chacón, de CjA Abogados y especilista en el tema, considera que la clave en estos procesos está en un adecuado asesoramiento, control y fiscalización en los procesos previos a la aprobación de contratos, para precaver diferencias, aunque esto no significa evitar del todo reclamos, si varían o se anulan las condiciones iniciales.

Por tanto, Costa Rica no solo debe tener mejor preparación al momento de firmar contratos, sino también, en arbitraje internacional, aún más por tratarse de un país que apuesta decididamente por la apertura comercial, y exporta más de 4.500 productos a 165 países.

Preparación necesaria

Desde inicios de la década de 1990, la tendencia de prepararse mejor en arbitraje internacional ha venido creciendo a nivel mundial por la mayor apertura comercial.

Se suma el aumento de integración entre bloques económicos mediante acuerdos, lo que vuelve más necesario el dominio del tema , explicó Chacón.

Inclusive, la mayoría de Tratados de Libre Comercio (TLC) incluyen la cláusula específica sobre los arreglos mediante el arbitraje internacional.

José Rafael Fernández, presidente de la ICC, resaltó que los TLC son tan solo una herramienta que permiten hacer contratos de inversión, de ahí la importancia de revisarlos bien.

Comex se prepara

La empresa Infinito Gold Ltd presentó su demanda basada en que hay una serie de violaciones al Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y el Gobierno de Costa Rica para la Promoción y Protección de Inversiones .

Los especialistas sostienen que Costa Rica debe ir a litigar en el Ciadi en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

“El hecho de que el Tribunal Contencioso haya dado un fallo, no significa que Costa Rica no deba presentarse al Ciadi. Por el contrario, debe litigar y oponer las excepciones a la competencia o al fondo que considere oportunas”, explicó Fernández.

El Ministerio de Comercio Exterior confirmó la notificación de la corporación canadiense y aseguró que Costa Rica gestionará la contratación de los servicios jurídicos necesarios para ejercer los intereses del país.

La concesión en Crucitas fue anulada en el 2010 tras un juicio, por el Tribunal Contencioso Administrativo por vicios en los permisos autorizados por el Estado.

En este caso, luego de que la parte actora presente su demanda, el país puede interponer la defensa de falta de competencia del Tribunal, alegando que el Tratado de Protección de Inversiones con Canadá dice en el artículo XII (3)(d) que: “un inversionista podrá someter una diferencia […] a arbitraje [….] solamente si: […] ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo”.

Viejos casos perdidos

Toca esperar el resultado del litigio para ver si el Estado sale airoso o si deberá pagar de nuevo, como lo ha hecho en varias situaciones desde 1985. Tal fue el caso del “Dique Seco” por el que se tuvo que pagar a Italia $15 millones.

Otro que se elevó a arbitraje fue el caso “Santa Elena,” por el que el Estado pagó $16 millones a un inversionista estadounidense en el 2000; y “Unglaube”, que costó $4 millones dados a empresarios alemanes. Y aún están pendientes casos de Riteve ($40 millones) y Gas Z ($30 millones).

Estos casos dejan planteada una pregunta clara: ¿es necesario mejorar el manejo de contratos, para prevenir arbitrajes?

*Esta nota fue editada el lunes 24 de febrero de 2014.