Claudia Dobles pasó de ser la primera dama durante la administración 2018-2022 a aspirar a la silla presidencial a través de la nueva agrupación Coalición Agenda Ciudadana.
La candidata se ubica entre el grupo de aspirantes que supera el margen de error de la intención de voto —estimado en 3 puntos porcentuales (p.p.)—, de acuerdo con el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR). La evolución de su respaldo la llevó a escalar del cuarto lugar en diciembre al tercero en la más reciente medición.
A menos de un mes de las elecciones presidenciales de 2026, Dobles conversó con El Financiero sobre sus planes en materia de tipo de cambio, pensiones, empleo, regla fiscal, seguridad e inversión extranjera.
| Selección de entrevistados |
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| Para esta serie de entrevistas, El Financiero contactó desde diciembre de 2025 a los equipos de comunicación de campaña de los cuatro aspirantes con mayor intención de voto, según la encuesta del CIEP-UCR divulgada ese mes: Laura Fernández, Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles. Fernández no atendió a este medio. |
En el contexto de la reactivación de la economía local. ¿Qué significa crear un régimen para miPymes? ¿Cuáles son las condiciones que tendrían?
Queremos trasladar las buenas prácticas de zona franca al régimen definitivo.
Uno, queremos hacer un mapeo de los requisitos, las trabas, los permisos, y hacer una ventanilla única donde sacar permisos sea más claro.
Dos, queremos consolidar los incentivos para el emprendedurismo.
Tres, tener acceso a crédito real, que va muy de la mano con el tema de incentivos.
Cuarto, la no penalización retroactiva, por ejemplo, de esas empresas que mediante un sistema de incentivos podrían tener —ya de todas formas existe— de una manera más clara y mucho más robusta mejores incentivos. Un pago escalonado de las cargas sociales. Que cuando esas personas quieran empezar a caminar esa ruta y logren o quieran formalizarse, no haya una penalización retroactiva.
¿Cree que los trabajadores independientes deben pagar la misma cuota que el resto de los patronos?
Creo que dependiendo de la realidad del trabajador. No es lo mismo un trabajador independiente que sea una trabajadora doméstica, que otro tipo de trabajadores independientes profesionalizados.
Más bien lo que necesitamos es que el sistema logre comprender las diferencias que existen entre las diferentes personas que trabajan de manera independiente: las microempresas, las pequeñas y las medianas. No todos pueden pagar lo mismo.
¿A qué se refiere usted con hipoteca inversa para adultos mayores? ¿Este programa sería público, privado o mixto, y qué rol específico asumirían el Estado, los bancos y las aseguradoras?
Hipoteca inversa…
(La entrevista se detiene para que la candidata y su encargada de comunicación consulten al equipo sobre el contenido de la propuesta).
Básicamente es que si sos una persona adulta mayor que sos propietaria de una casa, la hipoteca inversa lo que hace es que de alguna forma se hipoteca esa propiedad que es tuya a cambio de un ingreso mensual. Muchas veces lo que pasa con nuestra población adulta mayor es que podrían tener una casita, pero no tienen liquidez.
Lo puede asumir cualquier entidad bancaria.
¿Propone poner el pleno empleo como un objetivo que se encuentre al mismo nivel del control de la inflación?
El problema que tenemos en este momento es que tenemos un Banco Central que su objetivo es el control de la inflación, lo cual ni siquiera está haciendo a nivel de sus propios objetivos. Es decir, el Banco Central está estableciendo una métrica y un objetivo de inflación y estamos por debajo de ese objetivo de inflación.
Estamos en algunos casos llegando a cero o en negativo. La gente piensa que tener una inflación así de baja es muy positivo, pero realmente lo que demuestra es que tenés una economía muy estancada y eso tiene repercusiones importantes a nivel de empleo y de generación de empleo.
Lo que nosotros estamos planteando es la posibilidad de que el Banco Central, al igual que otros bancos centrales de otros países —por ejemplo, la Fed en Estados Unidos—, puedan también tener métricas de empleo para balancear esa ecuación y tener de manera técnica y autónoma del Banco Central un tipo de cambio que no solamente busque objetivos de inflación, sino también que entienda empleo y métricas de empleo.
¿El objetivo sería que se encuentre al mismo nivel del control de la inflación?
Eso tendríamos que definirlo, pero yo creo que las dos métricas deberían tener una importancia muy similar.
¿Cuáles serían las herramientas que tendría el Banco Central para lograrlo (la meta de empleo)?
Es que tendrías que establecer esa otra métrica. El Banco Central se enfoca en mantener un objetivo de inflación sin necesariamente balancear con el impacto que eso está generando en los empleos y estamos perdiendo muchísimos empleos.
Una de las propuestas en el corto plazo sería pedirle al Banco Central una explicación de por qué no está respetando sus propios objetivos. Y empezar a balancear esos objetivos incorporando las métricas de empleo.
¿Está de acuerdo con darle más libertad al tipo de cambio o usted es afín a controlarlo más y cómo?
El Banco Central tiene que tener autonomía. Pero ciertamente el tipo de cambio debe responder a métricas establecidas de manera técnica.
El Banco Central sí controla el tipo de cambio.
¿Planea reformular o modificar de alguna manera la regla fiscal?
La regla fiscal no es un fin en sí mismo. Forma parte y formó parte de una política de saneamiento de las finanzas públicas; una reforma fiscal que justamente buscaba que el país no entrara en default, que no cayera en una crisis.
Entonces no la modificaría ni la reformularía
En esta administración se han terminado de sacar varias instituciones de regla fiscal. Es decir, ya la regla fiscal de todas formas ha disminuido su impacto considerablemente.
Usted propone salir del FLAR. Eso nos expone a ciertos riesgos como una menor capacidad del BCCR para responder a choques externos, ¿cómo los enfrentaría sin esa cobertura?
Esa cobertura la hemos tenido con otras organizaciones.
Es decir, de los 400 millones (de dólares) que nosotros tenemos de capitalización en el FLAR, de todas formas, no están dentro de Hacienda. En el caso de que Costa Rica requiera un apoyo, no hemos recurrido anteriormente a mecanismos como el FLAR, de hecho hemos recurrido al Fondo Monetario Internacional.
Y hay otro montón de mecanismos de los cuales Costa Rica puede echar mano en el caso de que se necesite.
Usted habla de renegociar la deuda y reducir el pago de intereses asociado a disciplina fiscal y otros cumplimientos, pero tampoco llegaremos a que nos cobren una tasa de 0%. ¿No le parece que esa estrategia la han ejecutado los últimos gobiernos y se ha sacrificado inversión social?
No. Más bien parte del problema de tener que sacrificar inversión social es que mucho del dinero que tiene el Estado se nos va en pagar el servicio de la deuda.
Una de las estrategias, y lo más importante que se hizo también en la administración pasada, es poder generar disciplina y mejora fiscal para poder negociar un mejor servicio de la deuda.
Una administración o una política fiscal que es responsable tiene mayor margen de tener un mejor servicio de la deuda y negociar mejor esa deuda. Y todo lo que nosotros reduzcamos en intereses, lo podemos invertir más bien en generar inversión social.
En materia de seguridad su plan de gobierno habla de aumentar plazas. ¿Usted calculó cuánto cuesta para el Estado todo ese crecimiento y de dónde va a obtener el financiamiento?
Un mecanismo muy potente de combate a la elusión y a la evasión es Hacienda Digital. Una implementación al 100% de Hacienda Digital, desde el punto de vista más conservador, estaríamos hablando de una mejora del 0,5% a 0,75% del PIB, eso es un montón de plata.
Hemos considerado la relación deuda-PIB, el crecimiento económico mediante, por ejemplo, poner a trabajar y a ejecutar carteras de inversión en obra pública que en algunos casos ya tenían financiamientos establecidos, nada más que no se han ejecutado.
Me mencionó las herramientas para financiar su propuesta de seguridad, pero si lo vemos en monto, ¿en cuánto lo podemos traducir?
En 0,60% del PIB para seguridad de forma anual, lo que equivale a ¢300.000 millones por año.
Usted habla que el fortalecimiento a nuestras fuerzas que luchan contra el narco y el crimen organizado vendría financiado por una mejora en la recaudación fiscal y lucha contra la elusión y evasión. ¿Cuál es el plan B si ese plan falla o no llega a la meta que calcula?
Es progresivo (el plan), entonces la idea es que se vaya año a año. Se trabaja de esa forma porque de esa forma es que se van generando también las proyecciones de presupuesto.
Por supuesto que cada año se tiene que ir revisando bajo el entendido de que el aumento que nosotros tengamos y el margen que nosotros tengamos a nivel presupuestario va a ir priorizándose en educación y en seguridad de manera proporcional a los porcentajes que nosotros ya establecimos.
¿Cómo se garantiza que una inyección única de $563 millones al IVM no se diluya en pocos años si no se corrigen los desequilibrios estructurales del régimen?
Justamente no lo podés garantizar. Lo que necesitás es que esta inyección, que en efecto lo que te va a dar es oxígeno para algunos años, sea lo que te permita darle margen a los cambios estructurales que nosotros necesitamos en el régimen de pensiones.
Lo que no puede pasar es que se le meta una inyección al régimen de pensiones, esa inyección te va a durar equis cantidad de tiempo. Eso lo que te permite es tener la posibilidad de reestructurar el sistema, generar las condiciones de crecimiento económico y poder terminar de reestructurar el régimen mipymes que nos vaya a permitir un buen porcentaje de personas en la formalidad y poder aumentar la base contributiva.
Lo más importante para poder darle sostenibilidad al régimen de pensiones es una economía creciente que genera empleo digno y de calidad.
¿Cuál es el costo fiscal acumulado de sumar 30.000 nuevas pensiones no contributivas y elevar su monto hasta ¢100.000 mensuales, y con qué fuente permanente de financiamiento se cubrirá?
Eso responde realmente a la cantidad de personas que en este momento están en una lista de espera, que han metido su documentación y que se les ha aprobado una pensión de régimen no contributivo. Es decir, son personas que ya están aprobadas y que están en lista de espera.
Eso se cubre con presupuesto nacional y está calculado. En este momento el régimen no contributivo está aproximadamente en ¢82.000. Nosotros lo que estamos planteándonos es de manera progresiva aumentarlo y cerrarlo en ¢100.000, porque la realidad es que el monto es mínimo, entonces sí necesita también un aumento.
Eso sale del presupuesto nacional y realmente no es un quiebre significativo para el presupuesto nacional, es una inversión.
Si se descarta aumentar la edad de retiro para el IVM, ¿qué parámetros específicos están dispuestos a modificar para generar cambios estructurales o evitar que el IVM colapse en pocos años?
Nosotros creemos que la manera de darle sostenibilidad al régimen es poder generar un crecimiento económico sostenido, una generación de empleo digna y que logre formalizarse.
(Necesitamos) un dinamismo en el régimen definitivo y eso solamente se va a lograr generando inversión en obra pública, generando conectividad, generando desarrollo de talento humano, haciendo una estrategia de educación pública que genere las habilidades y las capacidades que necesitamos para la empleabilidad de los jóvenes que están ingresando al sistema el día de hoy. Si esas cosas no suceden, vamos a ser un país que pierde competitividad y cuando empezás a perder competitividad, perdés inversión, perdés empleo y crece la informalidad.
¿Cómo piensa mejorar los rendimientos del ROP?
Con algunos mecanismos que hemos hablado con diferentes operadoras de pensiones. Una de las posibilidades es que las operadoras puedan invertir en obra pública. Este tipo de proyectos: le genera liquidez y financiamiento para que se pueda ejecutar más obra pública; esa obra pública bien estructurada garantiza rendimientos mejores a esos fondos de pensiones.
¿Y no es un poco riesgoso ese tema de obra pública?
Es riesgoso si los proyectos no están bien estructurados. Nosotros vamos a transicionar la Comisión Nacional de Concesiones en una agencia que pueda generar, estructurar y planificar obra pública de calidad que va más allá de carreteras.
¿Qué costo tendría crear y quién operaría el sistema paralelo de evaluación externa de los procesos de aprendizaje?
El Ministerio de Educación tiene que generar sus métricas, su plan de educación. Pero esa evaluación no debería estar dentro del ministerio, debería ser un ente independiente para garantizar que sea una evaluación técnica, no bajo una visión punitiva, sino que podamos ver de eso que se está planteando, en dónde se logró, en dónde no se logró y cuáles son las debilidades.
Nosotros pensamos que una posibilidad podría ser que ese ente evaluador técnico pudiera estar bajo el amparo de Conare.
¿Qué costo tendría?
Eso es un ente técnico que de todas formas ya existe. Lo que se necesita es sacarlo del Ministerio de Educación y trasladarlo a una entidad autónoma. Ese tema de costos es absolutamente marginal porque de todas formas ya existe un esquema de evaluación.
¿Pretende restablecer la tríada con Cinde en materia de comercio exterior?
Teníamos un banquito de tres patas que era sólido y ahora lo que tenemos es uno de dos.
Si esto fuera un partido de fútbol usted pone a sus mejores jugadores, porque la competencia que tiene enfrente es buena. Si usted tiene un muy buen jugador, ¿por qué lo banquea? ¿Cuál es el beneficio para Costa Rica de que hayamos sacado a Cinde de esa ecuación?
La tríada originalmente nos funcionaba muy bien porque en principio se complementan, no compiten. Creo que definitivamente tenemos que reincorporar a Cinde en la ecuación.
