EscucharLa comisión legislativa especial que analizó el caso BCIE, una investigación penal en curso que involucra al presidente de la República, Rodrigo Chaves, recomendará a la Asamblea Legislativa el levantamiento de la inmunidad del mandatario.
Dos de tres diputados, Andrea Álvarez y Rocío Alfaro, están a favor de recomendar el levantamiento. Daniel Vargas, diputado oficialista, se pronunció en contra.
Los legisladores presentarán sus informes sobre el caso el lunes.
¿Qué es el caso BCIE?
El caso BCIE, también conocido mediáticamente como “caso Bulgarelli” o “caso Cariñitos”, es una investigación penal en curso en Costa Rica que involucra al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y a su asesor y amigo cercano, Federico “Choreco” Cruz Saravanja, por el presunto delito de concusión. La trama gira en torno a un contrato de servicios de comunicación financiado con una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República, se centra en las aparentes irregularidades en la contratación de la empresa RMC La Productora S.A., propiedad del productor audiovisual Christian Bulgarelli, por un monto de $405.800. Los fondos provenían de una cooperación no reembolsable otorgada por el BCIE al gobierno de Costa Rica para fortalecer su estrategia de comunicación.
El núcleo de la acusación sostiene que altos funcionarios del gobierno, incluyendo al propio presidente Chaves, habrían inducido o exigido a Bulgarelli que, una vez adjudicado el contrato, desviara parte de los fondos para beneficiar a terceros, específicamente a Federico “Choreco” Cruz.
Según ha trascendido en la investigación, que se apoya en audios y la declaración de Bulgarelli como testigo de la corona, el propio empresario habría redactado los términos de referencia del concurso para asegurarse de ser el adjudicatario, supuestamente con el conocimiento y la anuencia de la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, y del jefe de despacho presidencial, Jorge Rodríguez (actual ministro de Cultura).
Uno de los puntos más mediáticos del caso surge de una serie de audios en los que se escucha al presidente Chaves hablar de tener “antojos” y querer “chineos” y “cariñitos” con los recursos del contrato, frases que han dado uno de los nombres populares al caso.
Federico “Choreco” Cruz, una figura cercana al presidente Chaves desde la campaña electoral, es señalado en la investigación por haberse beneficiado directamente de los fondos del BCIE. Concretamente, se alega que Christian Bulgarelli depositó $32,000 en la cuenta de la propietaria de una vivienda para que “Choreco” pudiera alquilarla, presuntamente por solicitud del círculo presidencial. A raíz de esto, la Fiscalía también investiga a Cruz por el presunto delito de legitimación de capitales.
Estado actual del caso
La Fiscalía General presentó una acusación formal por el presunto delito de concusión contra el presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez. Debido a la investidura del mandatario, la Corte Suprema de Justicia solicitó a la Asamblea Legislativa el levantamiento de su inmunidad para que pueda enfrentar la causa penal. La decisión final sobre si se le retira o no el fuero presidencial recae en los diputados.
El caso ha generado un intenso debate político y jurídico en el país, con el presidente Chaves defendiendo su inocencia y calificando la investigación como una “persecución política”.
Mientras tanto, la investigación continúa su curso, a la espera de las decisiones legislativas y judiciales que definirán el futuro de este sonado caso de presunta corrupción.
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Defensa de Chaves
Rodrigo Chaves se refirió por primera vez a la acusación del fiscal general, Carlo Díaz, el 9 de abril. Se adujo que el proceso es persecución política y se rebajó importancia a las acusaciones.
“Los filibusteros que han gobernado esta patria por los 75 años recientes no sé si querrán fusilarme, pero quieren callarme, amordazarme, amedrentarme, encarcelarme”, aseveró Chaves ante un grupo de seguidores reunidos en el parque de Atenas.
El abogado del presidente, José Miguel Villalobos, también ha tachado la acusación como un “disparate” que no se sostiene.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.
