“Los chinos están vendiendo, y otros comercios también, cigarros a ¢1.000 contrabandeados cuando la contraparte vale ¢2.500 y ¢3.000”, dijo en conferencia de prensa el expresidente de la República y actual ministro de Hacienda y la Presidencia, Rodrigo Chaves.
Las declaraciones se dieron en medio del discurso del Gobierno de reforzar la recaudación fiscal mediante una ofensiva contra prácticas ilícitas que afectan los ingresos del Estado, entre ellas el contrabando y la evasión tributaria. Ambas actividades representan una fuga millonaria de recursos y, al mismo tiempo, generan una competencia desigual para los comercios que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
El contrabando comprende el ingreso, distribución o comercialización de productos que evaden el pago de impuestos y controles aduaneros. Aunque suele asociarse principalmente con cigarrillos y licor, el fenómeno abarca una lista mucho más amplia de mercancías de consumo cotidiano y alto valor económico.
Entre los productos que con mayor frecuencia ingresan al país de manera irregular se encuentran alimentos, medicamentos, artículos de higiene personal, dispositivos electrónicos, línea blanca e incluso vehículos, según detalla el informe Caracterización del Contrabando elaborado por la Policía de Control Fiscal (PCF).
La lógica detrás de este mercado ilícito es sencilla: al evitar impuestos, controles sanitarios y costos regulatorios, los productos pueden ofrecerse a precios mucho más bajos que los legales. Esa diferencia termina incentivando el consumo y ampliando las redes de distribución informal dentro del país.
Los datos más actualizados del Ministerio de Hacienda en relación con el monto evadido por contrabando se refieren específicamente a los cigarrillos en 2023, donde se calculó que en ese año la evasión a través de dicho producto fue de ¢21.829 millones.
Ante este panorama, el ahora ministro anunció esta semana que Hacienda utilizará las tecnologías desarrolladas por el Mossad, la agencia de inteligenciade Israel, aunque no dio más detalles porque la información completa la presentarán en los próximos días.
Estructuras de contrabando
Detrás del contrabando no solo hay mercancía entrando de forma ilegal al país. En muchos casos, las autoridades identifican estructuras criminales transnacionales que operan para burlar controles aduaneros y mover productos sin dejar rastro fiscal. Según la PCF, estas redes también suelen estar ligadas a otros delitos, como lavado de dinero, afectaciones a la salud pública e incluso casos de corrupción con participación de funcionarios.
Semanas atrás, Chaves aseguró que entre el 40% y el 50% del licor consumido en el país sería de contrabando. En esa misma línea, Hacienda decomisó recientemente cerca de 65.000 unidades de licor —entre whisky, cerveza, ron, sidra y vodka— durante operativos realizados en bodegas y comercios ubicados en Grecia, Heredia y Guadalupe.
El Índice Global de Crimen Organizado 2025 también advirtió que el contrabando de cigarrillos y alcohol continúa ampliamente extendido en Costa Rica y señaló que “hay más de 100 puntos de venta al por menor en San José”.
En algunos casos, además del ingreso irregular de mercancías, las autoridades presumen evasión de impuestos por parte de comerciantes que no cuentan con permisos de importación o carecen de documentos que respalden la compra y comercialización de estos productos dentro del país.
En un intento por cerrar el paso a estas redes, el Servicio Nacional de Aduanas reforzó desde el 15 de junio los operativos en la Aduana Santamaría. El foco está puesto sobre las mercancías que ingresan al país mediante courier o entregas rápidas, una vía que ha ganado protagonismo en el movimiento de productos de procedencia irregular.
La vigilancia también se extendió a los artículos importados para negocios tipo outlet. Según las autoridades, parte de esta mercadería estaría entrando sin cumplir requisitos sanitarios ni controles normativos, lo que no solo golpea al comercio formal, sino que además enciende alertas por posibles riesgos para la salud de los consumidores.
El peso económico del problema ya se siente a escala nacional. El Observatorio de Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio calcula que el contrabando y el comercio ilegal equivalen a cerca del 2,6% del Producto Interno Bruto (PIB).
Contrabando en cifras
Las dimensiones del fenómeno también quedan reflejadas en los decomisos realizados por las autoridades durante los últimos años. Según la Caracterización del Contrabando 2023, elaborada por la PCF, los cigarrillos y habanos encabezaron en 2022 la lista de mercancías más decomisadas, con un total de 59.304.669 unidades. Les siguieron enlatados, alimentos y otros productos, con 1.800.423 artículos decomisados.
La provincia con más decomisos de cigarrillos fue Limón, con 31.144.642 unidades. En Alajuela, por otra parte, se registró la mayor incautación de alimentos y cosméticos, con 828.520 y 1.377.145 unidades, respectivamente.
Puntarenas lideró los decomisos de licor, con un total de 419.130 unidades, mientras que Heredia encabezó las incautaciones de textiles, con 143.664 artículos.
El negocio ilegal de los cigarrillos también le pasa una factura millonaria al Estado. Solo en 2023, los impuestos vinculados al tabaco —entre el específico, ventas y selectivo de consumo— dejaron ingresos por ¢58.682 millones. Sin embargo, buena parte de esa recaudación se pierde por el ingreso clandestino de producto ilegal al país.
Las estimaciones de Hacienda apuntan a que alrededor de 382 millones de cigarrillos entran cada año por vías ilícitas. Traducido a dinero, eso representa más de ¢21.829 millones que el Estado deja de percibir, además de unos 19 millones de paquetes que terminan circulando fuera de cualquier control tributario o sanitario.
El impacto va más allá de los números. Menos ingresos también significa menos recursos disponibles para financiar programas públicos, entre ellos iniciativas de salud y control del tabaquismo, mientras el mercado ilegal continúa creciendo impulsado por precios mucho más bajos que los del comercio formal.
Aunque todavía no existen cifras más recientes sobre el tamaño actual del contrabando y Hacienda no respondió las consultas de este medio al cierre de edición, informes internacionales advierten que Costa Rica intenta contener el avance de estas redes mediante nuevas herramientas de control fronterizo.
Entre ellas figura el Centro de Control Integrado (CCI) y el Programa de Integración Fronteriza, iniciativas con las que el país busca modernizar aduanas, reforzar la vigilancia y seguirle el paso a estructuras criminales cada vez más sofisticadas. El reto, sin embargo, sigue siendo grande: mientras exista demanda por productos más baratos, el mercado ilegal continuará encontrando espacio para crecer.
