Escuchar
La intención del Poder Ejecutivo de eliminar a la mayoría de las juntas directivas de las instituciones autónomas comienza a cosechar oposición, principalmente en sectores que se resisten a perder presencia y poder.
El proyecto de ley para mejorar el funcionamiento de las instituciones del sector público plantea eliminar todas las juntas, excepto las de la CCSS, bancos del Estado, INS, Aresep, municipalidades y universidades públicas.
En esas juntas que quedarían, la propuesta es reducir el grupo de siete a cinco miembros.
Las que desaparecen serían sustituidas por un jerarca nombrado por Zapote, apoyado solo de un consejo consultivo. Entre las afectadas estarían las del INVU, ICE, AyA, IMAS y Conavi.
El Ejecutivo justifica esta propuesta para quitar trabas que ahogan proyectos y decisiones de la Administración.
Sin embargo, aunque los sectores apenas están conociendo el documento ya se manifiestan en contra de perder representación y poder en las entidades autónomas donde participan y le achacan al Ejecutivo que lo que pretende es concentrar poder.
EF hablo con cooperativistas y taxistas que se oponen. Otros sectores que participan en juntas son los pescadores, agricultores y los pequeños empresarios.
“Es un tema que en primera instancia nos afecta, nos limita mucho. Nosotros representamos a la parte productiva y agroexportadora del país y llegamos donde no llega ni el Estado. Un proyecto así, nos relega de ser actores fundamentales del desarrollo del país”, dijo Jesús Villalobos, director del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).
El Conacoop tiene representación en la CCSS, en el CNP, el INA, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riesgo y Avenamiento (Senara) y el PIMA.
Además, de los siete miembros que conforman la junta directiva del Infocoop, cuatro son de ellos.
En el caso de los taxistas, tienen un representante en la junta directiva del Consejo de Transporte Público (CTP).
Para el gerente de Fenacootaxi, Edwin Barboza, aunque sean siempre minoría en las juntas directivas, dan un balance a la hora de tomar decisiones.
“No estamos de acuerdo con el proyecto, lo que quieren es fortalecer una figura unipersonal que sea el que tome decisiones absolutas, eso es muy riesgoso”, dijo.
El dirigente gremial destacó que el hecho de que la sociedad civil defienda posiciones del pueblo le incomoda a algunos políticos.
Aunque el Ejecutivo respalda el texto, el jefe de fracción verdiblanca, Edgardo Araya, asegura que la receta no debería aplicársele a todas las instituciones.
“Estamos en la etapa de audiencias y vamos a ver las distintas posiciones. Creo que va a durar mucho en discutirse. El expediente es complejo, debería discutirse por separado”.
Decisión política
Eliminar las juntas directivas de las autónomas fue una de las propuestas de los Notables.
Ellos recomendaron a la presidenta Laura Chinchilla que al eliminarlas, en su lugar quedara como órgano jerárquico el presidente ejecutivo con las gerencias necesarias para la ejecución de las políticas adoptadas.
La propuesta fue adoptada por la mandataria y planteada en un proyecto de ley que, además, pretende reformar la Ley Orgánica de la Contraloría General, la de la Procuraduría, así como la Ley de Contratación Administrativa y la de Expropiaciones.
También se prevén reformas que le permitan al Poder Ejecutivo reorganizar competencias de los órganos de los diferentes ministerios.
El texto está siendo analizado en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.
Prudencia en Asamblea
La diputada liberacionista Xinia Espinoza, quien coordina la subcomisión que lo analiza, reconoció que el tema es complejo, por lo que se debe ver con cuidado.
“Estoy siendo muy responsable con el análisis. Estamos recibiendo en la comisión a todos los sectores para tratar de tener elementos que nos permitan dictaminar el proyecto. Hay cosas que ocupan bisturí, pero eso no puede ser debilitar el tema de control”.
La jefa de fracción del PAC, Carmen Muñoz, recordó que su partido ha planteado la necesidad de ver este tema y eliminar los nombramientos políticos que se hacen en algunas juntas.
“Muchas veces hay gente en esas juntas que no sabe ni siquiera del tema. Hay que analizarlo institución por institución para ver, pero está muy complicada la Asamblea, hay problemas de diálogo y poca fluidez”, señaló.
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, coincide con ella y explicó que donde sí se justifica la eliminación es en los órganos desconcentrados como el Cosevi, Conavi e Incopesca, porque “tienen integrantes que impiden la fiscalización”.
Lo que sí le preocupa a Villalta es meterle mano a la junta de entidades como el ICE.
“Ahí, más que eliminar las juntas, es reformular su integración. Quitar criterios políticos, poner directores con un perfil más técnico”, dijo.
La viabilidad o no de este proyecto de ley se verá conforme las fracciones discutan cada uno de los puntos. En contra tienen la complejidad del expediente y un año electoral que marca la pauta en Cuesta de Moras.
Propuestas del proyecto
Juntas directivas
Se eliminan en la mayoría de las instituciones autónomas, con excepción de la CCSS, bancos del Estado, INS y Aresep, municipalidades y universidades públicas. Esas juntas serán sustituidas por un jerarca unipersonal que contará con un consejo consultivo. Las juntas que se mantienen serán reducidas a cinco miembros, a partir de junio del 2014 y se propone un mecanismo de nombramiento alternativo.
Ley Orgánica de la Contraloría y Procuraduría
Se propone reformarlas para establecer reglas claras en cuanto al alcance de sus dictámenes y pronunciamientos y mejorar relaciones entre órganos públicos sin debilitar las atribuciones de control ni la independencia.
Ley Contratación Administrativa
Se pretende reformas que simplifiquen los procedimientos en aspectos críticos y que generan retrasos a los procesos de contratación pública, como reglas de subsanación de ofertas para evitar impugnaciones formales que atrasan los procedimientos.
Ley de Expropiaciones
Se proponen modificaciones para simplificar los trámites expropiatorios y reducir los atrasos que se dan en el desarrollo de proyectos de infraestructura pública. Los cambios propuestos son producto de la experiencia de las instancias competentes del MOPT.
Mejora regulatoria
Se proponen cambios pues se han identificado algunas reformas puntuales a la Ley General de Salud, a la Ley de Contratación Administrativa, y a Ley Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional. Según el proyecto, la idea es contribuir a mejorar la relación del administrado en sus trámites con la Administración.
Poder Ejecutivo
Se plantean reformas que le permitan al Poder Ejecutivo reorganizar y reasignar, mediante decreto ejecutivo, las funciones y competencias hasta ahora atribuidas por ley a los órganos que componen los diferentes ministerios.
Consejo Económico y Social
El proyecto plantea la creación de este órgano consultivo, conformado por representantes de organizaciones sociales y entidades representativas de intereses de carácter general y corporativo, que asesorará al Poder Ejecutivo en materia económica y social.
Fuente Proyecto de ley 18.732.
