Costa Rica continúa a la espera de una respuesta por parte del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) ante la solicitud de frenar el aumento del arancel que, salvo un giro de última hora, entró en vigor desde el 7 de agosto, elevándose del 10% al 15%.
La noticia del incremento tomó por sorpresa al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), según admitió la propia institución. El desconcierto se explica porque ya se habían llevado a cabo dos rondas de negociación entre ambos países, con el objetivo de mantener el gravamen en 0%.
“Al día de hoy, las autoridades del gobierno de los Estados Unidos no han brindado una respuesta a la solicitud enviada por Costa Rica el pasado 1 de agosto, mediante la cual se planteó la necesidad de establecer una pausa a la entrada en vigor del arancel del 15 %. Esta solicitud fue considerada fundamental, dado que las negociaciones se mantienen en curso”, indicó Comex a EF.
Poco —o nada— se conoce sobre las condiciones que ambos países discutieron en la mesa de negociación. Lo que sí resulta evidente es que el propósito de Costa Rica no se cumplió: en lugar de una rebaja, recibió un incremento que dejará al país con el segundo arancel más alto entre los países centroamericanos, solo por debajo de Nicaragua (18%).
Leiner Vargas, catedrático del Centro Internacional en Política Económica (Cinpe), aseguró que el aumento en el arancel hace que Costa Rica sea el “hazme reír de las delegaciones centroamericanas en Washington” porque el país se reunió con la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), pero le fue peor.
Mientras la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica (Crecex) insiste en mantener la calma y el respaldo al proceso de negociación, no todos comparten ese nivel de confianza. Carolina Palma, experta en comercio internacional de la firma EY, señala que el país se encuentra en una carrera contrarreloj para revertir el aumento y restablecer el arancel cero.
Lo dicho por Palma no es un comentario antojadizo, ya que el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, declaró el fin de semana pasado a la cadena de televisión CBS que los nuevos aranceles son “prácticamente definitivos”.
Un camino enlodado
Desde que la Casa Blanca anunció la nueva medida comercial, Costa Rica aseguró que iba a negociar el arancel. De hecho, la delegación de Comex se reunió en dos ocasiones con la USTR, en mayo y junio pasado.
Ninguna de las dos naciones detalló qué estaban dispuestos a ceder para llegar a un acuerdo. Sin embargo, la USTR indicó las seis áreas de dolor que incentivaron el gravamen inicial del 10% sobre el país:
- Impuesto selectivo de consumo a las bebidas alcohólicas: Costa Rica aplica la tasa más alta a las bebidas que tienen más de un 30% de alcohol por volumen; la mayoría de estos productos de origen estadounidense sobrepasan ese porcentaje.
- Mercado de papas: las barreras fitosanitarias cerraron el mercado costarricense a la papa de EE. UU. desde el 2013, y solamente ingresan subproductos como los snacks. Solicitan la reapertura del mercado.
- Trámites fitosanitarios: la Casa Blanca reclama que el Ministerio de Agricultura (MAG) retrasa ocasionalmente “la emisión de permisos fitosanitarios de importación para productos sensibles durante períodos específicos”.
- Productos de origen animal: la regulación costarricense exige información que consideran irrelevante y que retrasa el ingreso a Costa Rica.
- Licitaciones públicas: las empresas privadas de EE. UU. reclaman que se encuentran en desventaja en estos procesos al competir con empresas estatales costarricenses.
- Registro de Propiedad Intelectual: Washington solicita que se publique el informe sobre el uso de software sin licencia por parte del gobierno de Costa Rica. La USTR indicó que “sigue instando a Costa Rica a reforzar la aplicación de la propiedad intelectual para frenar la piratería en línea, abordar los engorrosos procesos de medidas fronterizas para disuadir los productos falsificados y pirateados, y utilizar eficazmente la autoridad de oficio para la aplicación de la ley fronteriza”.
El primer anuncio del arancel —en ese entonces de un 10%, en abril— fue un baldazo de agua fría. Semanas antes, Costa Rica había recibido al secretario de Estado, Marco Rubio, en medio de declaraciones públicas cargadas de cordialidad con el presidente Rodrigo Chaves.
Poco después, el país aceptó a 200 migrantes asiáticos ilegales provenientes de EE.UU. Chaves justificó su llegada aludiendo a que Costa Rica es un “colaborador cercano” de Washington. ¿Se trató de un gesto calculado para congraciarse con la administración Trump? No se sabe, pero si lo fue, no tuvo éxito.
Lo que sí dijo Chaves sobre este tema es que “amor con amor se paga, entonces vienen 200, los tratamos bien y se van”. El problema es que no se pagó con “amor”, por lo menos no arancelario, y el punto de los “tratamos bien” tampoco se cumplió: un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) —en conjunto con otras dos ONG— denunció aparentes violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno de Costa Rica en contra de las personas migrantes expulsadas por Estados Unidos.
Algunos de estos extranjeros continúan en suelo nacional tras una resolución de la Sala Constitucional que ordenó su liberación del Centro de Atención Temporal para Migrantes y solicitantes de refugio (Catem) en junio pasado.
Ninguna de estas acciones logró frenar el curso de la política comercial estadounidense. El nuevo gravamen del 15% representa un obstáculo mayor para la ruta de negociación que estaba trazando Comex.
“La negociación es compleja y aún está en curso”, dijo Manuel Tovar, ministro de Comex. El arancel responde a un superávit comercial que Costa Rica mantiene con el país nortamericano.
De acuerdo con Vargas, la razón que dio Washington sobre el superávit comercial se debe a que consideran que Costa Rica se está enriqueciendo a costa de EE. UU. “Son argumentos que no caben en una negociación multilateral”, dijo.
Una necesidad comercial
La balanza comercial de Costa Rica se sostiene principalmente en las exportaciones que se envían hacia suelo estadounidense. Tan solo en el 2024 el 47% de los envíos de mercancías se dirigió hacia EE. UU.
Asimismo, la tasa promedio de crecimiento de las exportaciones durante los últimos cinco años fue de un 17%. Esto hace que las autoridades costarricenses vean como una necesidad la eliminación del arancel punitivo y que únicamente exista el impuesto del 0% que se acordó dentro del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA) desde 2009.
Tovar indicó a EF meses atrás que el objetivo es restablecer las condiciones de acceso que tenía el país antes del primer anuncio del arancel del 10%. Si bien el ministro había dicho que el proceso de negociación lo tomaban con cautela, lo cierto es que el nuevo gravamen del 15% fue un baldazo de agua fría que demostró que las intenciones no son equivalentes a los hechos.
La dependencia del comercio exterior en un solo mercado demostró la vulnerabilidad de la balanza comercial costarricense. La diversificación de destinos empieza a convertirse en una necesidad del sector, algo en lo que ya está trabajando la atracción de inversión extranjera directa (IED) para no centralizar todas las negociaciones en una misma canasta.
En esa misma línea, el Gobierno firmó acuerdos con Ecuador y los Emiratos Árabes Unidos y avanza en tratados con Israel y el Acuerdo Transpacífico; estos convenios abren nuevos destinos para las exportaciones.
“Lo que se puede proyectar es que la situación arancelaria no va a cambiar”, dijo Vargas, quien enfatizó en que el 15% del gravamen significa una pérdida neta de competitividad.
Es la competitividad del país la que se ve en juego frente a México que bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) tiene un arancel congelado de 0% para dispositivos médicos, sector en el que Costa Rica compite directamente con los mexicanos y que es la industria que mueve las exportaciones nacionales.
Y mientras Costa Rica enfrenta un 15%, otros socios del DR-CAFTA —como Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana— se mantienen en un 10%. Este último país, además, es un competidor directo en el mercado de dispositivos médicos, lo que aumenta la presión sobre las autoridades nacionales.
“El escenario que enfrentamos como sector exportador y como país ante este aumento del arancel sumado a otros retos de competitividad como: el tipo de cambio; la falta de modernización en materia laboral; la armonización energética; grilletes a la facilitación del comercio (...) pueden llegar a comprometer la permanencia de empresas, la disminución en IED y la potencial pérdida de empleo” dijo Víctor Pérez, presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco).
El nuevo escenario consolida ventajas para los países vecinos y agrava el rezago costarricense, que todavía aguarda una definición de Washington. Sin avances inmediatos, la pérdida de competitividad podría trasladarse rápidamente a las estadísticas de exportación.
