Costa Rica registró un nuevo retroceso en el Índice de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), al descender del puesto 36 al 38 en el informe 2026 publicado esta semana. El deterioro marca la continuidad de una tendencia que ha caracterizado los últimos años de la administración de Rodrigo Chaves.
El descenso resulta particularmente significativo cuando se contrasta con la posición que Costa Rica ocupaba en 2022: el puesto 8 mundial. En solo cuatro años, el país ha perdido 28 posiciones en uno de los indicadores más importantes para evaluar el estado de la democracia y la calidad institucional.
La trayectoria descendente ha sido ininterrumpida: 23 en 2023, 26 en 2024, 36 en 2025, y ahora 38 en 2026. Este patrón revela un problema estructural que va más allá de fluctuaciones coyunturales, sugiriendo cambios profundos en el entorno para el ejercicio del periodismo independiente.
Gobierno y su trato a medios críticos
Según el análisis de RSF, el deterioro está directamente vinculado a la actitud de confrontación que ha caracterizado la relación entre el gobierno de Chaves y los medios de comunicación críticos. El informe documenta ataques verbales constantes del Ejecutivo hacia periodistas y medios que cuestionan las políticas gubernamentales.
A estos enfrentamientos retóricos se suma un obstáculo creciente: la restricción al acceso a la información pública, un elemento fundamental para el ejercicio del periodismo investigativo y la rendición de cuentas institucional.
Más allá de la dimensión política, RSF identifica factores económicos que erosionan la independencia editorial. La presión financiera sobre medios tradicionales ha acelerado procesos de concentración de propiedad, situación que limita el pluralismo informativo y reduce la diversidad de voces en el espacio público, indica el informe.
Estos desafíos económicos estructurales se combinan con decisiones editoriales condicionadas por intereses comerciales, creando un escenario donde los medios pequeños e independientes enfrentan obstáculos cada vez mayores para competir, añaden los especialistas.
Protecciones legales que persisten
A pesar del panorama preocupante, RSF reconoce que Costa Rica mantiene fortalezas institucionales que la distinguen en la región. El ordenamiento legal protege la confidencialidad de fuentes periodísticas, y el Poder Judicial continúa ejerciendo funciones de contrapeso frente a eventuales abusos del Ejecutivo.
Estas garantías constitucionales representan un dique de contención importante, aunque insuficiente para revertir la tendencia de deterioro documentada en los últimos cuatro años.
Pese al retroceso, Costa Rica mantiene una posición privilegiada en comparación con otros países latinoamericanos. RSF subraya que, a diferencia de naciones vecinas, Costa Rica no registra encarcelamientos de periodistas, amenazas físicas sistemáticas ni vigilancia estatal coordinada contra comunicadores.
Sin embargo, esta comparación relativa no debe generar complacencia. El deterioro en indicadores de libertad de prensa típicamente precede a mayores restricciones si no se revierten los factores que lo originan.
