El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca se acompañó de una meme coin (criptomoneda que sale al mercado tras la popularidad de un personaje) de él mismo y su esposa Melania Trump. El lanzamiento del activo digital, llamado $Trump, se dio tres días antes de su investidura.
En pocos días la criptomoneda del republicano alcanzó un valor agregado de hasta $15.000 millones. La creación de este activo fue la primera señal del respaldo que dará el republicano al sector, mientras que la segunda señal llegó tras la firma del decreto que promueve las criptomonedas.
La postura del mandatario contradice las acciones de su predecesor e incluso las propias desarrolladas durante su primera administración. Este nuevo impulso no solo impactará la regulación de los activos digitales y la tecnología blockchain en Estados Unidos (EE.UU.), sino que su influencia a nivel mundial podría hacer eco en otras naciones como Costa Rica.
Karla Córdoba, presidenta de la Asociación Blockchain Costa Rica, aclaró que el ecosistema de este tipo de activos no depende de un solo país, pero a nivel local sí se pueden beneficiar de la seguridad jurídica que dicte Trump ya que genera mayor confianza entre los usuarios.
Aún así, solo bastaron dos semanas desde la firma del decreto de Trump, para que apareciera en la corriente legislativa un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Hacienda que busca incorporar los lineamientos del Marco de Reporte de Criptoactivos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
Influencia de Trump
Trump pasó de una postura conservadora, a una apertura frente a este tipo de activo y tecnología financiera. Incluso, durante su reciente campaña presidencial obtuvo el apoyo del sector de las criptomonedas.
El republicano dio otro golpe sobre la mesa al nombrar al partidario de las criptomonedas, Mark Uyeda, como presidente interino de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). Uyeda creó un grupo dentro de la Comisión llamado Crypto 2.0, el cual se encarga de desarrollar un marco regulatorio integral y claro para los criptoactivos.
A la vez, el presidente de EE. UU. firmó un decreto de Fortalecimiento del Liderazgo Estadounidense en Tecnología Financiera Digital, cuyo fin es apoyar el crecimiento y uso responsable de los activos digitales y la tecnología blockchain.
La orden dictada desde la Casa Blanca indica que uno de los propósitos de dicho fortalecimiento se concentra en “proteger y promover la capacidad de los ciudadanos individuales y de las entidades del sector privado por igual de acceder y utilizar con fines lícitos redes públicas abiertas de blockchain sin persecución”.
Asimismo, se señala que se promoverá la capacidad de desarrollar e implementar software, participar en la minería y validación, mantener la autocustodia de los activos digitales y realizar transacciones con otras personas sin censura ilegal.
El bitcoin alcanzó un máximo histórico de $109.241 el lunes 20 de enero antes de la investidura de Donald Trump. De hecho, el incremento en el valor del activo superó los $100.000 desde que el republicano resultó ganador de las elecciones presidenciales en noviembre anterior.
“Los demócratas en Estados Unidos tenían una posición muy fría y hasta atacando. Lo que se viene ahora con esta nueva administración es otra cosa porque se quitó la persecución a los proyectos de blockchain y también están dando claridad regulatoria”, comentó Otto Mora, miembro de la junta directiva de Asociación Blockchain.
La exposición de las regulaciones que promueve el gobierno norteamericano es el respaldo que dará seguridad a un sector que carece de medidas contra los delitos ocurridos a través de activos digitales. Asimismo, la capitalización de mercado de las criptomonedas pasó de $1.727 millones en enero del año pasado a $3.568 millones en el mismo periodo en 2025, según el sitio especializado Coingecko.
La firma Chainalysis estima que el 2024 cerró con $51.000 millones en delitos criptográficos. Esto se debe a que el volumen de criptomonedas ilícitas va en aumento, las cuales incluyen fondos enviados a direcciones identificadas como ilícitas y fondos robados en ataques a criptomonedas.
“Se conocen hasta el momento $40.900 millones recibidos por direcciones ilícitas, pero estimamos que el total puede estar más cerca de los $51.000 millones dadas las tendencias históricas”, reveló la firma.
Un impulso a Costa Rica
El país no cuenta con un marco regulatorio vinculado a los activos digitales. Las propuestas que llegaron en el pasado no prosperaron en la corriente legislativa.
Pero a dos semanas del fortalecimiento de activos digitales en la nueva administración de Trump, Costa Rica ya envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley 4.755 que busca que los proveedores de criptoactivos en el país reporten la información a Tributación.
El proyecto radica en incluir un artículo al Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de manera que el ministerio pueda “supervisar, verificar y monitorear, mediante la ejecución de actuaciones anuales, a los sujetos obligados a reportar en la aplicación de los procedimientos internos de control, cumplimiento y entrega de la información, así como el acatamiento del estándar relacionado con el tipo de información a reportar”.
La Administración Tributaria publicará cada dos años los criterios objetivos de selección. Y, si bien el proyecto no ha entrado a discusión aún, contempla sanciones ante la falta de respuesta a Tributación y el incumplimento de las recomendaciones que se proporcionen.
La multa se establece en un 2% sobre la cifra de ingresos brutos del obligado tributario, “en el periodo del impuesto sobre las utilidades anterior a aquel en que se produjo la infracción, con un mínimo de tres salarios base y un máximo de 100 salarios base”, dicta el texto.
Quienes subsanen la información dentro de los ocho días hábiles siguientes al vencimiento del plazo, la multa pecuniaria se reduce en un 75%.
Aún así, continúa pendiente un marco regulatorio que brinde seguridad jurídica al sector de las criptomonedas y blockchain en el territorio nacional.
“De momento tenemos una vigilancia tolerante por parte de las autoridades. Todas las personas pueden utilizar activos digitales bajo su propia responsabilidad, pero aún no se han completado las piezas para incentivar como lo está haciendo Trump”, dijo Córdoba.
