La presidenta Laura Fernández anunció el pasado 18 de mayo que llevará a los 57 diputados a una gira por Crucitas de Cutris, en San Carlos, programada para el 19 de junio. “Quiero que vayamos a caminar la zona y a que vean en carne propia la desgracia nacional que ocurre ahí, con el desastre ambiental, económico, de seguridad, y de tanto más que solo daño le ocasiona a la zona norte del país”, declaró la mandataria tras reunirse con las bancadas legislativas en Casa Presidencial.
La convocatoria tiene un antecedente directo que vale la pena revisar: el 16 de julio de 2022, apenas meses después de asumir el cargo, el entonces presidente Rodrigo Chaves también viajó a Crucitas. Prometió “ver con sus propios ojos” la situación, “oírla con sus propias orejas” y “ponerle orden”. Cuatro años después, la Sala Constitucional tuvo que emitir una sentencia condenando al Estado por omisiones sistemáticas y reiteradas. El problema no se resolvió; se agravó.
La gira de Chaves a Crucitas en julio de 2022 fue presentada como un acto de valentía política. El mandatario viajó acompañado de los ministros de Ambiente, Franz Tattenbach, y de Seguridad, Jorge Luis Torres. Recorrió las excavaciones ilegales, constató el daño ambiental y se comprometió a actuar. El Minae prometió entregar antes de que cerrara ese año “un plan de contención y una hoja de ruta más completa”. Los compromisos implícitos incluían presencia policial permanente, coordinación interinstitucional y muestreos de mercurio en agua y suelo.
El balance: más territorio, más crimen, más mercurio
Una investigación internacional publicada en diciembre de 2025 —realizada por la revista RAYA, la Fundación del Río y la Fundación Heinrich Böll— documentó que la minería ilegal no se detuvo ni se contuvo: se expandió de forma sostenida.
El propio ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, reconoció ante la Asamblea que la actividad pasó de técnicas artesanales a una “explotación semiindustrial con presencia de crimen organizado”.
El área impactada creció de unas 900 hectáreas originales a más de 3.000 —algunos reportes hablan de 30 km²—, afectando unas 15 comunidades. El gobierno de Chaves estimó que el saqueo supera los $250 millones anuales.
El Minae documentó presencia de mercurio y arsénico en fuentes de agua, y la Universidad de Costa Rica (UCR) registró vinculación con tráfico de drogas, trata de personas y amenazas a la población.
En paralelo a esa omisión de control, en noviembre de 2024 el gobierno de Chaves presentó el expediente 24.717: un proyecto para autorizar excepcionalmente la minería a cielo abierto en Crucitas con subastas públicas, royalties mínimos del 5% y distribución de ingresos (72% al Estado, 25% a la Municipalidad de San Carlos, 3% a comunidades).
La Sala IV falló: hubo inacción
El quiebre llegó en marzo de 2026. Mediante la sentencia 2026-10560, la Sala IV declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo y condenó al Estado por “omisiones sistemáticas y reiteradas”. Las órdenes fueron concretas:
- Ministerio de Seguridad: presencia policial permanente e indefinida, refuerzo del control migratorio fronterizo.
- AyA: garantizar agua potable a las comunidades afectadas y concluir en 18 meses el proyecto de abastecimiento para seis comunidades.
- Minae y Presidencia: presentar en un plazo improrrogable de tres meses un plan detallado de acciones.
Los magistrados advirtieron que el incumplimiento acarrea penas de 3 meses a 2 años de prisión.
Laura Fernández hereda el expediente y la retórica
Fernández llegó al cargo en mayo de 2026 con Crucitas como prioridad declarada. Ya en campaña señaló que su gobierno impulsaría la explotación regulada del oro. Mantuvo el expediente 24.717 en la agenda del período extraordinario de sesiones. La gira del 19 de junio busca presionar a los legisladores, con el plazo de la Sala IV venciendo el mismo mes.
Sin embargo, la convocatoria genera fricciones. El Frente Amplio y la diputada Claudia Dobles (CAC) valoraban esta semana si asistirán, alegando “trato hostil” en encuentros previos con el Ejecutivo, incluido un episodio en que se retiró los celulares a los legisladores en una reunión del 19 de mayo.
Tres propuestas, un problema sin resolver
| Propuesta | Promotores | Argumento central |
|---|---|---|
| Minería a cielo abierto regulada (exp. 24.717) | Gobierno Chaves y Fernández | El oro ya se extrae ilegalmente; la regulación genera ingresos y control |
| Prohibición + restauración ecológica (exp. 24.675) | Frente Amplio | Fortalecer el control territorial sin extraer |
| Minería artesanal regulada (exp. 24.667) | Diputada Kattia Cambronero | Formalizar pequeños mineros y prohibir el mercurio |
La UCR ha advertido que la minería legal no garantiza, por sí sola, la reducción de la ilegal; la experiencia internacional muestra que ambas actividades pueden coexistir. El Estado de la Nación ha señalado que el caso evidencia fallas estructurales en la capacidad del Estado para ejercer control territorial.
La pregunta que deja la historia reciente
Cuando Rodrigo Chaves visitó Crucitas en julio de 2022, empleó exactamente el mismo lenguaje que usa hoy Laura Fernández: urgencia, indignación, llamado a la acción. Cuatro años después, hay más hectáreas devastadas, más crimen organizado y una sentencia constitucional que constata lo que las promesas no pudieron: que el Estado no actuó.
La gira del 19 de junio puede marcar diferencia si se traduce en decisiones legislativas concretas y en una presencia institucional permanente, sostenida y financiada. Pero la historia reciente de Crucitas sugiere que las giras presidenciales, por sí solas, no han sido suficientes para cerrar el ciclo.
