Escuchar el ulular de una sirena suele significar que la ayuda está en camino. Sin embargo, detrás de cada ambulancia que acude a atender un llamado de ayuda se esconde hoy una alarmante carrera contra el reloj financiero: la Cruz Roja Costarricense atraviesa una de las mayores crisis financieras de sus 141 años de existencia.
Con un déficit anual de casi ¢1.000 millones, 66 de sus 134 comités auxiliares en riesgo de cierre técnico y el fantasma de una parálisis operativa rondando sus sedes, la benemérita institución enfrenta una tormenta perfecta provocada por la rigidez de la regla fiscal, las ineficiencias del sistema hospitalario, el bajo apoyo municipal y el naufragio de iniciativas clave de financiamiento.
A pesar de que presta un servicio público esencial y gratuito —con más de medio millón de incidentes anuales—, hoy la Cruz Roja opera bajo un esquema de insolvencia sostenida y los auditores externos advierten sobre un riesgo inminente no solo para la estabilidad de una entidad icónica, sino para la continuidad de un servicio prehospitalario y de rescate que salva miles de vidas en todo el país.
Tras cuatro años consecutivos de pérdidas millonarias, la benemérita institución analiza alternativas como contener el gasto operativo, brindar menos horas de servicio, reducir plazas administrativas y suspender rescates, en espera de una solución a largo plazo que la socorra en esta emergencia.
Modelo operativo y financiamiento de la Cruz Roja Costarricense
Para comprender la coyuntura económica de la Cruz Roja Costarricense se debe analizar la normativa de la institución y su estructura de ingresos. Según la Ley de la Cruz Roja Costarricense N.° 10632, se trata de una asociación privada sin fines de lucro que brinda servicios “de carácter humanitario, de bienestar social, de interés y utilidad pública”, actuando como auxiliar de los poderes públicos.
Entre sus funciones y servicios están la atención prehospitalaria y de emergencias médicas 24/7, a través del sistema 911 y el transporte de pacientes; así como la respuesta a desastres y emergencias nacionales, crisis humanitarias, disturbios internos, tensiones sociales y conflictos armados.
El financiamiento de la institución se compone de un modelo mixto establecido por diversas normativas vigentes, donde un 40% de sus recursos provienen de fondos públicos. Entre esas fuentes de financiamiento que dicta el marco legal costarricense están impuestos y cargas tributarias específicas como el impuesto rojo a las telecomunicaciones (Ley N.º 8690), el impuesto único a los combustibles (Ley N.º 8114) y el impuesto a bebidas alcohólicas y cigarrillos (Ley N.º 7972).
Además, la Ley de Tránsito estipula el traslado a la Cruz Roja de un porcentaje de las multas recaudadas por las infracciones viales en todo el país; y la Ley N.º 5649 (y sus reformas) fija una contribución obligatoria mediante un timbre físico o digital que se aplica obligatoriamente a varios trámites legales.
“Tenemos fondos aproximadamente de diez leyes y cada una da un porcentaje, pero también pone las reglas del juego; por ejemplo, la Ley 8114 dice que del 100% que recibimos, un 85% va para los comités, un 10% para la Dirección de Socorros y un 5% a la sede central. Entonces, el financiamiento viene condicionado y, si un comité tiene buen apoyo municipal, no se pueden tomar esos fondos para invertirlos en otro comité necesitado; esos mecanismos hacen que no podamos ser lo más eficientes a la hora de utilizar los recursos”, explicó Walter Fallas Bonilla, gerente general de la organización.
El financiamiento privado
Cerca del 60% de los fondos de la organización provienen de fuentes privadas. Esto incluye la venta de servicios especiales, capacitaciones, traslados privados y donaciones.
La mayor parte de esos ingresos se obtiene del traslado de pacientes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), mediante un contrato de servicios. Los bingos institucionales representan otra de las principales arterias de liquidez para la Cruz Roja. Las actividades en Alajuela y la sede central, sumadas a los sorteos locales autorizados, componen el 19% de sus fondos autogestionados. Aunque esa cifra podría ser superior.
“Se generan iniciativas de bingos en muchos de nuestros comités auxiliares en el país, y las comunidades responden. Además, según la Ley 7395, las terceras personas que organizan bingos deben solicitar una autorización al comité auxiliar de su zona; este le extiende el documento y se recibe una donación voluntaria. Sin embargo, en lo que va del año, los comités auxiliares que han extendido la nota de autorización han sido solo diez, cuando en todo nuestro país se juega bingo”, aseguró Evelyn Vargas Rojas, tesorera general.
Otro mecanismo importante de ingresos privados ha sido la consolidación de alianzas con entidades como Coopesantos, Coopealfaroruiz, Coopeguanacaste y Coopelesca, que permiten canalizar donaciones voluntarias a través de la facturación de servicios públicos, garantizando a los comités locales de esas regiones un flujo de caja mensual más estable y predecible.
Además, en el sector corporativo, la institución apalanca las donaciones empresariales mediante incentivos tributarios, como los aportes deducibles del impuesto sobre la renta, una herramienta fiscal que capta el 10% del total de los ingresos propios de la Cruz Roja.
Un déficit creciente
En el año 2025, la Cruz Roja Costarricense reportó ingresos por ¢24.636 millones. Sin embargo, de acuerdo con Fallas, la institución requiere cerca de ¢30.000 millones anuales para mantener su nivel operativo nacional.
La sostenibilidad del esquema mixto de financiamiento de la institución ha quedado en duda durante el contexto económico pospandemia. Según los estados financieros, el 2022 cerró con un déficit de ¢524 millones; el 2023, con ¢704 millones; el 2024, con ¢865 millones; y el 2025, con ¢936 millones. Las cifras empeoraron este año, pues a julio del 2026 la institución acumuló ¢943 millones en pérdidas.
Ese grave panorama financiero fue evidenciado por el Consorcio EMD, en una auditoría externa elaborada en el 2025, en la que advierte sobre una “incertidumbre material” para garantizar la continuidad de sus operaciones a mediano y largo plazo.
“Desde el 2022 empezaron a generarse alertas. Esos números revelaron que necesitamos mayores ingresos para mantener la operación, pero además que necesitamos controlar los gastos y ambos significan un gran desafío porque, ¿cómo controlo los gastos donde cada día tengo más incidentes?”, reconoció la tesorera.
Aunque en los últimos años los fondos públicos que recibió la Cruz Roja mostraron un leve crecimiento, los estados financieros revelaron que la institución tuvo mayores gastos operativos y financieros.
En el 2025, por ejemplo, los salarios y las cargas sociales representaron más del 57% de los ¢25.816 millones ejecutados por la entidad. Según detalló Fallas, la nómina de la institución está conformada por cerca de 6.300 colaboradores, de los cuales 5.000 son voluntarios —a quienes se les garantizan seguros laborales y viáticos, sin percibir un salario— y 1.300 forman parte del personal de planta.
Precisamente, este rubro de salarios y cargas sociales ha sido el principal detonante del desequilibrio que dejó el déficit de ¢936 millones al cierre del 2025. Debido a la necesidad de mantener el servicio de emergencias ininterrumpido en todo el país, el gasto en planillas pasó de ¢12.681 millones (un 51%) en el 2022 a dominar casi seis de cada diez colones gastados en la actualidad (57%).
“En el 2020 hubo un incremento, cuando se hizo la reforma a la Ley 8690, pero ese ingreso adicional iba en razón de contratar socorristas para completar la mayor cantidad de ambulancias de soporte básico, que están conformadas por el vehículo, la camilla, el conductor y el socorrista. Con ese monto ya tenemos 180 socorristas contratados y anualmente nos cuesta ¢1.655 millones”, justificó Fallas.
Esta dinámica refleja un problema estructural severo: el gasto operativo crece a un ritmo mucho más acelerado que la capacidad de la institución para generar recursos propios. A esta presión sobre la liquidez se suma el peso de la partida de “Otros gastos específicos”, la cual consumió un 8,8% de los egresos institucionales en el 2025. Según los informes financieros, este rubro experimentó alzas significativas por el registro de gastos legales y millonarias provisiones por litigios laborales, una obligación derivada de la reciente implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Circunstancias que drenan a la institución
Desde la Cruz Roja aseguran que la disparidad entre el crecimiento demográfico —con una población de mayor edad que requiere atención— y el aumento en la cantidad y complejidad de las emergencias atendidas han drenado el capital de la institución.
Durante el 2025, la Cruz Roja atendió más de 500.000 incidentes al año —aproximadamente uno por minuto— procedentes del sistema 911. “El sistema lo registra como una llamada al 911, pero no necesariamente un incidente está asociado a la atención de una sola persona; puede ser una atención múltiple y eso implica que los gastos cada vez sean mayores”, aseguró Walter Fallas.
El gerente añadió que el colapso en las áreas de recepción de la red hospitalaria pública también se ha convertido en una fuga de recursos crítica. Durante el 2025, la retención forzada de camillas en los centros médicos acumuló 16.000 horas, mientras que para el primer semestre del 2026 esa cifra ya alcanzaba las 10.000 horas.
El desgaste logístico se profundiza por el abuso ciudadano de las líneas de emergencia. Al 28 de septiembre del 2026, la institución atendió 2.666 llamadas falsas, lo que se tradujo en un despliegue innecesario de personal, desgaste de flota y gasto de combustible por un valor estimado de ¢173 millones.
A todo esto se suma el estancamiento de los ingresos privados ante la disminución de donaciones y contratos por servicio de atención o traslado.
“Es complejo porque competimos con otras 91 empresas. En las contrataciones de la Caja son 100% por precio, sin tomar en consideración que, en nuestro caso, no hay fin de lucro, sino que reinvertimos esos fondos en el servicio público que brindamos. Con los eventos privados también es complejo, porque voy a negociar con equipos de fútbol o el Estadio Nacional, por ejemplo, y tienen contratada una empresa privada que también aporta como patrocinador”, detalló Fallas.
A nivel territorial, la ausencia de una legislación que obligue a las municipalidades a financiar las emergencias de su cantón genera asimetrías severas. “Mientras cantones como Santa Ana subvencionan casi la totalidad de su comité, la Municipalidad de San José no aporta recursos directos pese a concentrar la mayor densidad poblacional del país y ser el comité que atiende más casos en Costa Rica”, detalló Evelyn Vargas.
Esta disparidad financiera local ya cobró sus primeras bajas estructurales. En septiembre pasado, la falta de apoyo municipal en la provincia de Heredia obligó a la Dirección Nacional de la Cruz Roja a decretar el cierre operativo definitivo de los comités de San Pablo y San Rafael, suprimiendo la cobertura primaria en dichas jurisdicciones.
“Cuando cerramos estas edificaciones, sale una noticia de que era ‘un balde de agua fría’ para la población. ¡No, señor! Yo me reuní con ellos hace un año y les expliqué que la situación financiera estaba muy compleja y que iban a cerrar con ¢95 millones de déficit. Ahora, después de todo, nos estamos reuniendo con los alcaldes y sí tienen presupuestos; y nos dicen que ya están gestionando para apoyar que reabramos el comité. Entonces, ¿por qué tenemos que llegar a tomar este tipo de decisiones? Las comunidades son los primeros llamados a abrazar a la Cruz Roja”, reiteró Fallas.
Impacto de la regla fiscal y disputa con el Ministerio de Hacienda
El panorama financiero de la Cruz Roja se ha agravado debido a las políticas de contención del gasto. La aplicación estricta de la regla fiscal ha impedido que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, transfiera la totalidad de los recursos que la ley destina a la institución.
En agosto pasado, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Ángela Aguilar pidió a la presidenta de la República, Laura Fernández, intervenir para que el Gobierno gire cerca de ¢3.300 millones que permanecen pendientes de transferir a la Cruz Roja. En una carta enviada a la mandataria, Aguilar detalló que casi ¢1.800 millones corresponden a recursos establecidos mediante leyes de destino específico.
“Le solicito, respetuosamente, señora presidenta, interponer sus buenos oficios para que se giren, sin más dilación, los recursos correspondientes a las leyes de destino específico creadas a favor de la Cruz Roja Costarricense; así como los ¢1.500 millones adicionales aprobados en la Ley de Presupuesto Nacional, para el ejercicio económico 2026, cuya transferencia se encuentra aún pendiente”, escribió la legisladora.
Según datos de la organización, un ejemplo claro de la afectación debido a las restricciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se refleja en los recursos provenientes de la ley antitabaco: la estimación inicial alcanzaba los ¢712,4 millones, pero la aplicación del tope presupuestario limitó la transferencia a solo ¢95,8 millones, generando un desfase presupuestario de ¢616 millones.
Considerando el impacto en la atención de un servicio de emergencia nacional, El Financiero consultó al Ministerio de Hacienda sobre los criterios técnicos y de priorización social para aplicar la regla fiscal a los fondos específicos creados para financiar a la Cruz Roja Costarricense, así como el monto que se proyecta retener en el 2027 y el destino que tendrán esos fondos recaudados a nombre de la institución, pero al cierre de edición no obtuvo respuesta.
Durante la conferencia de prensa del pasado 7 de octubre, la presidenta Laura Fernández se refirió a la situación de la Cruz Roja y aseguró que no es una institución pública que rinda cuentas sobre los fondos públicos recibidos.
“La Cruz Roja no es una institución pública; es una asociación de naturaleza privada. (...) El gasto que hace la Cruz Roja, cómo invierte, qué salarios paga, qué trabajo hace, a mí no me rinde cuentas, yo no le marco metas y no le fijo objetivos”, apuntó la mandataria.
Por su parte, la Cruz Roja aseguró que sí rinde cuentas sobre los fondos públicos que recibe ante los entes de control y fiscalización del Estado, como la Contraloría General de la República, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, los ministerios y otras entidades públicas.
“Nuestros estados financieros se auditan externamente cada año. Asimismo, nuestra información financiera está publicada en la página web institucional, de modo que cualquier persona pueda consultarla y revisarla”, añadió Fallas.
Medidas de contingencia ante la crisis presupuestaria institucional
El nivel de iliquidez ha llevado a la gerencia de la Cruz Roja Costarricense a tomar medidas que rozan la descapitalización corporativa. Para mantener las ambulancias en las calles durante el último año, la institución tuvo que proceder con la liquidación de fondos de inversión. Fallas reconoció que estas reservas históricas, generadas en gran medida por la venta de activos inmobiliarios, fueron sacrificadas para cubrir el gasto corriente.
Las medidas de austeridad se reflejan en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, Vargas explicó que la dirección debe priorizar el pago de planillas por encima de la reparación de flotilla o la construcción de infraestructura. En ocasiones, esto obliga a los técnicos en emergencias médicas a laborar con uniformes remendados y operar desde instalaciones con deterioro eléctrico severo y edificios calificados como insalubres.
Como medida de contingencia adicional, la institución ha ejecutado desvinculaciones laborales estratégicas.
“Es una situación un poco compleja, ya que desde nuestro rol de ser un auxiliar de los poderes del Estado, donde damos un servicio público gratuito a la población, lo hacemos parcialmente subvencionados por el Estado y por algunos gobiernos locales, no todos. El problema no es nuevo, se ha acrecentado del 2021 a la fecha, y hemos tenido que tomar decisiones y, realizando algunas reorganizaciones estructurales y geográficas, varios recortes de personal”, confesó el gerente.
El 7 de octubre, el Ministerio de Hacienda anunció que realizará un giro de ¢1.500 millones a la Cruz Roja, luego de que la presidenta Fernández ordenara una modificación presupuestaria para transferir esos dineros. Sin embargo, el ministro Rodrigo Chaves cuestionó que ese giro para aportar liquidez a la entidad enfrentó a diputados oficialistas y de oposición.
“Los diputados de gobierno, de manera muy responsable, dijeron: ‘El dinero de los contribuyentes se manejará de acuerdo con lo que establecen las leyes que demandan procedimientos específicos para esos dineros’. Y entonces los opositores al gobierno de doña Laura tejieron ambos argumentos diciendo que nosotros no queremos a la Cruz Roja. Eso es una mentira enorme”, agregó el ministro.
Paralelamente, el Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció la compra de 40 ambulancias nuevas, pero asignadas al Cuerpo de Bomberos, con el fin de expandir su participación en la atención prehospitalaria, señalando un posible reacomodo en la estrategia de atención estatal de emergencias. El financiamiento provendrá del 4% de las primas de seguros que, por la Ley N.° 8228, ya se destinan a Bomberos.
Fracaso e intentos de nuevos financiamientos
Un proyecto de ley presentado en la anterior legislatura por el diputado Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (expediente N.° 25417), planteaba una reforma a la distribución de las primas de seguros, gravando con un 0,5% las pólizas emitidas en el mercado nacional para brindar ingresos a la Cruz Roja Costarricense.
Sin embargo, a pesar del apremio económico de la entidad, el proyecto enfrentó una férrea oposición por parte del Ejecutivo y de diversas cámaras empresariales y acabó archivado por la Comisión de Asuntos Económicos en febrero pasado.
El 29 de septiembre, en respuesta al cerco normativo que tiene retenidos más de ¢1.800 millones, la subjefa de fracción del PLN, Iztarú Alfaro, presentó el proyecto de ley 25.806 para excluir de la regla fiscal siete fuentes de recursos destinados al financiamiento de la Cruz Roja, permitiendo que el 40% de sus fondos asignados por ley entren de manera directa a la institución. El proyecto se encuentra en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
En la benemérita institución ven con buenos ojos este tipo de iniciativas. No obstante, insisten en que los “parches presupuestarios” y las colectas públicas no resolverán el colapso inminente si no se implementan reformas de financiamiento estructural a largo plazo.
“La organización requiere de soluciones permanentes que nos permitan seguir. Hay medidas que pueden revertirse si las condiciones financieras mejoran, si las organizaciones de base y la comunidad responden, si los gobiernos locales nos ayudan, pero puede ser que tengamos que seguir tomando decisiones que no queremos”, confirmó Fallas.
“No podemos mantener una operación 24/7 a nivel nacional si no tenemos las cosas básicas; reiterando que la Cruz Roja es un auxiliar de los poderes del Estado. Hablamos de propuestas y escenarios en el corto plazo, en el mediano plazo, y tenemos la fe de que los tiempos mejoren”, concluyó.
