La llegada de la pandemia por COVID-19 al país no solo implicó cambios sociales, laborales o de circulación por el territorio nacional, sino que también produjo un aluvión de inversiones para hacerle frente a la crisis sanitaria.

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) debió de tomar una serie de decisiones a golpe de tambor y una de las más visibles fue la reconversión del Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) en el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID-19 (Ceaco).

Además en poco menos de dos meses la Contraloría General de la República (CGR) aprobó diversas contrataciones directas por un monto ¢25.941 millones a diferentes instituciones para hacerle frente a la pandemia, según dio a conocer el diario La Nación el lunes 27 de abril.

La inversión más visible

En marzo el Cenare, un hospital que por décadas rehabilitó a pacientes con discapacidades neurológicas o motoras, tuvo que cambiar radicalmente sus funciones para atender a pacientes con COVID-19.

La decisión de reconvertir este centro médico se tomó para sumar un centro de salud más a la red de servicios hospitalarios. Esta transformación total (que se hizo en tiempo récord) costó cerca de $16 millones, según dio a conocer el Gobierno mediante comunicado de prensa el 31 de marzo.

A lo largo de dos semanas trabajadores de la Caja, voluntarios y proveedores trabajaron durante 24 horas al día para readecuar el sistema eléctrico y electromecánico. También instalaron una red de telecomunicaciones de voz y datos con capacidad de conectar varios equipos como por ejemplo los monitores de signos.

Después de la transformación el centro tiene capacidad para atender a 88 pacientes y cuenta con un equipo multidisciplinario de aproximadamente 1.350 trabajadores entre los que destacan médicos emergenciólogos, terapistas respiratorios, enfermeras, personal de laboratorio, farmacia, microbiología, nutrición, entre otros.

Los funcionarios están listos para atender la emergencia pero gracias a las medidas de distanciamiento social pocas personas han requerido de los servicios hospitalarios.

Hasta el 27 de abril el Ministerio de Salud reportaba un total de 16 pacientes hospitalizados (en diferentes centros médicos), de los cuales ocho se encontraban en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

¿Qué autorizó la CGR?

En poco menos de dos meses la CGR aprobó diversas contrataciones directas por un monto ¢25.941 millones, según la publicación de La Nación el lunes 27 de abril.

De ese monto total la CCSS y el Ministerio de Educación (MEP) son las dos instituciones a las que se le han destinado más recursos para la atención de la emergencia sanitaria, de acuerdo a la publicación del diario. Solo ¢12.681 millones se destinaron a la compra de equipo médico.

EF realizó un recuento de algunas de las aprobaciones que ha dado el ente contralor a la CCSS durante la pandemia.

En los últimos días la CGR realizó diversas autorizaciones de compras para la Caja, y una de ellas fue la aprobación por ¢54,6 millones para la modificación interna de las ambulancias para cumplir con los requerimientos de seguridad para trasladar pacientes con COVID-19.

También se le permitió la contratación de un vuelo charter por un monto de $1,3 millones para traer una donación de la República Popular China que contenía batas de protección descartables, respiradores N95, mascarillas quirúrgicas, guantes desechables, guantes, lentes de seguridad, entre otros.

Otra aprobación por $4,8 millones le permitió a la Caja comprar equipos médicos como respiradores, monitores de signos vitales y termómetros.

$196.257 se destinaron al Ceaco para instalar una tubería de vapor, reparar los tanques de agua caliente e instalar el sistema de rociadores para cumplir con las normas de seguridad del sistema contra incendios.

El Hospital San Vicente de Paul pudo adquirir de forma directa cuatro video laringoscopios para atender a los pacientes con COVID-19, después de que la CGR aprobara la compra por un monto de $11.000.

Mientras que el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia pudo contratar de manera directa el suministro de gases medicinales e industriales, luego de que el ente contralor diera el visto bueno una adquisición por ¢408 millones.