La nueva presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, inició su mandato con la firma de tres decretos ejecutivos, una práctica habitual en las primeras horas de cada administración y que suele ofrecer las primeras señales sobre la ruta política del nuevo gobierno.
En esta primera jornada al frente del Poder Ejecutivo, Fernández dirigió sus decisiones iniciales hacia iniciativas legislativas que no prosperaron en la Asamblea Legislativa, la definición de reglas para el funcionamiento interno del gabinete y un ajuste en el reglamento que indica la manera en la que se calculan las penas de las personas privadas de libertad.
“Se los advertí: no los queremos en Costa Rica”, dijo Fernández al referirse al crimen organizado.
Aprobación de proyectos pendientes
El paquete anunciado por Fernández coincide con la lista de proyectos que el expresidente Rodrigo Chaves había puesto sobre la mesa como los pendientes de su administración apenas días atrás, durante su último informe de labores.
Ciudad Gobierno, la marina de Limón, la minería en Crucitas y la reforma a las pensiones de lujo forman parte del grupo de iniciativas que, según la mandataria, quedaron incorporadas en uno de los decretos avalados por el Consejo de Gobierno.
En el caso de Ciudad Gobierno, la iniciativa fue retomada por esta administración bajo la promesa de transformar el centro de San José mediante la concentración de oficinas públicas en las cercanías de Plaza González Víquez. Aunque el Ejecutivo proyectaba dejar las obras encaminadas antes del cierre del mandato, el plan terminó suspendido luego de que la Contraloría General de la República cuestionara la figura de fideicomiso planteada para financiar el desarrollo. Desde entonces, el Gobierno no impulsó una alternativa para reactivar el proyecto.
La marina de Limón, por su parte, también quedó atrapada entre anuncios y retrasos. En distintos momentos, Chaves atribuyó la ralentización del proyecto a supuestos obstáculos de la Contraloría General de la República, pese a que el propio ente contralor negó haber emitido un criterio que frenara la iniciativa.
La minería en Crucitas, las jornadas excepcionales 4x3 y la reforma a las pensiones de lujo completan el grupo de promesas que el gobierno anterior dejó sin concretar y que Fernández ahora busca rescatar desde el escritorio presidencial.
Ajuste al reglamento penitenciario
Uno de los decretos firmados por Fernández modificará la forma en que se contabiliza el año carcelario de las personas privadas de libertad.
Aunque el Código Penal establece que el año carcelario equivale a 360 días, ese período puede reducirse por labores de trabajo o estudio realizadas por la persona condenada. Frente a ello, Fernández aseguró que “no va a quedar duda de que el año carcelario es de 360 días naturales. Ya no más alcahueterías de que la cárcel es de ocho meses al año; con esto, los jueces no podrán interpretar con menos meses al año la condena de quienes nos quitan la paz”.
Funciones del gabinete
El tercer decreto firmado por la nueva mandataria establece la regulación de las funciones de los integrantes del gabinete que la acompañarán durante el próximo cuatrienio.
Con ese primer paquete de decisiones, Fernández dejó marcada la línea política que buscará sostener desde Casa Presidencial: más que un cambio de rumbo, una apuesta por la continuidad.
