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La discusión sobre el aumento de un 1% en la cuota obrera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y la petición de la renuncia de la expresidenta de la Caja María del Rocío Sáenz enardece las diferencias entre empresarios y el gobierno.
Este viernes en la tarde, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) optó por retirarse de la mesa de diálogo tripartita, que procuraba a abordar las medidas para solventar la situación financiera y actuarial del IVM y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
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Ese grupo de cámaras también asegura desconocer la figura de Alfredo Hasbum, ministro de Trabajo y Seguridad Social, como coordinador de la mesa de discusión.
"Fuimos muy claros que estábamos anuentes a participar de la mesa, siempre y cuando el tema del 1% no fuera objeto de discusión; pero ahora, pretenden revertir dicha decisión basándose en criterios políticos, no técnicos; así que no vamos a aceptar que el Gobierno irrespete acuerdos tomados. Es evidente que pretenden desvirtuar el propósito por el cual fue creada dicha mesa", señaló el presidente de la UCCAEP, Franco Arturo Pacheco.
Pacheco, además, asegura que el Ministro de Trabajo le afirmó que las decisiones de la mesa de diálogo tripartita serían vinculantes ante la Junta Directiva de la CCSS, pese a que esta es una institución autónoma.
Polémicas decisiones
La decisión se toma luego de una intensa seguidilla de polémicas en torno al tema, desatadas luego de una votación de la Junta Directiva de la Caja efectuada el jueves 1 de junio, que aprobó aumentar en un punto porcentual la cuota obrera al IVM, segmentado en un incremento de 0,5 puntos a partir del 1 de julio y otros 0,5 puntos a partir del 1 de enero del 2018.
Un día después, en horas de la noche, el Presidente de la República "deploró" la decisión de la Junta, instó en la necesidad de seguir dialogando y aseguró que tomaría "otras medidas" sobre el tema.
Para esa votación, siete de nueve directivos apoyaron la medida: incluida la –entonces– Presidenta Ejecutiva de la CCSS y el representante del Estado Óscar Ricardo Fallas. Únicamente se opusieron el tercer representante del Estado Rolando Muñoz y el representante sindical Mario Devandas.
Los sindicatos exigieron la renuncia de la Presidenta una semana después.
El lunes 5 de junio la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) y el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco) solicitaron la renuncia de la jerarca. Un día después la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) se unió a la petición.
El miércoles, el Presidente de la República solicitó la renuncia de la jerarca de la CCSS.
"Ha llegado el momento de solicitarle la renuncia" citó Sáenz, cuando relató la conversación con el mandatario. "Le solicito su renuncia por una decisión de orden político, fue lo que me dijo", añadió la funcionaria en una conferencia de prensa.
Este 8 de junio el Consejo de Gobierno ratificó a Fernando Llorca, exministro de salud, como presidente ejecutivo de la Caja. Llorca no especificó cómo lograría revertir la decisión de la Junta, aunque declaró que revertir la medida no podía ser posible, unilateralmente, desde el Poder Ejecutivo.
UCCAEP cita a Ministro de Trabajo: "Lo que la mesa de diálogo decida sí debe ser vinculante ante la Junta"
Este jueves 9 de junio, el sector empresarial decidió salir de la mesa de negociación sobre la sostenibilidad del IVM y la CCSS, al afirmar que el Ministro de Trabajo le había asegurado que las decisiones de la mesa de diálogo serían vinculantes ante la Junta Directiva de la CCSS, a pesar de que esta es una entidad autónoma.
Según el presidente de UCCAEP, el jerarca le indicó expresamente que "para la mesa de diálogo no es vinculante lo que la Junta Directiva de la CCSS indique; pero, lo que la mesa de diálogo decida, sí debe de ser vinculante ante la Junta Directiva", lo que (considera) es un "irrespeto" a la institucionalidad de la CCSS.
El Financiero procuró integrar la versión de Casa Presidencial y el Ministerio de Trabajo en este artículo. El departamento de prensa de Casa Presidencial optó por señalar que sería el Ministerio de Trabajo quien brindaría declaraciones al respecto, pero esa cartera no ha compartido ningún pronunciamiento.
