La protección de los derechos laborales en Costa Rica enfrenta una situación que pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar condiciones dignas de trabajo a millones de costarricenses.
Un informe de la Defensoría de los Habitantes destapó una realidad que afecta a muchos trabajadores: el sistema de inspección laboral del país opera en condiciones críticas, con recursos insuficientes y una infraestructura que colapsa.
La situación trasciende los números y toca la vida cotidiana de más de 1,6 millones de trabajadores que dependen de un sistema debilitado para hacer valer sus derechos.
La investigación de la Defensoría reveló que la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo (DNI) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta con 103 funcionarios —80 inspectores y 23 coordinadores— para atender a toda la población trabajadora del país.
“Solo hay 80 personas inspectoras y 23 personas coordinadoras, es decir 103 funcionarios/as para atender a más de 1,6 millones de personas trabajadoras, lo que equivale a un inspector por cada 15.534 personas trabajadoras, según los datos del 2024 facilitados por la DNI”, señala el comunicado oficial.
Esta proporción evidencia un déficit estructural que la propia Defensoría cuantificó: la DNI requiere un 50% más de recurso humano para cumplir adecuadamente sus funciones de fiscalización.
La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank, fue categórica al describir la situación: “La falta de recursos humanos, financieros, tecnológicos, y de infraestructura afecta directamente la capacidad de acción de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral en el país”.
El panorama se agrava cuando se analiza la distribución territorial. Algunas oficinas regionales operan únicamente con un coordinador y un inspector para atender territorios completos, mientras que la sede regional Brunca carece completamente de inspectores.
La crisis presupuestaria constituye el trasfondo de estos problemas. El informe reveló que el presupuesto de la DNI disminuyó sistemáticamente desde 2019 hasta 2024, pero más grave aún es el incumplimiento de una disposición legal específica.
Según el artículo 679 del Código de Trabajo, el 50% del total recaudado por multas laborales debe destinarse a la DNI para mejorar sus sistemas de inspección. Sin embargo, “desde el año 2019 este dinero no ha sido asignado”, según constata el comunicado.
Esta falta de recursos genera efectos en cascada que van desde la imposibilidad de contratar personal hasta problemas de infraestructura básica. La oficina de Quepos se encuentra en proceso de cierre debido a una orden sanitaria, mientras que otras sedes enfrentan condiciones similares.
“La falta de presupuesto, genera una afectación sustancial en la contratación de recurso humano, así como de la infraestructura que venga a cumplir con las condiciones mínimas –algunas con órdenes sanitarias- y en la tenencia de la adecuada flotilla vehicular para el cumplimiento de las inspecciones de campo por parte de los inspectores; los viáticos no son suficientes, los suministros de papel y de limpieza se agotan, entre otros”, detalla el documento.
Ante esta situación, la Defensoría dirigió recomendaciones al Ministerio de Trabajo, destacando la necesidad de “revisar, de manera urgente, las razones por las cuales la DNI no está recibiendo el 50 % del total recaudado por concepto de las multas recolectadas, como resultado de infracciones laborales”.
El informe también recomienda valorar la apertura de una investigación administrativa para identificar responsabilidades en el manejo de estos recursos, así como implementar acciones correctivas inmediatas.
El Ministerio de Trabajo no se refirió de manera inmediata al tema.
