EscucharHace 14 años se aprobó la reforma contencioso-administrativa con el fin de ofrecer justicia pronta, cumplida y accesible para los ciudadanos. Sin embargo, la meta se muestra cada vez más lejana ante los tiempos de duración para resolver casos de distintas materias.
Además, la concentración de los procesos contenciosos administrativos en los circuitos I y II de San José desincentiva a la población, que no habita en esa provincia, a acudir a dicha jurisdicción cuando siente que la Administración Pública vulneró sus derechos.
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Esas conclusiones se desprenden del Cuarto Informe del Estado de la Justicia, publicado el miércoles 6 de julio, el cual hace énfasis en la alta dependencia que tiene el Poder Judicial en la Corte Suprema de Justicia que desempeña un papel de administrador.
En el 2017 también entró a regir la Reforma Procesal Laboral, la materia que vela por estos temas registra uno de los mayores tiempos de espera de resolución de los casos, del periodo 2019 al 2021.
“En 2021 laboral tardó, en promedio, casi cuatro meses más en resolver un caso que en 2019. En penal vemos el mismo comportamiento: el I Circuito de San José aumentó, en promedio, 308 días al proceso entre 2019 y 2021″, puntualizó Evelyn Villareal, coordinadora del Informe.
Duración
El proceso de duración de una sentencia en primera instancia es de 553 días, en San José. Cuando hay recurso de apelación se recurre a la Sala I o el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, y los largos tiempos de respuesta se suma al tiempo de espera que tiene el usuario por una respuesta final.
“Para un total de 137 casos analizados, desde que se interpone el recurso y se rechaza de plano en la Sala, transcurren en promedio 448 días naturales; si el recurso se admite, la duración aumenta a 2,1 años; y entre la admisión del recurso y la sentencia final transcurren 191 días”, se extrae del Informe.
La materia laboral también acumula más tiempo de tardanza pese a que en el 2017 entró en vigencia la Ley Nº 9343 Reforma Procesal Laboral. Es decir, en esta materia los problemas siguen sin resolverse con prontitud.
La cantidad de circulante (casos pendientes) del 2019 al 2021 en materia laboral pasó de 57.127 a 61.085. Las materias con mayor volumen de casos son las que registran mayor número de circulante.
De las 433.043 sentencias emitidas por la Sala Constitucional entre 1989 y 2021, solamente 134.697 fueron dadas “con lugar” o “con lugar parcial”. El hallazgo de los datos se dio mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial y lectura automatizada de textos, por parte del Estado de la Justicia.
En la Sala Constitucional el tiempo de resolución no tiende a ser tan negativo como en los casos anteriores. Entre 2002 y 2018, pasó de 679 días a 37, es decir se redujo en un 94,5%.
Pero en la Sala también experimentan una ralentización en el periodo de resolución de ciertos temas como los correspondientes a asuntos tributarios con un tiempo promedio de 1.173 y los ligados a asamblea Legislativa 1.841 días.
Los temas relacionados a salud (76,6 días) y contraloría (78,2 días) son los que registran la mayor efectividad en tiempo de resolución. Se evidencia un balance en la duración de los procedimientos en la Sala.
“A simple vista, todas las personas creemos que los servicios de justicia deben y pueden mejorar, pero ¿dónde y cómo empezar? Los datos exactos y relevantes nos permiten hacer las preguntas correctas e iluminan el camino. Por ejemplo, ¿cómo logró la Sala reducir en dos décadas el tiempo de respuesta de una manera tan dramática? ¿Se podría aplicar el método a otras jurisdicciones? Si el Poder Judicial adopta la ciencia de datos como herramienta de gestión, el resultado, sin duda, sería un ganar-ganar”, indicó Karen Chacón, investigadora del Estado de la Justicia.
Por otra parte, las expropiaciones públicas demoran 565 días para obtener una resolución. La sede judicial explica menos de la mitad de los plazos.
