EscucharUna de las figuras más prominentes del Partido Liberación Nacional (PLN) en las últimas décadas está nuevamente en el centro del debate nacional. Ofelia Taitelbaum Yoselewich, quien ocupó altos cargos en la función pública costarricense, pasó de cumplir condena en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling a arresto domiciliario este 17 de diciembre, tras 14 meses recluida.
La jueza Carla Bonilla Ballestero del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José autorizó el cambio mediante resolución N° 2025002882, fundamentado en el artículo 486 bis del Código Procesal Penal, que permite sustituir la prisión por arresto domiciliario cuando el sistema penitenciario no puede atender adecuadamente las condiciones médicas del reo.
Taitelbaum, de 76 años, ahora cumple su sentencia de siete años y medio con monitoreo electrónico, sujeta a condiciones como prohibición de salir del país, mantener buen comportamiento social y familiar, y solicitar permisos con tres días de anticipación para cualquier salida.
La anatomía del fraude
El caso que llevó a Taitelbaum a prisión se remonta a julio de 2014, cuando la costurera sancarleña María de los Ángeles Otárola denunció públicamente que no podía asegurar a su hijo ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La razón: aparecía registrada en la Dirección General de Tributación como contribuyente del Impuesto sobre la Renta por más de ₡30 millones, correspondientes a supuestos servicios profesionales brindados a tres empresas vinculadas con la entonces Defensora de los Habitantes.
Otárola jamás prestó esos servicios ni recibió tales montos. La maniobra permitió a Taitelbaum defraudar al fisco al declarar gastos inexistentes, pagando menos impuestos de los que le correspondían. Tras hacerse pública la denuncia, trascendió una grabación telefónica en la que se escucha a Taitelbaum pedirle a Otárola que se retractara ante la prensa. A cambio, le ofrecía asumir la deuda con Hacienda, agilizar trámites para obtener una pensión y ayudarle a conseguir vivienda.
Como expresó la costurera en la audiencia grabada: “Ella me trató como a un trapo”. Esa conversación telefónica se convirtió en la pieza de evidencia fundamental para la condena.
El largo camino judicial
El Tribunal Penal de Goicoechea dictó la primera sentencia el 29 de agosto de 2019, condenando a Taitelbaum a 96 años de prisión por 32 delitos de uso de documento falso. Sin embargo, por las reglas del concurso material vigentes en Costa Rica —que establecen que la pena no puede superar el triple de la mayor impuesta— la condena se redujo a nueve años.
La defensa apeló, y en diciembre de 2020 el Tribunal de Apelación confirmó la culpabilidad de Taitelbaum pero ordenó un juicio de reenvío exclusivamente para revisar el monto de la pena. En ese segundo proceso, celebrado el 11 de enero de 2024, el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial redujo la condena a siete años y medio por 29 delitos de uso de documento falso, más ₡5 millones de indemnización por daño social al Estado.
La exdefensora intentó un último recurso de casación ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, que el 24 de octubre de 2024 declaró inadmisible la gestión, dejando firme la sentencia. Al día siguiente, Taitelbaum se entregó voluntariamente en los Tribunales de Goicoechea e ingresó al CAI Vilma Curling.
Una trayectoria política destacada
Masha Taitelbaum Yoselewich —su nombre de nacimiento— nació el 4 de enero de 1949 en San José. Su carrera en la función pública comenzó en 1986 como viceministra de Vivienda y Asentamientos Humanos durante la primera administración de Óscar Arias Sánchez (1986-1990). Posteriormente fue directora y vicepresidenta del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) entre 1994 y 2001. También se desempeñó como gerente general de la Mutual Heredia de Ahorro y Préstamo, entidad que enfrentó serias dificultades financieras durante su gestión.
En 2006 fue electa diputada por San José para el período 2006-2010, durante la segunda administración Arias. Como legisladora, apoyó la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, uno de los proyectos más controvertidos de esa administración.
Su nombramiento como Defensora de los Habitantes en diciembre de 2009 generó polémica por su cercanía al gobierno de Arias y al PLN. Renunció a su curul legislativa para asumir el cargo, que ejerció hasta el 7 de julio de 2014, cuando dimitió a raíz del escándalo Otárola. Había sido reelegida para un segundo período que nunca completó.
Las razones de la excarcelación
El Juzgado de Ejecución de la Pena valoró fundamentalmente dos aspectos: la avanzada edad de Taitelbaum —quien está próxima a cumplir 77 años— y múltiples padecimientos médicos incompatibles con la atención disponible en el sistema penitenciario.
Según extractos hechos públicos por CR Hoy, en la resolución judicial se incorpora una declaración de la propia Taitelbaum donde ella indica que “se está muriendo en ese lugar (el centro de reclusión), ”tiene mucho dolor" y “toma aspirinas para disminuir el dolor”. “Considera que por su condición de salud podría continuar descontando la pena de otra manera; ya que en el CAI no hay ninguna condición para que una persona adulta mayor pueda estar”, señala el documento.
El testimonio de una compañera de celda fue determinante. Una reclusa de apellido Vargas declaró que Taitelbaum presenta “depresión, dificultad en el caminar, inflamación en su brazo izquierdo” y que la escucha “quejarse por el dolor en las caderas”. Añadió que ella y otras reclusas deben ayudarla a “bañarse, peinarse, destapar la bandeja de alimentos, corte de uñas”, y que “el CAI carece de un plan para atender a las personas adultas mayores, siendo que Ofelia es la única con una edad tan avanzada”.
Valoraciones forenses establecieron que Taitelbaum padece dislocación de cadera, es sobreviviente de cáncer y presenta otros padecimientos crónicos cuyo deterioro se agravó durante su reclusión.
Un informe psicológico incluido en la resolución hecha pública señala que la exdefensora “reconoce que no estuvo bien su actuar ya que le provocó un daño muy grande a la víctima, la familia y a la sociedad” y “acepta la culpa de sus hechos, mencionando afectaciones a la víctima directa”. Según el documento, Taitelbaum manifestó: “Fue un acto irresponsable de su parte al no haberse asesorado a nivel legal e involucrar a terceras personas en actos que a la postre eran contrarios a la ley. La privada de libertad señala que es totalmente su culpa, ya que ella fue la que tomó la decisión irresponsable por su propia voluntad”.
El Tribunal Penal que la condenó en 2019 calificó su actuación como “inmoral y falta de valores”, señalando que tenía “pleno conocimiento” de los delitos que cometía. La ironía no pasó desapercibida: quien durante años se desempeñó en cargos destinados a proteger a los más vulnerables, utilizó a una costurera humilde para evadir impuestos y defraudar al Estado.
