Una enfermedad puede cambiar la vida de una persona y de toda su familia: limitar su autonomía, interrumpir el trabajo, exigir cuidados y tensionar los ingresos del hogar. Sus efectos también impactan la economía del país.
En Costa Rica, las siete enfermedades analizadas en el estudio “Carga Socioeconómica de las principales enfermedades en ocho países de América Latina” representaron una carga equivalente al 4% del producto interno bruto (PIB) en 2022. En términos absolutos, la cifra alcanzó los $2.800 millones, según el análisis elaborado por el instituto de investigación económica independiente WifOR y presentado por la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica (Fifarma).
El impacto acumulado también es considerable. Entre 2018 y 2022, el país registró pérdidas económicas por $12.500 millones asociadas a disminuciones de la fuerza laboral vinculadas con esas enfermedades, de acuerdo con el estudio.
Las patologías analizadas fueron las enfermedades cardiovasculares, neoplasias, cardiopatías isquémicas, infecciones respiratorias bajas, cáncer de mama, diabetes tipo 2 y migraña. Su impacto económico no se limita al gasto que generan para el sistema sanitario: también está relacionado con las incapacidades, el ausentismo, la reducción de jornadas y la salida temporal o definitiva de personas del mercado laboral.
En otras palabras, un deterioro de la salud puede reducir tanto la capacidad de una persona para trabajar productivamente como su participación en la fuerza laboral. El resultado es una pérdida de ingresos potenciales y de producción económica.
Juan Vargas, economista de la Universidad de Costa Rica (UCR), subrayó que una parte del impacto puede quedar fuera de los registros debido a que los trabajadores informales no aparecen en las estadísticas de incapacidades.
Las enfermedades que más pesan
La diabetes mellitus tipo 2 y la migraña fueron los dos padecimientos que representaron la mayor carga socioeconómica en Costa Rica durante 2022. La primera generó un impacto de $1.100 millones, mientras que la segunda alcanzó los $800 millones.
Al trasladar esas cifras al tamaño de la economía nacional, la diabetes tipo 2 representó una carga equivalente al 1,6% del PIB y la migraña, al 1,2%.
La metodología utilizada por el estudio combina la economía de la salud con el análisis de las matrices de la cadena de valor, bajo el concepto de capital humano, para cuantificar en términos monetarios la carga socioeconómica de siete enfermedades en ocho países de América Latina.
El peso económico de las enfermedades, sin embargo, no es el único indicador de su impacto. La salida temporal o definitiva del mercado laboral por razones de salud también se refleja en los años de vida ajustados por discapacidad (AVAD), una medida que combina los años de vida perdidos por muerte prematura y los años vividos con discapacidad.
En 2022, las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias concentraron pérdidas de salud y vida equivalentes al 12% y 13,3%, respectivamente, según el análisis.
Dejar de producir
El costo económico de una enfermedad no aparece únicamente en lo que el sistema sanitario debe gastar para atenderla. También está en lo que la economía deja de producir cuando una persona no puede trabajar.
Una incapacidad puede sacar temporalmente a una persona de su puesto de trabajo; una reducción de jornada disminuye las horas disponibles para producir; una enfermedad de larga duración puede terminar en una salida permanente del mercado laboral.
A esto se suma un efecto menos visible: los ingresos que deja de percibir una persona y los recursos que debe destinar su familia para atenderla.
El estudio Salud y desigualdad en América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), señala que peores niveles de salud suelen traducirse tanto en una menor capacidad para trabajar productivamente como en una menor participación en la fuerza laboral. Esto puede generar menores ingresos por ausentismo y exclusión laboral.
La pérdida de ingresos puede coincidir, además, con un aumento de los gastos de los hogares. Según la Cepal, los costos de cuidados y tratamientos, así como el pago de medicamentos, consultas e intervenciones, pueden afectar de manera significativa el presupuesto familiar, especialmente cuando se trata de enfermedades crónicas o de larga duración.
En los casos más extremos, advierte el organismo, esos gastos pueden llevar a los hogares a caer en pobreza, dificultar su salida de ella o profundizar una situación de pobreza existente.
La vulnerabilidad frente a una enfermedad no se distribuye de forma uniforme entre los trabajadores. La informalidad representa alrededor del 40% del empleo total en Costa Rica, según el Estudio Económico de la OCDE sobre el país publicado en 2025. Esta condición puede limitar el acceso efectivo a mecanismos de seguridad social vinculados al empleo y hacer más difícil sostener los ingresos cuando una persona debe reducir su jornada, ausentarse o abandonar temporalmente su actividad económica por razones de salud.
Incluso entre quienes cuentan con cobertura de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el acceso oportuno a la atención puede estar condicionado por los tiempos de espera. Un trabajador en planilla puede recurrir a la medicina privada si sus ingresos se lo permiten o esperar su turno en clínicas, Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) y hospitales.
Las listas de espera de la CCSS muestran la dimensión de ese problema. Al 31 de julio de 2026, el tiempo promedio de espera para una intervención quirúrgica era de un año y tres meses, mientras que para una consulta de atención especializada alcanzaba un año y medio.
Prevenir para no pagar después
El impacto económico de las enfermedades plantea una discusión que va más allá de cuánto cuesta atenderlas una vez que aparecen. También obliga a mirar cuánto puede costarle al país no prevenirlas o no detectarlas a tiempo.
Laura Rodríguez, médica y fundadora de Essencia Azul Health and Longevity, sostiene que la medicina preventiva, abordada de manera integral y con la participación de especialistas en nutrición, psiquiatría y terapia física, puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes.
La discusión adquiere mayor relevancia en un país cuya población vive cada vez más años. Mientras la esperanza de vida al nacer era de 64,7 años en 1960, para 2026 la estimación alcanza los 81,2 años.
Vivir más años también amplía el período durante el cual una persona puede enfrentar enfermedades crónicas o condiciones que limiten su capacidad de trabajar. Por eso, una salida temprana del mercado laboral por razones de salud no solo significa perder un salario: también implica reducir durante más tiempo la capacidad productiva de esa persona.
El efecto puede ser todavía más fuerte entre quienes trabajan en la informalidad, al no contar necesariamente con los mismos mecanismos de protección ante una enfermedad o una incapacidad.
De gasto a inversión
Las repercusiones de las enfermedades sobre los hogares, el sistema sanitario y la productividad llevan la discusión hacia una pregunta de fondo: cuánto le cuesta al país atender las consecuencias de una enfermedad y cuánto podría ahorrar si logra prevenir parte de ellas.
Desde esa perspectiva, el gasto en salud deja de ser únicamente una partida presupuestaria y puede entenderse como una inversión en capital humano.
“Es hora de acabar con esta idea errónea y tomar conciencia del papel fundamental que desempeñan las inversiones sanitarias en el fomento del crecimiento económico”, señala el estudio de WifOR, al destacar la relación entre salud y crecimiento económico en regiones como América Latina, donde persisten importantes desigualdades.
Los hábitos saludables, la detección temprana de padecimientos y el seguimiento adecuado de los tratamientos pueden reducir no solo la presión sobre los servicios de salud, sino también las pérdidas asociadas con el ausentismo, las incapacidades y la salida de trabajadores del mercado laboral.
Vargas coincide en que, cuando se mide adecuadamente el rendimiento del gasto en salud, resulta difícil encontrar una inversión que no genere una alta rentabilidad para el país.
Cada incapacidad tiene un costo que va más allá del salario que deja de percibir un trabajador. Cuando miles de personas enferman, ese impacto se acumula en los hogares, en el sistema de salud y en la economía. Los $2.800 millones estimados para 2022 son, en última instancia, el precio de una parte de la capacidad productiva que el país dejó de aprovechar.
