La discusión en torno al proyecto de ley de armonización del Sistema Eléctrico Nacional tomó un giro puramente político este miércoles 27 de mayo.
En sus más recientes declaraciones en conferencia de prensa, la presidenta de la República no mencionó que el Poder Ejecutivo tenga un “plan B” o una estrategia de contingencia técnica si la propuesta que se discute actualmente fracasa en la Asamblea Legislativa.
En su lugar, Fernández indicó que apostará por trasladar la responsabilidad política a la oposición ante un eventual desabastecimiento energético.
Fernández defendió la gestión de su gabinete y aseguró que se está trabajando en “sacar cualquier olorcito de corrupción” y mantener un manejo eficiente de las finanzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero señaló limitaciones estructurales de la institución autónoma para enfrentar los retos del futuro cercano.
“Lamentablemente al ICE, aunque muy bueno, no le alcanza la capacidad para llevarnos a donde ocupamos estar los próximos 25 años y nadie está obligado a lo imposible”, aseveró de forma tajante en conferencia de prensa.
La política del “culpable” ante la falta de alternativas
Según se indicó en la conferencia, Costa Rica requiere ampliar su capacidad de generación eléctrica y el ICE no está en condiciones para asumir la inversión. El Ejecutivo defiende el proyecto de armonización actual como una salida al problema, pues cambia las condiciones de la generación privada, la cual entregaría el faltante en los próximos años.
El proyecto fue aprobado en primer debate el 26 de mayo, pero carece de los 38 votos necesarios para su aprobación en segundo debate. El oficialismo cuenta solo con 31 votos. El Partido Liberación Nacional (PLN) tiene 17 diputados que ya anunciaron en bloque su rechazo al actual proyecto, con lo cual el texto no tiene posibilidades de ser aprobado. Fernández ordenó este mismo miércoles al ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, desconvocar el proyecto bajo el argumento de dar al PLN y al Frente Amplio (que también se opone a la iniciativa) tiempo para analizar el tema y cambiar de posición.
Al ser confrontada sobre el rumbo que tomará Costa Rica si la situación sigue como hasta ahora y este proyecto no se aprueba, la presidenta dejó claro que su única línea de acción será la denuncia pública.
“Cuando las empresas vean que aquí no hay de lo que ocupan y se vayan a Panamá, se vayan a República Dominicana, se vayan a El Salvador, se vayan a Colombia, diay, yo lo que voy a tener que decir es ‘ahí están los culpables, los responsables, los irresponsables’, diay, no tengo otra cosa más que pueda decirle al país”, sentenció la gobernante.
Con este planteamiento, el Ejecutivo traslada por completo el peso de una eventual crisis a la oposición en el Congreso.
Sobre el proyecto
El proyecto plantea una actualización de las reglas que regulan la generación, transmisión, distribución y comercialización de la electricidad, con la promesa de introducir mayor competencia y dinamizar el sector.
Se busca que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no sea el único comprador de energía autorizado del país, sino que entidades públicas y privadas también puedan comprar y vender energía en un mercado mayorista.
La iniciativa también redefine el papel del ICE, al trasladar la administración y coordinación del sistema eléctrico nacional a un nuevo órgano autónomo, separado de la institución que históricamente ha concentrado esa potestad.
Las bancadas opositoras temen que la medida provoque un aumento en las tarifas para los consumidores, eleve el riesgo de apagones en el país y debilite al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
