EscucharLas próximas elecciones presidenciales no solo activaron la maquinaria interna de los partidos políticos para definir sus fórmulas y atraer votantes. También provocó que la administración en ejercicio diseñara desde Zapote una estrategia de mercadeo político orientado a asegurar la continuidad del proyecto chavista más allá del actual cuatrienio.
El interés del gobierno de Rodrigo Chaves por entregar la banda presidencial a una agrupación afín —ante la ausencia de un partido y una estructura orgánica que los identifique— derivó en la construcción de una marca política donde el proyecto de Ley Jaguar se convirtió en el punto de partida de una narrativa que busca seguidores.
De acuerdo con el Informe Estado de la Nación 2025, realizado por el Programa Estado de La Nación (PEN), a pesar de que la administración actual tiene menor capacidad e interés de gestionar políticas públicas, sí tienen un proyecto político que no se basa en políticas públicas, sino en crear un movimiento sin un partido de base.
“Estas acciones parecen configurar un reto a las normas legales de beligerancia política y una práctica contraria a las costumbres prevalecientes en el país en las últimas décadas”, señala el informe.
La proyección de jerarcas en las papeletas del nuevo partido que competirá en 2026 y la atracción de alcaldes de otras agrupaciones para consolidar presencia territorial constituyen los otros pilares en la estrategia de mercadeo.
El jaguar
La propuesta del proyecto de Ley Jaguar marcó el primer paso para agrupar a los partidarios del chavismo, siempre enfocado en el personalismo y no en los colores de una agrupación. Dicha Ley tenía el objetivo de modificar los controles sobre la administración pública y su eventual aprobación sería sometida a referéndum.
La reforma legal que comunicó Rodrigo Chaves se convirtió en la principal iniciativa para reposicionar a su administración. Según el informe del Estado de la Nación, el proyecto se acompañó de una campaña de propaganda y de imagen orientada a despertar el interés ciudadano.
El planteamiento para eliminar lo que el Gobierno consideraba barreras institucionales pretendía además facilitar la ejecución de dos obras estratégicas: Ciudad Gobierno y la Terminal de Cruceros y Marina de Limón. Sin embargo, los cuestionamientos legales y constitucionales frenaron la meta del Ejecutivo.
A pesar de que el objetivo del Gobierno no prosperó, sí marcó el inicio de mercadeo a través de una narrativa que utilizó un símbolo: el jaguar. Eso desencadenó que naciera un nuevo partido político que adoptó la imagen del jaguar en su bandera; sin embargo, no recibió el apoyo del presidente de la República y en su lugar se instauró el Partido Pueblo Soberano (PPSO), con Laura Fernández, exministra de la Presidencia del gobierno actual, como la candidata en las próximas elecciones.
El hecho más reciente del uso del término jaguar se dio en la comparecencia del mandatario ante la Comisión Especial de diputados que analiza el levantamiento de la inmunidad de Chaves por presunta beligerancia política. El abogado defensor cerró su intervención diciendo “Los jaguares, señoras diputadas, ¡rugen!”.
Ahora el Ejecutivo vincula ese mercadeo con el PPSO, en un esfuerzo por trasladar la narrativa, la movilización y el capital simbólico hacia el nuevo vehículo electoral. Para Ronald Alfaro, investigador del PEN, esta conducta es inusual y se acerca a los márgenes de lo permitido por la normativa sobre beligerancia política.
Preparación desde Zapote
En la historia del país nunca antes se había visto que desde el Ejecutivo se gestara la fórmula presidencial para gobernar el próximo cuatrienio. La razón de ese comportamiento se debe, según el informe, a que Chaves llegó a la presidencia a través de un vehículo político (Partido Progreso Social Democrático) y sin una estructura orgánica ni marca partidaria. Esa fragilidad institucional llevó al Gobierno a construir durante el mandato una arquitectura política paralela para asegurar continuidad.
La politóloga Carolina Ovares comentó que lo que sucede en Zapote es el síntoma de un problema más grave: un estado “paupérrimo” de la mayoría de los partidos políticos, que son utilizados únicamente como vehículos electorales.
La ausencia de una estructura oficialista sólida provocó la aparición de varias agrupaciones que intentaron alinearse con el Gobierno antes de que el PPSO se consolidara como la opción definitiva. Entre esas organizaciones estuvieron Aquí Costa Rica Manda —que obtuvo 518 regidurías en los comicios municipales—, Partido Esperanza y Libertad, Motiva, Creemos y Renacer Democrático. Todas buscaban convertirse en la casa partidaria del movimiento jaguar, pero la diversidad terminó generando dispersión.
Para ordenar ese panorama, el PPSO propuso una coalición de hecho. Sin embargo, la iniciativa se desvaneció ante la falta de garantías reales de participación para los demás partidos interesados.
“El proceso de formación de una agrupación política desde el Gobierno mencionado, inédito en la política costarricense, ha estado basado en la selección de cuadros dentro del gabinete, su renuncia y posterior anuncio a puestos de elección popular”, asegura el informe.
Las primeras salidas del gabinete tuvieron lugar a finales de enero con jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Ministerio de la Presidencia, Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Educación Pública (MEP).
En total, nueve jerarcas abandonaron sus cargos para aspirar a puestos en las elecciones de 2026, convirtiendo a esta administración en la que más funcionarios ha perdido por motivos electorales.
| Año | Salidas del gobierno por aspiraciones electorales |
|---|---|
| 1981 | Rafael Ángel Calderón y Rodolfo Méndez |
| 1985 | Guillermo Sandoval |
| 1989 | Muni Figueres, Guillermo Constenla y Fernando Naranjo |
| 1993 | Rodolfo Méndez, Guillermo Madriz, Hernán Bravo y Gonzalo Fajardo |
| 2001 | Rodolfo Méndez, Víctor Morales y Gloria Valerín |
| 2009 | Laura Chinchilla, Guillermo Zúñiga, Viviana Martín, Francisco Morales, Carlos Ricardo Benavides |
| 2013 | Maureen Clarke |
| 2017 | Carlos Alvarado, Welmer Ramos y Marcelo Jenkins |
| 2021 | Hernán Solano |
| 2025 | Laura Fernández, Francisco Gamboa, Ana Katherina Müller, Mauricio Batalla, Stephan Brunner, Nogui Acosta, Martha Esquivel, Angela Mata y Cindy Quesada |
Adhesiones cantonales
Al menos 15 alcaldes abandonaron el partido que los llevó al gobierno local y decidieron dar su apoyo público al movimiento chavista. Entre ellos destaca José Miguel Jiménez, alcalde de Río Cuarto, quien manifestó públicamente su apoyo a Rodrigo Chaves e incluso se integró a la campaña de Laura Fernández para ayudar a fortalecer la presencia territorial del PPSO.
Ovares comentó que una de las razones que motivan esos movimientos se concentra en la intención de los alcaldes de continuar con su propio proyecto local en el cantón que representan. Los gobernantes locales buscan la supervivencia política y concretar la reelección.
Los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana acumulan tres fugas cada uno.
| Partidos que perdieron alcaldías que ahora apoyan al PPSO | Cantidad |
|---|---|
| Liberación Nacional | 3 |
| Unidad Social Cristiana | 3 |
| Unidos Podemos | 2 |
| Republicano Social Cristiano | 2 |
| Progreso Social Democrático | 2 |
| Liberal Progresista | 1 |
| Nueva República | 1 |
| Justicia Social Costarricense | 1 |
La lista de cantones que se han sumado al oficialismo incluye Buenos Aires, Bagaces, Atenas, Limón, San Ramón, Carrillo, Coto Brus, Acosta, Turrubares, Guácimo, Monteverde, Guatuso, Río Cuarto, Osa y Barva. Salvo Atenas y Barva, la mayoría corresponde a territorios fuera de la Gran Área Metropolitana, zonas donde el chavismo ha consolidado una fuerza electoral más clara.
Con alcaldías tránsfugas, un gabinete convertido en cantera electoral y un partido diseñado desde el propio Ejecutivo, el movimiento oficialista llega a la contienda con una estructura inédita en la política nacional.
