EscucharA escasos días de la primera ronda electoral del 1.º de febrero, la incertidumbre fiscal marca la agenda de decisión para miles de votantes. En el marco de la cobertura electoral de Grupo Nación, El Financiero habilitó una plataforma digital para escrutar el pensamiento de los aspirantes a la presidencia.
La herramienta “Conozca a los candidatos” recopiló las posturas de los 20 candidatos sobre una interrogante crucial para el bolsillo de los costarricenses: ¿impulsarán la creación, derogación o cambio de impuestos durante el periodo 2026-2030?
El ejercicio periodístico evidenció un bloque mayoritario que rechaza la implementación de nuevas cargas tributarias, apostando por la eficiencia recaudatoria. No obstante, surgen propuestas específicas de gravar servicios digitales, propiedades de lujo y ciertos alimentos por parte de un grupo reducido de aspirantes.
Walter Hernández Juárez, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), propone un mecanismo de consenso político para definir puntos de acuerdo fiscal. Su planteamiento principal no es un impuesto nuevo per se, sino una reasignación de los recursos actuales para beneficio directo del ciudadano.
Hernández explicó que tiene “una propuesta concreta con respecto al IVA (Impuesto al Valor Agregado), que un 1% del 13% que se paga, vaya a una cuenta cedular”. Según el candidato, el objetivo es que ese porcentaje “se va a ir acumulando para que sea una especie de pensión complementaria” desde el nacimiento de la persona.
Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), enfoca su estrategia en la eficiencia administrativa antes que en nuevas cargas. La candidata señaló que “revisaría la razón de ser y efectividad de exoneraciones e impuestos existentes, para concentrarse en los que realmente beneficien al fisco”.
Para Alpízar, la prioridad es atacar la evasión y el trabajo informal. “El énfasis está en fortalecer recaudación y combatir la informalidad de 42–45%, con inspección transparente y publicación de quién paga y quién no”, aseguró en su respuesta.
Boris Molina Acevedo, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), descartó la implementación de nuevos tributos y se mostró a favor de eliminar los existentes si fuera posible. “No. Tenemos que mantenernos con los impuestos que están y, si se pueden quitar, mucho mejor”, afirmó.
Molina argumentó que la clave está en la gestión de cobro, señalando que “lo que tenemos que hacer es cobrarlos de una forma más efectiva”. Además, agregó que no culpa a los evasores actuales, pues considera que “no tienen una motivación real” para cumplir con sus obligaciones.
Natalia Díaz Quintana, del Partido Unidos Podemos (UP), manifestó su deseo de reducir la carga tributaria, aunque reconoció la necesidad de analizar el contexto de recaudación primero. “Yo quisiera poder reducirlos, pero tenemos que ir viendo”, indicó, refiriéndose a la posibilidad de revisar el IVA en la canasta básica.
Díaz enfatizó que su prioridad es la reactivación económica y el apoyo al sector productivo. “Tampoco me metería en quitar exoneraciones, son temas que nos van a desgastar y que no resuelven nada empezando el gobierno”, concluyó la candidata.
Fernando Zamora Castellanos, del Partido Nueva Generación (PNG), rechazó de plano la idea de aumentar la carga impositiva. “Más impuestos no. El 98% de los ingresos públicos son nada más de 15 impuestos”, explicó para justificar su postura.
Zamora considera que “Costa Rica en este momento tiene un problema serio por la enorme cantidad de impuestos”. Sin embargo, aclaró que por el momento no han valorado la eliminación de incentivos fiscales o exenciones específicas.
Marco Rodríguez Badilla, del Partido Esperanza y Libertad (PEL), advirtió sobre la necesidad de revisar los beneficios fiscales actuales. “Hay exoneraciones que hay que eliminar. Hay algunas exoneraciones que son de alto impacto y otras no tanto. Esto hay que verificarlo”, señaló.
El candidato subrayó la importancia de la responsabilidad fiscal para reducir el endeudamiento. “Debemos ser responsables en seguir pagando las deudas que tiene Costa Rica. Hay que bajar esa deuda, esperemos al 55% o 50% para poder dignificar un país”, puntualizó.
David Hernández Brenes, del Partido de la Clase Trabajadora (PT), propuso un cambio radical en la política fiscal, enfocado en la progresividad y la transparencia. “Nos parece que antes de hablar de política fiscal, hay que eliminar el secreto bancario, sobre todo para los grandes empresarios”, aseveró.
Hernández abogó por gravar con más fuerza a los grandes capitales. “Se tienen que potenciar impuestos muchísimo más progresivos que, si yo tengo miles de millones de colones, debo pagar mucho más impuestos”. Además, cuestionó el régimen de zona franca, indicando que es “importantísimo atacar” ese sector.
Ana Virginia Calzada Miranda, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), se opuso a la creación de nuevos tributos que afecten a la clase trabajadora. “No necesitamos en este momento crear nuevos impuestos, porque eso lo que va a hacer es afectar más a la clase trabajadora”, indicó.
Calzada propuso “cero tolerancia” a la evasión fiscal y una revisión cuidadosa de las exoneraciones. “Hay que hacer un balance de cuánto ganamos exonerando y cuánto perderíamos con las exoneraciones”, explicó la aspirante.
Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN), planteó una política fiscal ‘responsable’ que no sacrifique la inversión social. “Vamos a estar enfocados en mantener una política fiscal responsable, pero bajo el entendido de que esa no es justificación para no generar inversión social”, afirmó.
Dobles reconoció que existe margen para analizar beneficios fiscales, aunque no es su prioridad inmediata. “Hay algunas exoneraciones que podemos revisar, pero en este momento no estamos pensando en modificar exoneraciones”, aclaró.
Fabricio Alvarado Muñoz, del Partido Nueva República (NR), prometió presentar un proyecto de ley para depurar el sistema tributario. Su propuesta busca “eliminar todos aquellos impuestos que cuesta más recaudar” y simplificar los trámites hacendarios.
Según su plan de gobierno, Alvarado también propone ajustar reglamentos para “eliminar o finalizar las exoneraciones fiscales otorgadas temporalmente en favor de algunas empresas, según criterios técnicos”, con el fin de mejorar la competitividad.
Ronny Castillo González, del Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), señaló las limitaciones que imponen los acuerdos internacionales en materia fiscal. “Ahorita existe una camisa de fuerza fiscal (...) que viene de acuerdos internacionales que el país ha adquirido, por ejemplo, con el FMI (Fondo Monetario Internacional)”, explicó.
Pese a este contexto, Castillo se opone a nuevos impuestos y apuesta por la tecnología. “Creo que invertir en tecnología, en algoritmos de inteligencia artificial, para poder identificar morosos, es algo que es una inversión inteligente”, sugirió.
Eliécer Feinzaig Mintz, del Partido Liberal Progresista (PLP), mantuvo su promesa de “ni un solo impuesto nuevo” y propuso una simplificación radical del sistema. “Estamos por presentar un proyecto de ley que derogaría varias decenas de impuestos dejando vigentes únicamente los 15 impuestos que más recaudan”, detalló.
Feinzaig argumentó que esta medida facilitaría la administración tributaria y reduciría la evasión. “Al simplificar el sistema tributario se genera un ciclo virtuoso de crecimiento económico que a su vez genera mayor recaudación”, aseguró.
Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), enfoca su propuesta en la eficiencia administrativa y la lucha contra el contrabando. Su plan incluye la “creación de una ventanilla única de impuestos” y “elevar las sanciones por elusión y evasión fiscal”.
Fernández también plantea medidas para reducir costos al consumidor. Se menciona una “desgravación arancelaria progresiva en la importación de los cuales el país tiene una alta dependencia del sector externo, especialmente en aquellos que sean parte de la canasta básica alimentaria”.
José Aguilar Berrocal, del Partido Avanza (PA), criticó la alta carga tributaria actual en relación con la calidad de los servicios públicos. “No haremos impuestos nuevos, me parece que ya la carga tributaria que soporta la iniciativa privada (...) es muy alta”, indicó.
Aguilar propuso redireccionar impuestos existentes hacia la seguridad ciudadana. “El impuesto de la caja de bananos, los impuestos a las sociedades jurídicas, eso debería ser utilizado, única y exclusivamente para poder atender la delincuencia organizada”, ejemplificó.
Claudio Alpízar Otoya, del partido Esperanza Nacional (PEN), defendió la estructura tributaria actual basada en renta e IVA, rechazando nuevas cargas. “Antes que crear nuevos impuestos, corresponde cobrarlos bien, cerrar espacios de evasión y elusión y modernizar Hacienda Digital”, afirmó.
El candidato sugirió que una mejora en la recaudación podría beneficiar a los contribuyentes a futuro. Aseguró que el uso correcto de los recursos “permitiría, con mejor recaudación de IVA, reducir gradualmente su tasa”.
Álvaro Ramos Chaves, del Partido Liberación Nacional (PLN), cuestionó la transparencia de las cifras fiscales actuales antes de comprometerse con medidas específicas. “Sería irresponsable hablar de qué decisiones tomar, cuando no están diciendo la verdad”, sentenció.
Ramos advirtió sobre una caída en la recaudación que debe ser atendida. “Se ha dejado de recaudar entre ¢300.000 millones y ¢400.000 millones por año”, señaló, enfatizando la necesidad de revisar los números reales.
Douglas Caamaño Quirós, del Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1), negó la creación de impuestos y apostó por la explotación de recursos naturales. “No, pero sí vamos a reorganizar la distribución de recursos (...) con los ingresos extraordinarios que vamos a recibir por la colocación del gas y el oro de Crucitas”, propuso.
Caamaño busca mejorar la competitividad sin afectar el bolsillo ciudadano. “Si logramos mejorar un poquito la competitividad, no tenemos que golpear el bolsillo de los costarricenses”, concluyó.
Luis Amador Jiménez, del Partido Integración Nacional (PIN), sugirió un impuesto selectivo enfocado en la salud pública. “Solo los alimentos que son nocivos para la salud tienen impuestos, ese sería uno de los que yo implementaría en Costa Rica”, afirmó.
Además, Amador planteó revisar la tributación de los salarios más altos. “Creo que hay que dar la lección de que los que están ganando salarios en ese nivel no pueden seguir pagando 25% cuando en otros países eso está casi al 50%”, indicó respecto a los ingresos superiores a ¢10 millones.
Ariel Robles Barrantes, del Partido Frente Amplio (FA), aseguró que no impulsará cambios drásticos en la estructura tributaria. “No, no vamos a eliminar ni impuestos ni exoneraciones. El país está pasando por una situación en la cual podemos administrar los impuestos que tenemos”, explicó.
Robles insistió en la gestión eficiente de los recursos actuales. “Tampoco vamos a crear nuevos impuestos. Hay que administrar lo que tenemos, el aparato fiscal que tenemos administrarlo bien”, dijo.
No obstante, en su programa de gobierno, Robles propone un impuesto para herencias de más de $3 millones.
Juan Carlos Hidalgo Bogantes, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), propuso reducir las cargas sociales y compensar los ingresos con nuevas medidas. “Queremos reducir las cargas sociales que son impuestos a la planilla (...) eliminando el 7,25% del impuesto a la planilla”, detalló.
Para financiar este ajuste, Hidalgo planteó dos fuentes de ingresos frescos, incluyendo un gravamen a servicios digitales. “Uno es una retención del 5% por concepto del impuesto de la renta a las plataformas tecnológicas”, especificó, refiriéndose a empresas como Uber y Netflix.
Conclusión
En balance, aunque la narrativa dominante para el periodo 2026-2030 se ancla en la eficiencia administrativa y el rechazo a nuevas cargas generales, el electorado no debe perder de vista los matices.
Las propuestas aisladas de gravar servicios digitales, productos nocivos para la salud o grandes capitales rompen la uniformidad del discurso, dejando en manos del votante decidir si la ruta hacia la estabilidad fiscal depende exclusivamente de una mejor gestión de lo existente o si requiere de estos ajustes quirúrgicos en la estructura tributaria.
