EscucharEl fortalecimiento de las empresas que operan fuera del régimen de zona franca es uno de los temas a tratar de la campaña. Grupo Nación consultó a los aspirantes a la presidencia sobre sus planes para este sector, aunque no todos los candidatos accedieron a la entrevista.
La pregunta específica planteada a los postulantes fue: ¿Cómo planea reactivar la actividad económica de las empresas locales que carecen de incentivos fiscales para producir?
Las respuestas se centran en la reducción de trámites, cambios en la educación técnica y reformas a la seguridad social. A continuación, presentamos las propuestas de cada aspirante disponibles en la plataforma "Compare a los candidatos“.
Walter Hernández Juárez, Partido Justicia Social Costarricense (PJSC), identifica el costo de la seguridad social como la principal barrera. “El problema fundamental es que la persona que quiere cotizar lo menos que le van a cobrar son unos ¢32.000 mensuales”, señaló el candidato.
Hernández Juárez propone una negociación para flexibilizar estos montos y atraer a los informales. “Tenemos que negociar para que esa gente se incorpore a la formalidad y solo paguen entre ¢7.000 y ¢9.000”, con el objetivo de ampliar la base de cotizantes de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Luz Mary Alpízar Loaiza, Partido Progreso Social Democrático (PPSD), propone un apoyo integral que supere lo fiscal. “Apoyaría a las pymes (pequeñas y medianas empresas) mediante asistencia en mercadeo, digitalización y acompañamiento desde universidades e instituciones, más allá de simples exenciones”, indicó.
La aspirante sugiere medidas escalonadas para dar oxígeno a los nuevos negocios en sus etapas críticas. “Crear esquemas graduales para emprendimientos en sus primeros años”, con el fin de garantizar su supervivencia en el competitivo mercado local.
Boris Molina Acevedo, Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD), cuestiona la concentración de beneficios. “Este país ha trabajado siempre para el 3%, que son las empresas más grandes en cantidad. Entonces, claro, producen más o menos un 40%, pero son empresas grandes”.
Molina Acevedo busca equilibrar. “Entonces, si nosotros dinamizamos la economía para que esas pequeñas y medianas empresas sean las que crezcan, vamos a lograr mejores resultados sin que necesariamente afectemos, por ejemplo, a la gente que está en zona franca”.
Natalia Díaz Quintana, Partido Unidos Podemos (UP), propone utilizar la estructura existente de comercio exterior. “Fortaleciendo los encadenamientos productivos con una estrategia que sea impulsada con más fuerza desde Procomer (Promotora de Comercio Exterior), no solamente en zona franca, sino también en el régimen definitivo”.
La candidata también señala la escasez de mano de obra calificada. “El problema del país no es la falta de trabajo... pero no existe talento humano para contratar. Yo me centraría en eso”.
Fernando Zamora Castellanos, Partido Nueva Generación (PNG), plantea revertir las políticas de importación. “Creemos que esta política pública del gobierno de estimular indebidamente las importaciones en productos en los que somos buenos como los agroindustriales es una política absolutamente errada y la vamos a revertir”.
Zamora Castellanos plantea el desarrollo de infraestructuras específicas. “Vamos también con una política en el caso agroindustrial de inyección de tecnología y con parques agroindustriales”.
Marco Rodríguez Badilla, Partido Esperanza y Libertad (PEL), enfoca su estrategia en la formación técnica. “El INA (Instituto Nacional de Aprendizaje) y las universidades deben ser formadores para estos emprendedores. La economía social solidaria, sobre todo en el tema de cooperativas, ha venido haciendo un trabajo muy grande”.
El aspirante destaca el potencial de replicar estos modelos. “Debemos replicarlos en las comunidades para que puedan surgir otros tipos de negocios”.
David Hernández Brenes, Partido de la Clase Trabajadora (PT), sostiene que los incentivos fiscales son insuficientes. “Cualquier mediano o pequeño productor tiene que enfrentar un mercado completamente saturado en el que si usted tiene un muy buen producto, la misma competencia lo va a destruir”.
Hernández Brenes propone una confrontación directa. “Hay que atacar a los grandes productores y empresarios de este país, que son los principales enemigos de los pequeños y medianos empresarios”.
Ana Virginia Calzada Miranda, Partido Centro Democrático y Social (PCDS), ofrece un subsidio temporal. “Tenemos planteado en el programa de gobierno subvencionar el pago de la Caja, por un año, a las pequeñas empresas en un 50%”.
La candidata también menciona la importancia de la educación financiera. “Muchas veces se les da el crédito, pero no se les enseña cómo utilizarlo, cómo llevar las finanzas, cómo invertirlas”.
Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana (PAC-ADN), busca crear un marco normativo diferenciado. “Nuestro enfoque en el plan de gobierno es priorizar el régimen definitivo (...) Queremos generar una especie de régimen de mipymes”.
Dobles Camargo plantea una transición hacia la formalidad. “Queremos también generar un proceso de transición a la formalidad, entendiendo que las micro, pequeñas y medianas empresas no pueden cumplir con las cargas sociales”.
Fabricio Alvarado Muñoz, Partido Nueva República (NR), no concedió entrevista, pero su plan de gobierno menciona la transformación de la formación técnica. Rediseñar el INA mediante una reforma legal para convertirlo en agencia de reconversión laboral orientada a la demanda.
Asimismo, propone la creación de zonas de desarrollo específicas. “Declarar polos de inversión territorial con incentivos diferenciados, coordinación institucional y ventanilla única empresarial”.
Ronny Castillo González, Partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), cuestiona la efectividad de los mecanismos de crédito actuales. “Me parece que ha funcionado muy mal el sistema Banca para el Desarrollo. Creo que existe una necesidad de reformar completamente ese sistema”.
Castillo González se enfoca por modernizar las fuentes de financiamiento. “Una nueva ley reguladora de mercado de valores que (...) incorpore temas de activos digitales, de crowdfunding (financiación colectiva) y otros mecanismos modernos de financiamiento”.
Eliécer Feinzaig Mintz, Partido Liberal Progresista (PLP), propone una digitalización total. “Vamos a digitalizar el 100% de los trámites; con esto no solo se agilizan las cosas, sino que se elimina el cara a cara donde se permite el ‘mirá, te ofrezco tanto’”.
Feinzaig Mintz propone una limpieza normativa. “Vamos a eliminar o sustituir un montón de decretos que establecen regulaciones ridículas; por ejemplo, en el tema de la importación de químicos y medicamentos”.
Laura Fernández Delgado, Partido Pueblo Soberano (PPSO), no brindó entrevista. Su plan de gobierno propone la digitalización de procesos, mediante mecanismos de trazabilidad y rendición de cuentas.
El documento programático también señala el apoyo financiero. “Promoción de polos de desarrollo productivos, la creación de programas de fondos de avales, talleres y capacitaciones”.
José Aguilar Berrocal, Partido Avanza (PA), quiere replicar los modelos de agilización de trámites. “La ventanilla única de trámites que tienen en las zonas francas, que es fantástico. Eso queremos hacerlo para el régimen definitivo”.
Aguilar Berrocal sugiere utilizar el ahorro nacional. “Estamos muy interesados en aprovechar los fondos de pensiones, hacer la reforma regulatoria necesaria para que se puedan usar para desarrollar infraestructura”.
Claudio Alpízar Otoya, Partido Esperanza Nacional (PEN), enfoca su propuesta en recuperar la capacidad de consumo. “Se debe aliviar el costo de vida de la clase media (...) restringiendo su capacidad de consumo y frenando el mercado interno”.
El aspirante plantea intervenir el mercado de medicamentos. “Fomentaría una verdadera competencia en medicamentos —incluso con una distribuidora mayorista desde la CCSS”.
Álvaro Ramos Chaves, Partido Liberación Nacional (PLN), enfoca su estrategia en los ecosistemas productivos y el poder de compra del Estado. “En algunos casos, uno puede tener disposiciones de que las compras, por ejemplo, del sector público, tengan una orientación hacia empresas de producción local”, explicó.
El candidato señala que la normativa actual es insuficiente para garantizar este apoyo. “Esa disposición hoy no es tan clara. Hay que tener un componente de origen local en muchas de las compras públicas”, puntualizó.
Douglas Caamaño Quirós, Partido Alianza Costa Rica Primero (CR1), propone cerrar el programa Empléate para implementar un nuevo esquema de subsidio salarial y ahorro. “Un programa de ¢400.000, llevarlo a ¢500.000, de los cuales, ¢300.000 van para la empresa que contrate al joven como parte del salario y los otros ¢200.000 se van a quedar en el limbo para que ese joven, al final, tenga acceso a una vivienda digna”, detalló.
El candidato promete incentivos adicionales para el empleador. “Durante ese lapso, los empresarios van a tener un beneficio fiscal con la CCSS (Caja Costarricense de Seguro Social)”, concluyó.
Luis Amador Jiménez, Partido Integración Nacional (PIN), sugiere modernizar tecnológicamente a las pequeñas empresas. “Si estamos hablando de las Pymes hay que hacer un régimen especial y darles apoyos tecnológicos de digitalización, para que ellos puedan acceder a mercados regionales”.
Para el sector agrícola, propone la automatización. “Desarrollar sus conocimientos técnicos de cómo se produce, con equipo para que puedan hacer la producción más automatizada”.
Ariel Robles Barrantes, Partido Frente Amplio (FA), destaca las iniciativas legislativas ya aprobadas. “Ya hemos aprobado una iniciativa de ley (...) que es una exoneración de alrededor de tres años a las pequeñas y medianas empresas del impuesto de la renta”.
Robles Barrantes también menciona las mejoras para los trabajadores independientes. “Logramos también aprobar una iniciativa para cambiar lo que sucede ahora donde cada trabajador independiente paga un impuesto muy alto”.
Juan Carlos Hidalgo Bogantes, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), advierte sobre la brecha entre los dos motores de la economía nacional. “Nos vamos a enfocar en ver cómo le damos todo tipo de incentivos y chineos a estas empresas en el régimen definitivo”, aseguró.
El candidato propone homologar las condiciones mediante la desregulación y reducción de cargas. “Emparejar la cancha significa no bajar a las zonas francas (...) pero ver cómo paulatinamente hacemos que la zona en el régimen definitivo se parezca cada vez más a una zona franca”.
Cierre de campaña y jornada electoral
Las cartas están sobre la mesa a pocos días de la cita con las urnas. El ambiente político alcanza su punto máximo de efervescencia, con la maquinaria de los simpatizantes desplegada en las calles y un electorado que termina de definir su voto en medio de debates de cierre.
La discusión sobre la reactivación económica del régimen definitivo se perfila como un factor determinante en la decisión de miles de votantes, especialmente aquellos vinculados a las micro, pequeñas y medianas empresas que constituyen la mayoría del parque empresarial del país.
Este domingo 1.º de febrero, los costarricenses podrán acudir a los centros de votación para elegir, entre estas 20 opciones, el rumbo que tomará la política económica nacional durante el próximo cuatrienio, en una jornada que promete ser decisiva para el futuro del empleo y la producción local.
