La posibilidad de que el Ministerio de Hacienda, en una propuesta del Poder Ejecutivo, adquiera la potestad de embargar bienes y cuentas bancarias sin la orden de un juez genera inquietud en el sector productivo.
Para Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), aunque el combate a la evasión y el contrabando es una prioridad compartida, otorgar estas facultades sin restricciones “no suena como una buena idea” y podría vulnerar la seguridad jurídica. Sin embargo, dice que todavía deben analizar el texto de la propuesta.
El jerarca advierte que esta discusión surge en una coyuntura sumamente compleja para las empresas. Actualmente, el sector lidia con un estancamiento del Régimen Definitivo y una fuerte pérdida de competitividad derivada de la apreciación del colón, con un tipo de cambio en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) que roza los ¢450.
En esta entrevista con El Financiero, Capón profundiza en los riesgos de las nuevas propuestas de Hacienda, el impacto de una política monetaria que considera restrictiva, un tipo de cambio que dice que “cruza el límite” de lo que pueden aguantar las empresas y la viabilidad de una nueva reforma fiscal.
La conversación se dio el 28 de julio pasado.
¿Qué posición tiene la Cámara sobre el proyecto del Ministerio de Hacienda que permitiría embargar bienes sin orden de un juez?
Como antecedente, el Gobierno nos llamó para exponer la preocupación por la situación fiscal, el contrabando y la evasión. El contrabando y la informalidad representan competencia desleal hacia el sector productivo formal. Apoyamos las políticas para combatir esto.
No obstante, todavía no analizamos ese texto. El planteamiento de que Hacienda tenga acceso a nuestros bienes y cuentas bancarias sin mucha restricción genera preocupación y no suena como una buena idea.
Son temas técnicos bastante complejos. Entiendo que tenemos un problema de mora en el cobro judicial, la cual es altísima y afecta al Gobierno, a las empresas privadas y a los ciudadanos.
Consideramos importante discutir esto y buscar soluciones ante los procesos eternos de cobros, los cuales requieren plazos más razonables. Esto debe darse sin afectar la seguridad jurídica, pilar fundamental de la oferta de valor para inversionistas nacionales y extranjeros.
Con respecto a la gestión del Poder Ejecutivo, surgen términos como “autoritarismo” o “dictadura” para calificarla. ¿Le preocupan estos juicios sobre la administración?
Más allá de retóricas, necesitamos que los actores políticos se enfoquen en modernizar nuestro Estado y nuestras instituciones para que trabajen por el bienestar de la gente.
Las instituciones sin aportes deben dejar de estorbar. Debemos buscar oportunidades para la mayoría de nuestra población. Si centramos la atención en retóricas, perdemos el foco de la verdadera discusión.
La mayoría de la gente muestra interés en que nuestro Estado y nuestra democracia trabajen en el desarrollo del país, para lograr un entorno competitivo con oportunidades de crecimiento.
¿Cómo está impactando la apreciación del colón al sector industrial?
Tenemos dos profundas preocupaciones. Una se relaciona con el lento crecimiento del Régimen Definitivo (RD), donde las empresas industriales sostienen niveles muy bajos o inclusive muestran un leve decrecimiento.
La otra es el tipo de cambio, porque afecta directamente la competitividad; las empresas exportadoras venden dólares y pagan sus costos de producción mayoritariamente en colones. Esos dólares rinden cada vez menos para cubrir costos.
Bajamos del rango de los ¢500 al de ¢450. Existe consenso de que esta apreciación cruza el límite de lo que las empresas logran soportar. Esto impacta también a las industrias que venden en el mercado local y compiten con productos importados.
De hecho, el factor número uno que mencionan las empresas de Zona Franca (Régimen Especial) es el tipo de cambio, el cual dispara los costos de producción internos.
¿Qué medidas requieren para combatir este panorama desfavorable?
Insistimos en dos áreas de trabajo. En primer lugar, el Banco Central mantiene una política sumamente restrictiva: bajaron la Tasa de Política Monetaria (TPM) solo un 0,25%, lo cual es poco frente a más de 30 meses con inflación negativa.
Segundo, el país necesita mejorar su competitividad: requerimos la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional para abrir el mercado a la competencia y mejorar costos. Llevamos años en una discusión de la que, si se hubiera resuelto antes, ya estaríamos viendo los resultados.
Además, enfrentamos problemas de disponibilidad de mano de obra calificada; el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) representa una carga social con más de $400 millones acumulados sin ejecutar.
Proponemos modernizar el INA o reducir esa carga sobre los salarios, al igual que las cuotas del Banco Popular.
Informes de la OCDE y cifras macro destacan el brillo de la economía costarricense, pero el Gobierno discute una posible reforma fiscal. ¿Es coherente que ambos escenarios estén sobre la mesa?
Costa Rica mantiene una economía dual donde el crecimiento en los regímenes especiales es extraordinario, con niveles de dos dígitos sostenidos por largos plazos, y la inversión extranjera directa es sumamente favorable.
Sin embargo, notamos un estancamiento en el Régimen Definitivo, de donde proviene la mayoría de los ingresos del Gobierno, como el impuesto sobre la renta. La apreciación del colón y la inflación negativa deterioran también los ingresos estatales.
El Gobierno proyecta un deterioro en las finanzas públicas, pero si carga la búsqueda de ingresos frescos sobre el sector productivo, causará un doble perjuicio y afectará aún más el crecimiento. El reto es plantear ingresos frescos sin desacelerar al RD.
Además de los ingresos, el tema del gasto es vital. El país sostiene 330 instituciones públicas.
Necesitamos revisarlas para que se mantengan las que cumplen sus fines, transformar o eliminar las que no y adecuar las demás para generar valor a la sociedad.
