La distribución de curules en la Asamblea Legislativa obligará a una negociación constante entre la bancada oficialista y las agrupaciones que conforman la oposición durante el período constitucional 2026-2030. Aunque el oficialismo cuenta con una mayoría que le permitirá impulsar proyectos de ley de trámite simple, la matemática parlamentaria cambia cuando la discusión se traslada a iniciativas que requieren mayoría calificada.
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) tiene los votos suficientes para sacar adelante proyectos de mayoría simple —cuenta con 31 curules y se requieren 29—; sin embargo, cualquier intento de aprobar reformas constitucionales, suspender garantías individuales o impulsar transformaciones estructurales dependerá inevitablemente de acuerdos con las fuerzas opositoras.
Es precisamente en el terreno de la mayoría calificada —el de los 38 votos— donde empiezan a aflorar las principales tensiones entre ambos bloques. Uno de los primeros pulsos podría darse con la eventual discusión sobre el levantamiento de garantías individuales, una propuesta que el Gobierno mantiene sobre la mesa, pero que ya encuentra resistencia en distintas bancadas.
Álvaro Ramírez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), comentó a El Financiero que su bancada no estará dispuesta a negociar iniciativas que comprometan la independencia del Poder Judicial, las libertades públicas, las garantías individuales de los costarricenses o la libertad de prensa.
Ese es apenas uno de los temas donde las agendas del oficialismo y la oposición empiezan a divergir. A esa lista se suman proyectos heredados de la administración anterior que permanecen estancados en la corriente legislativa y que, lejos de encontrar un terreno más favorable, podrían enfrentar un escenario político desfavorable.
Seguridad
La presidenta Laura Fernández manifestó durante su campaña electoral que estaría dispuesta a solicitar el levantamiento de las garantías individuales ante una eventual escalada del sicariato y del crimen organizado en el país. Para hacerlo necesita el respaldo de, al menos, 38 diputados, lo que permitiría suspender temporalmente derechos constitucionales como el libre tránsito, la intimidad de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio.
Claudia Dobles, legisladora de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), mantiene una posición contraria a esa posibilidad. Más bien sostiene que la responsabilidad del Gobierno pasa por diseñar una estrategia nacional de seguridad acompañada de una coordinación efectiva con el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.
Aunque Dobles representa un único voto en Cuesta de Moras, su postura no luce aislada. Otras bancadas opositoras comparten una visión similar.
A José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), la propuesta incluso le parece “una locura”. Como alternativa, plantea reforzar la presencia policial en las calles.
Banco de Costa Rica
La eventual venta del Banco de Costa Rica es otro de los puntos que amenaza con profundizar el choque político. Durante la campaña electoral, Fernández planteó esa posibilidad como una alternativa para atender la crisis financiera del fondo de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Una eventual iniciativa para privatizar el banco encuentra, desde ya, un terreno adverso en el Congreso. El Frente Amplio, con siete diputados; el PLN, con 17 legisladores; así como el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la CAC, con una curul cada uno, rechazan la posibilidad de vender uno de los activos del Estado.
La ruta legislativa para concretar la privatización del banco luce cuesta arriba. Cualquier intento del Ejecutivo no solo enfrentaría falta de votos, sino también el riesgo de quedar atrapado en una larga cadena de mociones y maniobras reglamentarias.
Proyectos que seguirán varados
De acuerdo con Kattia Benavides, politóloga y analista de temas legislativos, la agenda del Ejecutivo y la oposición no calza en la discusión del proyecto de Ley Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados (24.290).
La discusión se mantuvo durante la administración Chaves Robles sin avances significativos debido a las mociones presentadas por la oposición de la legislatura de ese periodo constitucional.
El FA fue la bancada que lideró esa resistencia al considerar que la propuesta no garantiza una verdadera generación de empleo ni protege adecuadamente los derechos laborales. Para el próximo cuatrienio, su posición no cambiará.
En una situación similar se encuentra el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.414), otra de las apuestas del Ejecutivo que no logró materializarse entre 2022 y 2026. La iniciativa buscaba actualizar las reglas de generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica mediante una mayor apertura del mercado y la incorporación de un operador técnico independiente.
Para Benavides, el expediente 23.414 se enfrentará a dificultades porque las diferencias entre ambos bloques trascienden lo técnico y responden a visiones opuestas sobre el papel del Estado en sectores estratégicos. “El Frente Amplio tiene una posición de protección sobre las entidades del Estado mientras que el Gobierno busca una apertura del mercado. Además, el Ejecutivo está enfocado en el tema económico y el Frente Amplio en el tema ambiental”, explicó.
La composición del Congreso dibuja un escenario de gobernabilidad parcial para la administración 2026-2030: suficiente músculo político para impulsar su agenda ordinaria, pero no para ejecutar transformaciones estructurales sin construir acuerdos.
