Celso Gamboa —exministro de Seguridad, exjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exfiscal adjunto— y Edwin López —exconvicto conocido como Pecho de Rata— protagonizan el primer caso de posible extradición de costarricenses a Estados Unidos (EE. UU.).
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a Gamboa y a López a solicitud de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. por presunto tráfico internacional de drogas.
Esta detención ocurrió a poco más de un mes de que la Asamblea Legislativa aprobó la reforma al artículo 32 de la Constitución Política para dar paso a la extradición de nacionales en caso de narcotráfico o terrorismo.
La acción conjunta entre naciones tuvo que cumplir una serie de pasos y debe seguir unas cuantas reglas más para que el objetivo de las autoridades estadounidenses se cumpla. EF le explica en qué casos se realiza la extradición, qué pasos debe cumplir el país requirente para solicitar la extradición de un costarricense y cómo actúan las autoridades nacionales.
¿En qué casos aplica la extradición de costarricenses?
Desde mayo del presente año, cualquier costarricense involucrado en tráfico internacional de drogas o terrorismo puede ser extraditado al país donde cometió el delito, cuando así lo solicite el Estado requirente.
La reforma al artículo 32 de la Constitución Política de Costa Rica permite la extradición decretada por un Tribunal de la República.
¿Ante quién se solicita la extradición?
Cuando un país descubre que algún costarricense cometió un delito en su territorio y el presunto criminal reside en Costa Rica, es necesario que el Estado ofendido envíe una petición formal vía diplomática donde solicita la extradición de quien cometió el delito.
Rubén Hernández, abogado constitucionalista, explicó que en EE. UU. los primeros pasos a seguir son los siguientes: el Tribunal de EE. UU. (en el caso de Celso Gamboa el tribunal correspondiente es el de Dallas, Texas) le solicita al Departamento de Justicia la extradición; seguidamente se eleva el caso al departamento de Estado y es dicha entidad la encargada de enviar la petición al Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.
Es necesario que el Estado requirente anexe una copia del expediente donde se describe el caso por el que se juzga a la persona.
Los pasos a seguir
Después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores recibe la solicitud, se procede a enviar el caso a un juzgado penal y el imputado estará detenido hasta por dos meses mientras se tramita la extradición.
A pesar de que la extradición de nacionales es reciente, Costa Rica ya contaba con la Ley de Extradición (4.795) aplicable a extranjeros. El artículo 9 describe que el gobierno requirente debe presentar “documentos comprobatorios” de la sentencia condenatoria.
El Tribunal Penal del I Circuito de San José es el encargado del caso y dará audiencia hasta por 20 días, de los cuales diez días serán para proponer pruebas.
Costa Rica también cuenta con el Tratado de Extradición con EE. UU. Allí se indica que todos los documentos deberán traducirse al idioma del Estado requerido; en este caso, en español.
Varias extradiciones
El Tratado de Extradición con EE. UU. sostiene que se deben considerar los siguientes aspectos si el país recibe varias solicitudes de extradición del mismo imputado:
- El Estado en donde el delito se cometió.
- La gravedad de los delitos si los Estados solicitan la extradición por diferentes delitos.
- La posibilidad de reextradición entre los Estados requirentes.
- El orden en el cual las solicitudes de los Estados requirentes fueron recibidas.
Asimismo, se dará preferencia a la solicitud “presentada por un Estado con el cual exista un tratado de extradición”, según el convenio.
La extradición
Si el Tribunal aprueba la solicitud se le avisa al país requirente que puede ingresar a territorio costarricense para extraditar a la persona de interés.
Pablo Solano, abogado penalista, aclaró que la pena de muerte no aplica en el caso de extradición.
“Si el país requirente no se compromete a no aplicar la pena de muerte, no se puede extraditar”, comentó Solano.
El tratado entre ambos países también resalta que la fecha y lugar de la extradición será acordado entre las partes contratantes. Pero si la salida de la persona reclamada no ha sido realizada en el plazo prescrito, puede ser puesta en libertad.
