EscucharLa población costarricense envejece a un ritmo acelerado, lo que convierte al país en el más avanzado de Centroamérica y el Caribe en términos de envejecimiento poblacional. Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el grupo de personas adultas mayores pasará del 16% al 20% del total de la población durante la presente década.
Este segmento etario, que crece año tras año, demandará servicios de atención especializada para garantizar una adecuada calidad de vida. Sin embargo, el acceso a estos servicios está condicionado por su elevado costo, que resulta inalcanzable para una parte significativa de los hogares.
De acuerdo con el Programa Estado de la Nación (PEN), la mitad de las personas trabajadoras en Costa Rica devenga menos de ¢420.000 mensuales. En contraste, el valor promedio de la atención diurna privada y de los servicios residenciales supera ese nivel de ingresos, lo que evidencia una brecha estructural entre las necesidades de cuidado y la capacidad económica de los hogares.
Es decir, mientras la población que requiere servicios de atención continúa en aumento, los ingresos no alcanzan para cubrir las demandas asociadas al envejecimiento. “La oferta de servicios de cuido es costosa y excluyente”, advierte el PEN en su edición 2025.
Ante este panorama, el informe plantea la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos (Sinca), cuyo costo estimado equivale al 0,3% del producto interno bruto (PIB). Esta cifra se sitúa por debajo del promedio de inversión que destinan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a sus sistemas de cuidados de larga duración, con naciones que invierten entre un 0,4% y 4% del PIB.
Envejecimiento acelerado
Costa Rica enfrenta una transición demográfica marcada por dos tendencias simultáneas: la reducción sostenida de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida. La tasa de nacimientos por cada mil habitantes cayó de 15,05 en 2014 a 8,87 en 2024. La esperanza de vida pasó de 79,82 años en 2016 a 81,05 años en 2025.
Lidia Orias, académica del Programa para la Promoción de la Gestión y el Ordenamiento del Territorio de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad Nacional, calculó que para 2050 cerca del 25% de la población costarricense superará los 65 años.
“La población en edad de trabajar se reducirá, y vamos a tener un nivel de dependencia alto. Es decir, Costa Rica tendrá 39 personas adultas mayores por cada 100 personas en edad laboral, lo que representa una carga demográfica alta y un fuerte desafío para los sistemas de salud, cuidados y pensiones”, indicó Orias en un comunicado.
Esta transición demográfica ejerce una presión creciente sobre la disponibilidad de servicios de atención para personas adultas mayores, cuya demanda se incrementa a mayor velocidad que la capacidad de respuesta del sistema.
Costo por encima de los ingresos
Desde 2022, el país cuenta con el Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para personas adultas y personas adultas mayores en situación de dependencia (Sinca), cuyas prestaciones incluyen residencias de larga estancia, centros de día, atención domiciliar, teleasistencia y transferencias monetarias para el cuidado en el entorno familiar.
Según datos del PEN, la atención de una persona adulta mayor en un centro de día subsidiado tiene un costo promedio mensual de ¢278.000. Ese mismo servicio, bajo financiamiento privado, asciende en promedio a ¢436.000.
En el caso de la atención domiciliar, el servicio brindado por una persona cuidadora independiente ronda los ¢200.000 mensuales. Cuando la contratación se realiza por medio de una empresa especializada, el costo promedio se eleva a ¢400.000, con montos que pueden alcanzar hasta ¢580.000 por mes.
Aunque existe una amplia variedad de precios según la modalidad de atención, estos costos pueden igualar o incluso superar la totalidad de los ingresos mensuales de una persona trabajadora. Según el PEN, la mitad de la fuerza laboral del país percibe ¢420.000 o menos al mes, lo que limita el acceso a servicios de cuidado especializados. Bajo este escenario, numerosos hogares quedan excluidos de opciones orientadas a preservar la calidad de vida de las personas adultas mayores.
“Los costos de atención de una persona adulta mayor superan el salario mínimo legal y, en muchos casos, exceden los ingresos de la mitad de los hogares”, subraya el informe.
Datos del Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), suministrados a El Financiero con corte a octubre de 2025, confirman esta situación: el 29,5% de las personas asalariadas percibe un salario bruto igual o inferior a ¢400.000 mensuales. Este grupo enfrenta mayores dificultades económicas para acceder a servicios de atención para personas mayores de 65 años.
Posibles soluciones
“Garantizar la sostenibilidad a largo plazo del Sinca supone adoptar un modelo mixto de financiamiento, mejorar la coordinación institucional entre las entidades responsables y establecer mecanismos de monitoreo continuo para realizar ajustes oportunos conforme evolucionen las necesidades y los recursos disponibles”, indica el PEN.
Algunas de las alternativas planteadas se inspiran en experiencias internacionales de países como Estados Unidos, Reino Unido y España. Una de ellas consiste en incorporar la prestación de cuidados dentro de los sistemas de pensiones, mediante un componente adicional destinado a financiar los cuidados de larga duración.
Otra opción es la hipoteca inversa, un mecanismo mediante el cual las personas adultas mayores propietarias de vivienda venden su inmueble a una entidad financiera y reciben a cambio un ingreso mensual fijo, que puede destinarse a cubrir servicios de atención.
El copago también figura entre las herramientas analizadas. Este esquema implica que las personas usuarias del sistema aporten un monto proporcional a sus ingresos y patrimonio, de modo que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan más, mientras que los sectores más vulnerables accedan a subsidios.
A través de estas opciones se plantea que el cuido deje de recaer principalmente en las mujeres y, en su lugar, se les brinde la posibilidad de incorporarse al mercado laboral y cotizar para una pensión.
En un país que envejece con rapidez, el reto ya no es solo ampliar la oferta de servicios de cuido, sino asegurar su sostenibilidad y acceso. Los cuidados familiares no alcanzarán para responder a las necesidades que impone el acelerado envejecimiento poblacional.
