La candidata presidencial de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, se encuentra en la carrera presidencial acompañada por un equipo económico donde destacan dos profesionales con los que compartió de cerca mientras era la primera dama del periodo 2018-2022 cuando el presidente fue su esposo, Carlos Alvarado.
No obstante, el equipo que acompaña a Dobles no se limita a perfiles provenientes del gobierno central. La coalición integró especialistas con formación en administración de empresas, administración pública y academia, con el objetivo de construir una propuesta económica de base técnica y con una visión integral del desarrollo.
La coalición sostiene que desde su visión progresista apuestan por un modelo que “combine estabilidad macroeconómica con justicia social, que asegure empleos dignos, salarios suficientes y protección frente a las vulnerabilidades, y que promueva la competitividad, la producción nacional y su inserción internacional con sostenibilidad y valor agregado”.
¿Quiénes conforman ese equipo económico y cuáles son las iniciativas que delinearon como hoja de ruta para el país en esta materia? El Financiero solicitó a la CAC el detalle de los integrantes y revisó las propuestas contenidas en el plan de gobierno 2026-2030.
De investigadores a exministros
Uno de los integrantes es Elián Villegas, exministro de Hacienda y expresidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), quien acumula más de 30 años de experiencia en el sector financiero y actualmente se desempeña como abogado consultor en mercados financieros y finanzas corporativas. Según la coalición, ha liderado procesos clave en estructuración de productos, regulación, litigio estratégico y consolidación fiscal, tanto desde el ámbito político como desde el sector privado.
A este grupo se suma Francisco Delgado Jiménez, exviceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, consultor en diseño de políticas públicas y especialista en desarrollo económico y protección social. Delgado cuenta con una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard y es licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica (UCR). Además, ha trabajado como economista de políticas de protección social en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y en el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El equipo también incorpora a Viviana Boza, consultora en gestión estratégica, liderazgo y desarrollo organizacional. Entre sus credenciales académicas figuran una maestría en Administración y Dirección de Empresas y una maestría en Gerencia de Políticas y Programas Sociales, además de una especialización en gestión de empresas familiares. De acuerdo con la CAC, Boza ha asesorado a organizaciones en la construcción de modelos de gobernanza, planificación estratégica, sucesión generacional y liderazgo ágil, integrando la sostenibilidad y el bienestar como ejes transversales.
Asimismo, forma parte del equipo el economista Suráyabi Ramírez Varas, graduado de la UCR y magíster en Administración Pública por la London School of Economics (LSE). Actualmente, es candidato a doctor en Política Social en esa misma institución. Ramírez ha trabajado como investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso Costa Rica), en el Observatorio del Desarrollo y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR, con un enfoque en política social, desarrollo económico y evaluación de políticas públicas.
El grupo se completa con Mauricio Castro Esquivel, quien posee una maestría en Economía y un bachillerato en Informática por la UCR. Según la coalición, cuenta con más de 20 años de experiencia en mercados bursátiles, mercados de valores y en el desarrollo y gestión de proyectos tecnológicos.
Principales propuestas económicas
Con este respaldo técnico, los cinco especialistas dieron forma a la propuesta económica que la CAC plantea como guía para el próximo cuatrienio. Aunque el plan abarca múltiples áreas, El Financiero recopiló las iniciativas centrales que delinean la visión del grupo en materia fiscal, monetaria y cambiaria, sector financiero, competencia y empleo.
Política fiscal: La CAC propone fortalecer la plataforma Hacienda Digital mediante herramientas tecnológicas y cruces automáticos de información sin crear ni aumentar impuestos, con una recaudación adicional estimada en hasta 1,5% del PIB hacia 2030.
La estrategia fiscal incluye el refinanciamiento de la deuda con instrumentos de menor costo, como eurobonos y empréstitos, y el aprovechamiento de la reducción del saldo de deuda para disminuir el pago de intereses.
Al cierre de la década, la deuda total se ubicaría por debajo del 54,2% del PIB y el servicio de intereses no superaría el 3% del PIB. Además, contempla un aumento gradual de la inversión en educación, seguridad, infraestructura e inversión social entre 2026 y 2030, así como la creación de una comisión especializada para estructurar proyectos de infraestructura mediante esquemas estandarizados, titularización o project finance, orientados a atraer inversión institucional con altos estándares de transparencia.
Política monetaria y cambiaria: La coalición plantea resguardar la autonomía del Banco Central para mantener una inflación baja y estable, incorporando consideraciones sobre empleo y actividad productiva. Además, propone fortalecer las capacidades del Sector Público No Financiero para gestionar sus requerimientos cambiarios en el mercado interbancario y a plazo, habilitar al Ministerio de Hacienda para administrar depósitos en el sistema financiero internacional y desarrollar, junto a la Bolsa Nacional de Valores, un mercado formal de futuros de divisas y tasas de interés con contratos estandarizados y cámara de compensación central.
Sector financiero: La propuesta impulsa la digitalización de los servicios bancarios y reformas legales para precisar el uso y financiamiento de los fondos de resolución bancaria, así como los mecanismos de reembolso y las primas de los seguros de depósitos.
Para combatir los créditos informales “gota a gota”, se plantea crear créditos de consumo de baja denominación, otorgados mediante facilidades electrónicas y con evaluación automática de riesgo.
El enfoque incluye el uso de pagarés electrónicos, el fortalecimiento del Centro de Información Crediticia con registros en tiempo real y la creación de un sandbox regulatorio para fomentar la innovación y la competencia en áreas como fintech, open banking, blockchain, activos digitales e inteligencia artificial.
Política de competencia: La CAC propone reforzar las capacidades de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom) para actuar en mercados oligopólicos y monopólicos no regulados, mediante una verificación más efectiva de prácticas anticompetitivas basada en indicadores de concentración y uso intensivo de datos y tecnología, ampliando el enfoque de protección al consumidor hacia la prevención del abuso de poder de mercado.
Trabajo decente: El bloque laboral plantea actualizar el marco de inspección laboral con perspectiva de género para reducir el incumplimiento de derechos y promover empleo decente. En materia salarial, propone una política de salarios crecientes para los dos quintiles de menores ingresos y el establecimiento de un salario mínimo digno que permita cubrir una canasta básica ampliada.
