El sector público costarricense es bastante fértil. En la década de 2010 dio a luz a 32 nuevas instituciones, lo cual elevó a 332 el número de entidades cobijadas bajo la sombrilla del Gobierno.

La expectativa de vida para estas nuevas instituciones es prometedora. En el mismo periodo, la Asamblea Legislativa solo ha estudiado cuatro proyectos de ley para la disolución de instituciones públicas. Ninguno se ha aprobado.

El nacimiento de nuevas entidades públicas, que alcanza un promedio de cuatro al año entre 1949 y 2010, es un fenómeno natural. El aparato estatal debe responder a las necesidades y demandas de una sociedad cambiante.

El problema es la incapacidad de las diferentes administraciones de reorganizar instituciones, para que respondan a estas nuevas necesidades. Si reorganización es mala palabra en el sector público, el cierre es tabú absoluto.

La tentación de crear nuevas instituciones para evitar el costo político de reorganizar es enorme. Casi tanto como el tamaño del Estado costarricense, que cada década crece a un ritmo promedio del 23% desde la década de 1950 hasta la actualidad.

Algunas de estas instituciones forman parte del Gobierno central y sus órganos como el Poder Judicial o el Legislativo; otras conforman el sector público descentralizado, en el que se agrupan las instituciones autónomas, empresas públicas y municipalidades.

Para llegar a la población actual, el Estado ha pasado por épocas de especial fertilidad. En la década de 1990 se crearon 61 entidades, y 54 en los 70.

La institucionalidad costarricense es, además, la más numerosa del Istmo, según revela el IV informe del Estado de la Región. Casi una tercera parte de todas las entidades públicas de Centroamérica pertenecen a Costa Rica.

Si bien crear nuevas instituciones no es problema; proponer cambios en las existentes o incluso cerrarlas es misión casi imposible. “Hay una actitud conservadora dentro de las instituciones. Son reacias a cambiar”, comentó Roberto Gallardo, ministro de Planificación.

El proceso de transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) es ejemplo de la lentitud con que el Estado se adapta a los cambios.

La idea de reformar el IDA surgió en marzo de 2007, cuando la Contraloría General de la República (CGR) después de establecer la existencia de irregularidades, recomendó la reestructuración o cierre del Instituto.

Debieron pasar cinco años de debate legislativo y negociaciones con las organizaciones gremiales antes de que en mayo de este año se echara a andar el plan para que la entidad abandone su papel tradicional de distribuidor de tierras.

“Ahora la institución puede convertirse en un promotor del desarrollo rural, con facultades para realizar obra pública dentro y fuera de sus asentamientos”, aseguró Rolando González, presidente ejecutivo del Inder.

Pese a la larga espera, la historia de esta institución es una de éxito si se la compara con la del Consejo Nacional de Producción (CNP) que tras 10 años de turbulencias económicas todavía no concreta los cambios necesarios.

“El problema del CNP es que padece de obsolescencia institucional. Se creó en circunstancias económicas y de mercado diferentes a la de hoy, no se actualizó su estructura. Lo que hoy tenemos es una institución que es dueña de propiedades, y a todos les interesa por eso”, aseguró Álvaro Sáenz, presidente de la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA).

Con los años de crisis se han desperdiciado las instalaciones del Consejo que suman 600.000 metros cuadrados y cuentan con capacidad de almacenamiento útil para el sector productivo.

“Tienen activos que podrían apoyar la producción de granos, pero están en un estado de desatención que hacen su funcionamiento deplorable”, dijo Carlos González, presidente de la Cámara de Industriales del Arroz.

Por otra parte, el cierre de instituciones representa un elevado costo político que los gobiernos difícilmente quieren saldar.

Como no se pueden cerrar instituciones, y cambiarlas es un proceso de años; es más fácil crear nuevas entidades que se hagan cargo de las necesidades cambiantes de la población. Y cada nueva entidad trae su catálogo de trámites bajo el brazo.

La lucha contra la tramitología, baldón de la competitividad nacional, es una de las banderas del sector empresarial.

“La Unión de Cámaras ha venido trabajando e indicándole a las autoridades donde están los cuellos de botella en torno a la reducción de trámites; sin embargo, urge no solo mayor conciencia y disposición de las autoridades, sino también de todos los funcionarios públicos para eliminar trámites innecesarios y acortar el tiempo que se toman para analizar desde una inscripción de una medicina hasta los trámites para la aprobación de créditos”, se quejó la principal organización empresarial del país en un comunicado de prensa.

Existen esfuerzos por disminuir, digitalizar o facilitar los trámites; sin embargo, estos todavía no se dejan sentir con suficiente fuerza entre los usuarios para representar un alivio significativo.

Además de las penurias que pasan empresarios y ciudadanos para cumplir el viacrucis de trámites, en el país la multiplicación de instituciones diluye los recursos que puede otorgar a cada una las pírricas arcas estatales.

“Si usted tiene un presupuesto finito y muchas instituciones que financiar, pues a cada una le toca muy poco. Entonces, tampoco tienen el recurso necesario para cumplir su misión efectivamente”, explicó Gallardo.

Poco dinero, muchas necesidades y cero flexibilidad son los elementos que se conjugan para que, a pesar de la fuerte institucionalidad del país, los usuarios estén lejos de sentirse satisfechos.