La administración Chaves Robles convirtió el veto presidencial en uno de sus principales recursos para objetar las decisiones de la Asamblea Legislativa. Esta práctica marcó la relación entre ambos poderes durante el periodo 2022-2026 y evidenció las dificultades para construir acuerdos políticos. El Gobierno recurrió a esta potestad en 17 ocasiones, la cifra más alta desde que inició el sistema multipartidista en 2002. Así lo señala el Informe Estado de la Nación 2026, que advierte que la administración Chaves Robles debilitó la capacidad del sistema político para gestionar políticas públicas.
Para Kattia Benavides, politóloga y experta en temas legislativos, los 17 vetos son particularmente relevantes porque reflejan una relación entre poderes marcada por una mayor confrontación y una menor capacidad para construir acuerdos antes de que los proyectos llegaran a su etapa final.
Aunque el Congreso mantuvo una elevada producción de leyes durante el cuatrienio, la proporción de legislación sustantiva —aquella con impacto directo en el desarrollo humano— fue menor que en el periodo anterior, según el informe.
Más vetos y resellos
El veto es una potestad constitucional de quien ejerce la Presidencia de la República y constituye un mecanismo legítimo de control. Su regulación se encuentra en los artículos 125, 126, 127 y 128 de la Constitución Política.
El problema no está en su utilización, sino en la frecuencia con que se convierte en una vía para resolver diferencias que pudieron procesarse mediante la negociación política.
Los 17 vetos de Chaves representan casi cuatro veces el promedio de las tres administraciones anteriores y constituyen la cifra más alta desde el gobierno de Luis Alberto Monge (1982-1986), quien recurrió a esta herramienta en 39 ocasiones.
“Más allá de reflejar únicamente una diferencia sobre el contenido de una ley, su uso también puede interpretarse como un indicador de las limitaciones del Ejecutivo para construir acuerdos legislativos en las fases previas del proceso decisorio”, explicó Ronald Alfaro, politólogo e investigador del Programa Estado de la Nación.
La Asamblea Legislativa puede dar respuesta a los vetos por medio del resello: mecanismo constitucional que permite superar un veto y aprobar nuevamente un proyecto de ley. Durante la administración Chaves Robles se registraron seis resellos legislativos, el mayor número desde 1986.
Uno de ellos ocurrió el 7 de septiembre de 2023, cuando el Congreso reselló, con 29 votos a favor y 16 en contra, el expediente 23.581, impulsado por el PUSC. La iniciativa buscaba reformar la legislación tributaria para que la Unión Europea excluyera a Costa Rica del Anexo I, conocido como la lista negra de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal.
El proyecto eliminaba la posibilidad de gravar rentas pasivas obtenidas en el extranjero por personas o empresas residentes en Costa Rica.
El episodio ilustra cómo una diferencia que no encontró salida en la negociación política terminó trasladándose a una disputa entre poderes. Benavides señaló que cuando una ley se aprueba, recibe un veto presidencial y luego es resellada por el Congreso, el desacuerdo institucional alcanza otro nivel.
“Estamos ante un desacuerdo institucional que ha escalado. Esto tiene costos: consume tiempo legislativo, recursos públicos y retrasa la implementación de decisiones importantes para el país”, advirtió.
Menos decretos y menor incidencia en la agenda legislativa
La confrontación entre poderes no fue la única señal de una menor capacidad de incidencia del Ejecutivo. Durante el último año de las nueve administraciones que gobernaron desde 1990, cada una promulgó, en promedio, 728 decretos; Chaves Robles emitió 585, por debajo de ese registro.
La diferencia fue aún mayor en los decretos de alto alcance, aquellos que regulan asuntos de gran trascendencia o desarrollan políticas públicas con efectos significativos sobre la población. El Gobierno emitió 86 durante su último año, la cifra más baja para un cuarto año de administración desde 1990.
En la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo también perdió peso. Durante el cuatrienio convocó 273 proyectos para su discusión en sesiones extraordinarias, de los cuales 33 fueron aprobados. Esto representa una tasa de éxito del 12%, la más baja desde que existen registros.
La tendencia llegó a su punto más bajo en la última legislatura (2025-2026): de las 223 leyes aprobadas, únicamente 21 (9%) fueron de iniciativa gubernamental.
Durante ese último año legislativo, el 45% correspondió a legislación sustantiva, es decir, normas que tienen un impacto directo en el desarrollo humano, amplían derechos o incorporan nuevas competencias y obligaciones al Estado. Además, quedó lejos del 69,5% registrado en 2021-2022, último año de la administración Alvarado Quesada.
El menor peso de las iniciativas gubernamentales no significó que el Congreso dejara de legislar. Entre 2022 y 2026 se aprobaron 681 leyes, apenas por debajo de las 694 del cuatrienio anterior, lo que convirtió al periodo en el segundo más productivo desde que existen registros comparables.
El balance muestra una diferencia entre cantidad y alcance: hubo una elevada producción legislativa, pero menos participación del Ejecutivo y una menor proporción de leyes sustantivas.
De hecho, el Estado de la Nación no encontró evidencia de una parálisis legislativa que impidiera al Gobierno avanzar en su agenda. Por el contrario, sus iniciativas recibieron un amplio apoyo de las fracciones opositoras en las votaciones de los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo: el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido Nueva República (PNR) respaldaron el 99% de las iniciativas; Progreso Social Democrático (PPSD) un 96%, Liberación Nacional (PLN) un 93%, Frente Amplio respaldó un 92% de las iniciativas, mientras que el Partido Liberal Progresista brindó el apoyo al 92% de los proyectos de ley del Ejecutivo.
La diferencia estuvo, en buena medida, en la forma de relacionarse con el Congreso. Según el informe, mientras la administración Alvarado Quesada apostó por la negociación política y la construcción de una coalición para facilitar la aprobación de proyectos, el gobierno de Rodrigo Chaves orientó sus esfuerzos a impulsar un movimiento político-electoral desde el propio Ejecutivo.
