La gestión de los flujos migratorios se consolidó como una de las principales prioridades de la política exterior de la administración del presidente Donald Trump.
Más allá de las medidas fronterizas, Washington implementa una serie de “acuerdos novedosos” con países de Latinoamérica para controlar la migración, que incluyen desde programas de “autodeportación” voluntaria hasta pactos de cooperación en materia de seguridad.
Costa Rica, por su posición geográfica y su estabilidad, es un socio clave para Estados Unidos en estas negociaciones. El país no solo es un punto de tránsito para miles de migrantes que viajan hacia el norte, sino que también participó en acuerdos para la recepción de personas deportadas desde territorio estadounidense.
Ahora, una nueva estrategia, revelada por la agencia de noticias Reuters a través de un documento oficial, detalla un plan para que Estados Unidos financie directamente las operaciones de deportación desde territorio costarricense, utilizando fondos usualmente destinados a otros fines.
El Departamento de Estado de Estados Unidos planea gastar hasta $7,85 millones para ayudar a “Costa Rica con asesoría técnica y apoyo logístico, incluyendo transporte aéreo, para trámites de deportación”, según el documento visto por Reuters.
Según el texto, el Departamento de Estado transferirá dinero de su “fondo de apoyo económico” —que usualmente se utiliza para impulsar el desarrollo en países aliados— al Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Posteriormente, el DHS colaborará con las autoridades costarricenses para facilitar las deportaciones desde el país.
El precedente de Panamá y la controversia
El acuerdo con Costa Rica se basa “en parte” en un pacto similar firmado en 2024 entre la administración del expresidente Joe Biden y Panamá, mediante el cual Estados Unidos financió la detención y deportación de migrantes que transitaban por ese país.
En su momento, ese acuerdo generó críticas de defensores de los migrantes y de miembros del Partido Demócrata, quienes argumentaron que la medida podría impedir que poblaciones vulnerables tuvieran acceso al sistema de asilo de Estados Unidos.
El nuevo documento, enviado a oficinas del Congreso estadounidense, señala que el objetivo es apoyar al Gobierno de Costa Rica en “la realización de operativos de deportación de migrantes que no cuentan con protección internacional ni otras bases legales para permanecer en el país”.
Las actividades incluirían “asesoría técnica y apoyo logístico, incluido transporte aéreo, para los procedimientos de deportación”.
Incertidumbre sobre los detalles
Al ser consultado por Reuters, el Departamento de Estado sugirió que los fondos están destinados principalmente a deportar a los inmigrantes que pasan por el país en camino a EE.UU., en lugar de repatriar a aquellos ya deportados desde Estados Unidos.
“El programa fortalecerá la capacidad de las autoridades migratorias costarricenses para detener el flujo migratorio ilegal a través de sus fronteras”, dijo un portavoz.
El documento no especifica cuándo comenzará el esfuerzo, a qué países se deportaría a los migrantes, ni el perfil de las personas que serían afectadas.
Reuters aseguró que los ministerios de Seguridad Pública, Dirección General de Migración y Extranjería, Cancillería y Presidencia no respondieron a las solicitudes de comentarios de la agencia.
