El informe anual del representante comercial de Estados Unidos amplía las áreas de fricción con Costa Rica, suma dos secciones inéditas y documenta un déficit bilateral que creció 84,5% en un solo año.
Por primera vez, el National Trade Estimate Report (NTE) de 2026 —el inventario anual de barreras comerciales que elabora la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR)— abre la sección dedicada a Costa Rica con un resumen del intercambio bilateral.
El dato que encabeza ese resumen es contundente: el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con Costa Rica llegó a $3.700 millones en 2025, un aumento de 84,5% respecto al año anterior. Esa cifra no es solo un indicador económico, es el telón de fondo que ayuda a explicar por qué Washington amplió, ajustó y profundizó sus quejas contra San José este año.
Las quejas que no desaparecen
El eje central del malestar estadounidense se mantiene intacto de un informe al otro. Costa Rica sigue aplicando un impuesto selectivo de consumo discriminatorio sobre los licores importados. La legislación establece tres tramos según el contenido alcohólico: el problema es que la empresa estatal produce principalmente licores al 30% ABV —en el tramo de menor carga fiscal—, mientras los destilados internacionales típicamente se embotellan al 40% ABV, lo que los empuja al tramo más alto. El agravio se profundiza porque los importadores deben pagar el impuesto antes del despacho de aduana, mientras los productores nacionales tienen hasta 15 días posteriores a la venta.
En materia fitosanitaria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sigue demorando permisos de importación para papas frescas y cebollas en períodos de cosecha local o ante choques de oferta, con un señalamiento que se mantiene prácticamente calcado de un NTE al siguiente.
La contratación pública también persiste como fuente de tensión: empresas privadas estadounidenses alegan desventajas frente a empresas estatales costarricenses en sectores como tecnología de la información y seguros, porque la ley permite adjudicaciones directas a entidades públicas sin licitación abierta, con una simple certificación de eficiencia del funcionario a cargo.
En propiedad intelectual, Estados Unidos repite su llamado a publicar los reportes sobre uso de software con licencia en el gobierno, fortalecer la aplicación de normas antipiratería en línea y modernizar los procesos de registro aduanero para frenar mercancías falsificadas.
Lo que cambió: avances y alertas nuevas
El informe de 2026 no es una simple repetición del de 2025: hay movimientos en ambas direcciones. Por el lado de los avances, dos fricciones históricas se cerraron en 2025 y el NTE 2026 lo deja consignado. El mercado costarricense de papas de mesa (tablestock) estuvo cerrado para exportadores estadounidenses desde 2013, pero en mayo de 2025 el MAG completó los requisitos técnicos para reabrirlo, luego de años de gestión del USTR, el Departamento de Agricultura y la Embajada de Estados Unidos en San José.
También en mayo de 2025, Costa Rica acordó un procedimiento simplificado para el registro de instalaciones y productos lácteos estadounidenses, sustituyendo cuestionarios extensos con información que las empresas calificaban de irrelevante y confidencial, y que generaban retrasos de varios meses.
Las novedades llegan por el lado de las alertas. El NTE 2026 incorpora una sección sobre barreras técnicas al comercio (TBT) que no existía en el informe anterior.
Allí se señala una regulación costarricense del año 2004 (RTCR 384-2004) que fija estándares de calidad para frijoles negros y rojos basados en criterios que Estados Unidos califica de arbitrarios y anticientíficos.
El ejemplo más llamativo es el método: inspectores que evalúan la calidad del frijol cocido presionando los granos con los dedos. La norma fija que los frijoles de primera calidad deben estar cocidos en 95 minutos y los de segunda calidad en 126 minutos, sin considerar que los tiempos de cocción varían significativamente, lo que según la industria estadounidense ha afectado sus exportaciones de frijoles secos al recibir precios menores por embarques degradados o rechazados.
La segunda incorporación es una sección de trabajo (labor), completamente ausente en 2025. Estados Unidos expresa preocupaciones sobre el cumplimiento de Costa Rica en materia de derechos laborales reconocidos internacionalmente, con énfasis en un ambiente de trabajo seguro y saludable y en la aplicación efectiva de la legislación laboral.
El señalamiento más directo: Costa Rica no prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzado, lo que —según el reporte— puede suprimir artificialmente los costos de producción de ciertos bienes y generar una ventaja desleal.
A esto se suma una tercera sección inédita sobre políticas no comerciales de mercado (NMPPs), en la que se indica que Costa Rica no toma medidas suficientes contra prácticas que distorsionan el mercado, no ha firmado un Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos y no participa en el Foro Global sobre Exceso de Capacidad en Acero.
El peso del CAFTA-DR como marco
Todas estas quejas se articulan dentro del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAFTA-RD), vigente para Costa Rica desde el 1 de enero de 2009.
El tratado es, al mismo tiempo, el instrumento que eliminó aranceles para la mayoría de los bienes no agrícolas desde 2015 y el estándar con el que Estados Unidos mide los incumplimientos costarricenses.
Costa Rica ya eliminó sus aranceles sobre arroz y productos lácteos estadounidenses, un paso que el propio informe reconoce. Pero Washington advierte que aún quedan productos agrícolas sensibles sujetos a cuotas de importación (TRQs) cuya liberalización completa sigue pendiente, incluyendo papas frescas y cebollas.
El volumen del comercio bilateral da dimensión al conflicto. Las exportaciones de bienes de Estados Unidos hacia Costa Rica sumaron $10.200 millones en 2025, un 6,2% más que en 2024. Las importaciones desde Costa Rica llegaron a $13.900 millones, con un alza de 19,7%, y el país se consolidó como el mercado número 34 para las exportaciones de bienes estadounidenses.
En servicios, el déficit también favorece a Costa Rica: Estados Unidos exportó $2.800 millones al país e importó $5.900 millones, para un saldo negativo de $3.100 millones.
