Costa Rica debe dejar de apostar casi exclusivamente por más carreteras y pasos a desnivel y empezar a gestionar la demanda de viajes, según el Estudio de Movilidad Segura 2025 elaborado por el Centro para la Sostenibilidad Urbana en colaboración con Grupo Purdy.
El documento, presentado este martes, indica que el país ha enfocado la mayoría de sus recursos en la provisión de infraestructura, mientras la congestión, la siniestralidad y los costos económicos asociados a la movilidad siguen creciendo, lo que indica que el paradigma tradicional está agotado.
El informe plantea que nuevos enfoques de planificación recomiendan actuar sobre la demanda y destaca el enfoque Evitar‑Cambiar‑Mejorar como marco para reordenar la política de transporte.
“Evitar” implica reducir la necesidad de desplazamientos obligados mediante mejor planificación territorial, mayor cercanía entre vivienda, empleo y servicios, y aprovechamiento de herramientas tecnológicas que sustituyen viajes físicos.
“Cambiar” supone trasladar una parte importante de los desplazamientos hacia el transporte público y modos activos, hoy debilitados y poco protegidos.
“Mejorar” se refiere a optimizar el sistema existente, con gestión inteligente del tráfico, diseño vial seguro y tecnologías que reduzcan el impacto por pasajero transportado, en lugar de limitarse a ampliar carriles.
El contexto que ofrece el estudio refuerza esta recomendación. Entre 2013 y 2024, la flota vehicular de Costa Rica pasó de unos 1,2 millones a casi 1,9 millones de vehículos, con fuerte dinamismo en automóviles particulares y motocicletas, mientras la flota de autobuses y taxis permanece estancada o incluso disminuye.
Esta motorización acelerada, combinada con un transporte público débil, alimenta un patrón en el que más personas dependen del vehículo privado, incrementando la exposición al riesgo vial y la presión sobre una red que ya no absorbe el volumen de tránsito.
En materia de desempeño vial, el informe muestra que casi la mitad de la red nacional se encuentra saturada en horas pico y que los cantones de la Gran Área Metropolitana concentran niveles de congestionamiento que afectan de forma directa productividad y calidad de vida.
Además, se documenta un aumento sostenido de los tiempos de atraso por cada 100 metros recorridos y un desplazamiento de la congestión hacia puntos críticos específicos, asociados tanto al crecimiento de la demanda como a cierres y obras en rutas estratégicas.
El impacto económico de este modelo es considerable. Estimaciones citadas en el estudio señalan que el congestionamiento en la Gran Área Metropolitana ronda el 3,8% del PIB, y que los costos anuales derivados de los problemas de transporte podrían superar el 4% del PIB cuando se consideran diferentes metodologías.
A esto se suman las pérdidas empresariales directas por atrasos y la mala gestión de proyectos de infraestructura, con sobrecostos que pueden alcanzar hasta un 65% respecto al presupuesto inicial, sin que ello se traduzca en mejoras estructurales equivalentes.
En paralelo, la dimensión de seguridad vial se presenta como una crisis de salud pública. Para el período 2012‑2023 se contabilizan 5.438 personas fallecidas en sitio por siniestros viales, con un peso muy alto de motociclistas (más de 40%) y una enorme brecha de género: casi 90% de las víctimas mortales son hombres.
Por cada muerte en sitio, el informe estima múltiples personas gravemente y levemente lesionadas, lo que multiplica los costos humanos y financieros, a la vez que las aseguradoras han desembolsado cifras millonarias en la última década para atender siniestros.
El documento también sitúa la transición hacia la movilidad eléctrica dentro de este panorama, reconociendo beneficios ambientales y energéticos, pero advirtiendo que el crecimiento del parque de vehículos eléctricos no resuelve por sí solo la congestión ni la seguridad vial. Más bien introduce nuevos desafíos, desde el mayor peso y tamaño de los vehículos hasta la insuficiente y concentrada infraestructura de recarga, con altos niveles de averías por incompatibilidades de software, especialmente en modelos importados de china.
