Sufrimiento intenso y prolongado o sucesión de padecimientos. Así se define la palabra calvario, así también es el proceso de expropiaciones en Costa Rica.

Mientras que aquí hay que esperar hasta 4 años y más desde el anuncio de una obra pública hasta el arranque de su ejecución, en otros países vecinos, como en el resto de América Central y Colombia, eso ocurre en 3 meses.

La tarea para el Estado de apropiarse de los terrenos que requiere se alarga principalmente porque no se puede realizar ninguna acción si el proceso no ha terminado, tanto en la etapa administrativa como en la judicial.

Esto quiere decir que la discusión entre el Estado y el propietario del terreno o el bien sobre el precio que se pagará paraliza el proceso, a pesar de que ya ha sido declarado de interés público.

El propietario no puede rehusarse a entregarlo, pero sí puede pelear por un precio distinto del ofrecido, a pesar del avalúo.

Al menos cuatro proyectos de reforma a la ley vigente se han presentado en los últimos tres gobiernos, con el fin de agilizar el proceso de las expropiaciones. Sin embargo, las propuestas se han quedado en la gaveta.

Incluso, el gobierno de Laura Chinchilla está elaborando un nuevo proyecto en esa misma línea, por recomendación de los Notables, pero se desconoce cuándo lo remitirá al Congreso.

“No hay una sola obra pública en el país que no tenga de por medio un tema de expropiaciones”, dijo José Alfredo Sánchez, vicepresidente de la constructora Meco, firma que participa en muchas licitaciones públicas.

Algunos ejemplos: la autopista General Cañas tiene ocho años de estar esperando que le hagan ampliaciones, a causa de expropiaciones que no se concretan; la Interamericana Norte se tuvo que iniciar en el tramo Cañas-Liberia, porque aún falta expropiar áreas entre Barranca y Limonal.

En la circunvalación norte aún no se terminan las expropiaciones y en el proyecto de Vuelta de Kopper (Sarapiquí) apenas se están terminando. Lo mismo ocurre en la nueva vía a San Carlos entre Sifón y La Abundancia.

Al menos hay nueve obstáculos que se detectan a la hora de concretar una expropiación y que hacen que el proceso se extienda por tiempo indefinido.

“Todo esto hace que el proceso de expropiación se demore, ocasionando que no pueda la administración dar orden de inicio”, aseguró Ronald Muñoz, asesor legal del MOPT.

Ley y burocracia

La actual ley de expropiaciones divide el proceso en la etapa administrativa y la judicial. En la primera se hace una declaratoria de interés público, se solicita el avalúo y se notifica. Se dan ocho días hábiles para que el dueño del terreno se manifieste.

Por su parte, el proceso judicial se inicia bajo tres supuestos. Si el propietario se opone, si el terreno o el bien está en litigio y si el titular del bien está ausente o carezca de capacidad para actuar o de un representante legal.

El Estado no puede actuar sin completarse la expropiación.

En el razonamiento de uno de los proyectos de reforma a la ley que plantearon diputados del PAC en la administración pasada, se señala: “Nada debería paralizar el inicio de las obras ni la atención de las necesidades y exigencias que la época le exige al país”.

Para el abogado Claudio Donato, de la firma Zurcher&Raven, la ley debe reformarse, pero aseguró que el problema también está en la gestión administrativa del proceso expropiatorio.

“Mientras esto no se solucione, por mejor ley que haya, siempre tendremos problemas”, dijo Donato.

La no aceptación del avalúo administrativo, por parte del dueño: Esto implica un proceso más largo porque debe intervenir un juzgado.

La falta de localización del propietarios: Tiene que aparecer y ser notificado para que continúe el proceso de expropiación. Si no aparece, se le puede notificar mediante publicaciones.

Fallecimiento del expropiado: Se tiene que notificar al susesorio y si no hay, se debe identificar entonces quiénes van a ser los beneficiarios, para comenzar el proceso y notificar.

Traspaso del inmueble durante el proceso de expropiación: Tienen que comenzar a buscar al nuevo dueño y esperar que el traspaso quede definido para poderle notificar y arrancar.

Propietarios son menores de edad: Debe intervenir el Patronato Nacional de la Infancia y hacer las gestiones con ellos. No debería haber problema y que se haga con representante legal.

Divorcios durante el proceso de expropiación: Se discuten los bienes gananciales, confusión de a quién hay que notificarle.

Gravámenes que soporta el inmueble a expropiar: Si hay una hipoteca sobre el bien, el acreedor dice quién paga y atrasa el proceso.

Dueños fuera del país sin representación: No hay a quién notificarle. Lo que se hace es que el juez nombra un curador para que vele por derechos.

No contar con la entrada en posesión del inmueble a expropiar (autorización otorgada por el Juzgado): Todo lo anterior podría no permitir la entrada en posesión. Siempre debe haber autorización del juzgado.

Fuente IEntrevistas.