A una semana de haber abordado el avión de la DEA en el Juan Santamaría, Celso Gamboa ya no es solo el protagonista del primer caso de extradición de costarricenses por narcotráfico; ahora es un acusado formal ante una corte federal en Texas, sometido a un proceso que puede terminar en una condena de décadas de prisión.
De La Reforma a una cárcel federal
El 20 de marzo, Gamboa y Edwin Danney López Vega fueron entregados a agentes estadounidenses y trasladados a Texas en un vuelo de la DEA, en cumplimiento de las órdenes de extradición emitidas a petición de la Fiscalía del Distrito Este de Texas.
Con ese traslado, Costa Rica concretó por primera vez la extradición de dos nacionales por delitos de drogas, amparada en la reforma al artículo 32 de la Constitución aprobada en 2025.
De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ambos quedaron bajo custodia federal a su llegada y fueron puestos a disposición de la corte del Distrito Este de Texas, con sede en Plano, donde se registró formalmente su ingreso al sistema judicial estadounidense.
En esta etapa, permanecen detenidos mientras se sustancian las primeras audiencias procesales y se define si continuarán en prisión preventiva hasta el juicio.
La primera semana en la corte de Texas
La acusación contra Gamboa no es nueva: un gran jurado federal lo había imputado desde julio de 2025 por conspiración para fabricar, distribuir y transportar cocaína, con destino al mercado estadounidense.
Sin embargo, la extradición permitió que, el 24 de marzo, se convocara su primera audiencia en Texas, donde se le informó de los cargos, se le recordaron sus derechos y se abrió el calendario del proceso penal.
Según la información divulgada por la Fiscalía estadounidense, Gamboa enfrenta un cargo de conspiración por narcotráfico que, en caso de condena, conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años y una máxima de cadena perpetua en el sistema federal.
López, señalado en un expediente separado por una conspiración que se remonta al menos a 2008, encara la misma escala punitiva, también ligada a una conspiración de cocaína con alcance regional.
En esta primera semana desde la extradición, el caso ha avanzado de la etapa diplomática y constitucional al terreno estrictamente judicial: la corte ya tiene a los acusados bajo su jurisdicción, los cargos están formalmente leídos y se preparan las siguientes diligencias, que incluyen audiencias de detención y la definición del cronograma hacia un eventual juicio o acuerdo de culpabilidad.
Qué dice exactamente Estados Unidos sobre Gamboa
Los documentos oficiales describen a Gamboa como “exfuncionario de gobierno y juez” que ocupó varios puestos de alto nivel en Costa Rica, entre ellos el Ministerio de Seguridad Pública en 2014 y un cargo de juez (magistrado) entre 2016 y 2018.
La acusación sostiene que, antes de su arresto, utilizó esas conexiones y experiencia institucional para facilitar el tráfico de “decenas de millones de dólares” en cocaína desde Colombia, pasando por Costa Rica, hacia Estados Unidos y Europa.
El expediente lo ubica como parte de una organización criminal transnacional dedicada a manufacturar y mover cargamentos significativos de droga, sabiendo que una porción relevante tenía como destino final el mercado estadounidense.
El caso fue incorporado a la iniciativa Homeland Security Task Force, creada por orden ejecutiva en Washington para atacar a carteles, pandillas extranjeras y redes de tráfico de personas y drogas que se perciben como amenaza directa a la seguridad interna estadounidense.
La dimensión histórica para Costa Rica
En el contexto costarricense, Gamboa no es un acusado cualquiera. Fue ministro de Seguridad y después magistrado de la Sala Tercera, lo que convierte su situación en una exhibición de hasta dónde puede llegar la infiltración del narcotráfico en las élites institucionales.
Su caso se convirtió en símbolo y catalizador del debate político que culminó en la reforma constitucional de 2025, la cual rompió el blindaje tradicional que impedía extraditar a costarricenses por drogas.
El 20 de marzo, el fiscal general Carlo Díaz calificó la extradición de Gamboa y López como un “hito trascendental” en la lucha contra el narcotráfico internacional, subrayando que durante años algunos nacionales aprovecharon la imposibilidad constitucional de ser entregados a otros países para evadir procesos penales.
El compromiso asumido por Estados Unidos de no imponer penas superiores a 50 años, condición exigida por el ordenamiento costarricense, permitió salvar el principal obstáculo jurídico para el envío de los dos acusados.
Qué viene ahora para Gamboa
Desde la perspectiva procesal, la próxima fase se concentrará en audiencias sobre medidas cautelares, presentación de posibles mociones de la defensa y eventuales negociaciones de culpabilidad, una práctica habitual en el sistema federal estadounidense.
De no alcanzarse un acuerdo, el caso “USA v. Gamboa Sánchez” avanzará hacia un juicio ante jurado, en el que la Fiscalía deberá demostrar que el exmagistrado formó parte de una conspiración internacional de cocaína y se benefició de ella.
Para Costa Rica, el expediente seguirá funcionando como prueba de estrés institucional: no solo por el precedente que sienta en materia de extradición, sino porque el propio Gamboa ha insinuado que, si habla, podría comprometer a figuras políticas y judiciales de alto rango.
Una semana después de su salida del país, el caso dejó de ser solo un debate constitucional y se convirtió en un proceso penal vivo en Texas, con un exministro costarricense en condición de acusado y con la credibilidad del sistema de justicia costarricense bajo la lupa internacional.
