EscucharUna reciente orden de la Sala Constitucional de retirar del mercado los insecticidas que contienen fipronil, como el comercializado bajo el nombre fipronil, marca un punto de inflexión para la agricultura costarricense y para la política de plaguicidas de Costa Rica.
No se trata solo de un asunto técnico, sino de una decisión que reordena prioridades: la protección de las abejas y del ambiente pasa a tener un peso constitucional directo frente al uso de moléculas altamente efectivas, pero riesgosas.
¿Qué es fipronil y por qué importa?
Fipronil es un insecticida de amplio espectro perteneciente al grupo de los fenilpirazoles que se comercializa bajo diversos nombres. Se usa en agricultura y en control de plagas urbanas por su alta eficacia incluso en dosis bajas.
Este insecticida afecta el sistema nervioso de los insectos de tal forma que las señales se descontrolan, y eso les causa una sobreexcitación tan fuerte que termina matándolos. Este mecanismo explica su éxito técnico contra una amplia gama de plagas, pero también su toxicidad para organismos no objetivo, en particular para las abejas.
En el sector agrícola costarricense, productos con fipronil se han utilizado para controlar insectos en cultivos como arroz, hortalizas y frutales, así como en el manejo de suelos y semillas. Paralelamente, la molécula ha estado presente en formulaciones para el control de cucarachas, hormigas, termitas y otras plagas en entornos urbanos y de bodegas. Es decir, se trata de una herramienta que se integró profundamente en las estrategias de manejo de plagas, tanto en fincas como en ciudades.
Las abejas en el centro del conflicto con el fipronil
El detonante jurídico de la prohibición fue la evidencia de mortandad de abejas vinculada al uso de fipronil, especialmente en zonas agrícolas de la región Pacífico, donde la actividad frutícola ha crecido con fuerza.
Investigaciones realizadas por la Universidad Nacional y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) han documentado la presencia de residuos de fipronil en niveles letales para las colmenas.
Para los apicultores, esos resultados no eran una sorpresa, sino la explicación técnica de pérdidas recurrentes que afectaban no solo su ingreso, sino la capacidad del sector para sostener la producción de miel y servicios de polinización.
En este contexto, las abejas dejan de ser un tema exclusivamente ambiental y se convierten en un activo económico estratégico. Una parte significativa de los cultivos de exportación y del mercado interno depende, en mayor o menor medida, de la polinización. Reducir poblaciones de abejas implica, en el mediano plazo, asumir riesgos en rendimiento, calidad y estabilidad productiva.
Así, el conflicto con el fipronil no es solo entre apicultores y agricultores, sino entre dos modelos de productividad: uno basado en alta dependencia de insumos químicos y otro que incorpora límites ecológicos más estrictos.
La decisión de la Sala IV y el giro regulatorio
Al resolver un recurso de amparo, la Sala Constitucional ordenó acatar plenamente el Decreto Ejecutivo N° 43767-MAG-S-MINAE, que prohíbe el uso profesional y agrícola del fipronil. La sentencia reafirma que los plazos de transición no deben ser interpretados como una prórroga indefinida, sino como un cronograma de retiro obligatorio que la administración debe fiscalizar.
El argumento central es la protección del derecho a un ambiente sano y equilibrado, incorporando expresamente la afectación de las abejas y de la biodiversidad como elementos constitucionalmente relevantes.
Este fallo tiene varias implicaciones para la política pública. Primero, obliga al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a las entidades de registro y control de plaguicidas a ejecutar un retiro efectivo, sin ambigüedades ni excepciones de facto. Segundo, envía una señal a futuro sobre cómo se evaluarán otros ingredientes activos con perfiles de toxicidad elevados para polinizadores y fauna benéfica. Tercero, refuerza el peso jurídico de la evidencia científica en materia de riesgo ambiental: cuando las consecuencias sobre ecosistemas clave son claras, la balanza se inclina hacia la restricción.
Impacto para el agro: costos a corto plazo, ajustes estructurales
La magnitud del ajuste no es menor: el fipronil ha sido un aliado clave en sectores que, en conjunto, aportan una parte sustancial del valor agregado agropecuario. Por ejemplo, el cultivo de arroz y la producción de frutales de exportación, dependen de un control de plagas de bajo costo para mantener márgenes competitivos.
Sin embargo, el contrapeso económico es igualmente contundente: el retiro de la molécula busca proteger los servicios de polinización naturales, cuya pérdida representaría un costo sistémico mucho mayor que el encarecimiento de los insumos sustitutos.
Para los productores que incorporaban fipronil como pilar de su manejo de plagas, la medida supone un cambio inmediato de prácticas. En el corto plazo, es probable que se observen:
Sin embargo, desde una perspectiva de mediano plazo, la prohibición puede acelerar una transición hacia esquemas de manejo integrado de plagas (MIP), uso de control biológico y combinación de prácticas agronómicas que reduzcan la dependencia de moléculas de alto impacto ambiental.
En términos de competitividad, el riesgo no es tanto perder acceso a una molécula específica, sino no acompañar el cambio con políticas de apoyo: créditos y seguros ajustados a esquemas de menor uso de plaguicidas peligrosos, más investigación aplicada en alternativas, y una extensión agrícola capaz de traducir la ciencia en recomendaciones prácticas a nivel de finca.
Para el sector productivo, el mensaje de fondo es que la licencia social y jurídica para seguir usando ciertos ingredientes activos ya no está garantizada, aun si son eficaces desde el punto de vista agronómico. Para el país, el reto será convertir decisiones como la prohibición de fipronil en palancas de innovación, y no solo en restricciones, alineando la promesa de una agricultura competitiva con la exigencia creciente de proteger servicios ecosistémicos críticos como la polinización.
