EscucharLa Fiscalía General de la República presentó una acusación formal contra siete miembros de los Supremos Poderes, incluido el presidente Rodrigo Chaves.
La acción judicial, tramitada bajo el expediente 22-000116-1218-PE según se explicó en un comunicado de prensa, también imputa al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André y a los diputados Pilar Cisneros, Luz Mary Alpízar, Paola Nájera y Waldo Agüero.
El fiscal general, Carlo Díaz, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la apertura a juicio y el levantamiento del fuero constitucional que protege a los funcionarios.
La investigación, que inició en 2022, sostiene que se emplearon dos estructuras paralelas para financiar ilegalmente la campaña del Partido Progreso Social Democrático.
Según la Fiscalía, estas operaciones al margen de la ley contravinieron los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica.
La acusación concluye que estas acciones afectaron directamente la integridad del proceso electoral.
Uno de los mecanismos identificados fue un fideicomiso privado, mientras que el otro operaba con las cuentas bancarias de una mujer de apellido Agüero, quien ya enfrenta un proceso penal independiente.
El Ministerio Público recalca que el Código Electoral exige que toda donación sea de personas físicas identificadas y se canalice únicamente a través de las tesorerías de los partidos.
La Fiscalía considera que existen suficientes elementos para probar la presunta autoría de los imputados en los delitos electorales.
La base de esta acusación se nutre de una investigación previa del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que concluyó que la campaña se benefició de aproximadamente ¢248 millones provenientes de estas vías irregulares.
El informe del TSE detalló cómo estos fondos cubrieron gastos proselitistas, señalando las responsabilidades individuales de Chaves en la captación de fondos, de Brunner por no denunciar los hechos como tesorero y de André por administrar y aportar al fideicomiso.
Ahora, el proceso queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá analizar la acusación fiscal.
Si la Corte considera que la causa tiene mérito, enviará la solicitud a la Asamblea Legislativa.
Serán los diputados quienes tengan la decisión final sobre si levantan o no el fuero a los siete funcionarios para que puedan ser llevados a juicio por las imputaciones señaladas.
