Los fondos públicos destinados al financiamiento de los partidos políticos no deben cubrir el alquiler del vehículo de lujo que utiliza la diputada chavista Mayuli Ortega Guzmán. Así lo sostiene el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), que recomendó rechazar el reembolso solicitado por Pueblo Soberano porque la agrupación no demostró la necesidad, justificación y proporcionalidad del gasto.
La objeción comprende ₡3.708.302,95 por el arrendamiento de un BMW X1, modelo 2026, asignado a Ortega, y ₡2.692.499,50 por un Toyota Land Cruiser Prado del mismo año, utilizado principalmente por el dirigente partidario Raúl Zamora Trejos. En conjunto, el partido pretende recuperar aproximadamente ₡6,4 millones con recursos de la contribución estatal.
El criterio consta en el informe DFPP-LT-PPSO-09-2026, fechado el 6 de noviembre, sobre la liquidación de gastos presentada por la agrupación para el período comprendido entre el 19 de marzo y el 30 de junio de 2026. Se trata de una recomendación técnica que debe ser valorada por las autoridades superiores del organismo electoral, no de una resolución definitiva de los magistrados.
“Una cosa es la necesidad genérica de transporte y otra es la de disponer de dos vehículos ‘de alta gama’ para el uso discrecional de sus dirigentes”, señala el departamento. A su juicio, Pueblo Soberano no aportó pruebas de que sus actividades exigieran automotores de esas características ni de que sus necesidades no pudieran atenderse mediante alternativas ordinarias de transporte.
Sin registros para comprobar el uso partidario
Los fiscalizadores no encontraron documentación que acreditara una necesidad concreta para alquilar ambos vehículos nuevos, como acuerdos del Comité Ejecutivo Superior, planes de trabajo u otros elementos que permitieran identificar las actividades que requerían esas contrataciones.
Tampoco se aportaron bitácoras de uso, registros de kilometraje, reportes de desplazamientos, identificación de las personas usuarias o detalles de los recorridos y actividades atendidas. Esa ausencia de información impide comprobar si los automotores se destinaron exclusivamente a asuntos partidarios y no a actividades personales, advierte el informe.
El señalamiento no demuestra que existiera un uso personal indebido: establece que el partido no presentó elementos suficientes para verificar el destino de los vehículos y justificar su pago con recursos públicos. Aunque el reglamento no exige expresamente esos registros, el departamento sostiene que la comprobación del gasto no se agota con presentar contratos, facturas y comprobantes de pago.
Una dirigente vinculada a Chaves y al partido de Fernández
Además de diputada, Ortega es presidenta y fundadora de Pueblo Soberano y tiene una trayectoria dentro del chavismo costarricense. Fue subdirectora de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves en 2022 y, tras su llegada al Gobierno, trabajó en Casa Presidencial como asesora.
Su participación en ese movimiento también se extendió a la construcción de una estructura partidaria propia. Ortega encabezó, junto con Mireya Zamora, el proceso de formación de Pueblo Soberano; ambas eran funcionarias de Casa Presidencial cuando impulsaron esa plataforma, según una reconstrucción publicada por La Nación.
Esa organización se convirtió posteriormente en el vehículo electoral de Laura Fernández. Ortega mantuvo la presidencia de la agrupación durante la campaña que llevó a Fernández a la Presidencia.
Durante esa campaña, Ortega intervino públicamente en asuntos de la estructura partidaria. En julio de 2025, por ejemplo, negó que el empresario Calixto Chaves perteneciera a Pueblo Soberano o figurara como asesor de Fernández, después de que él ofreciera otra versión sobre su participación.
Su pertenencia al chavismo no ha estado exenta de diferencias internas. Pilar Cisneros marcó distancia de Ortega en agosto de 2025: “Yo no tengo ninguna relación con esa señora”, declaró a Semanario Universidad, pese a que ambas participaban en el proyecto político articulado alrededor de Pueblo Soberano.
Alquileres superarían el valor registrado de los carros
El costo de los contratos es otro de los principales reparos del departamento. Según el informe, los arrendamientos fueron pactados por cuatro años y alcanzarían, en conjunto, $235.440: $126.960 por el BMW y $108.480 por el Toyota Prado.
Los fiscalizadores compararon esas obligaciones con los valores de contrato inscritos ante el Registro Nacional: $57.000 por el BMW y $73.000,91 por el Toyota. Bajo ese parámetro, los alquileres superarían en $105.439,09 el valor contractual conjunto de los automotores, sin que conste que el partido adquiera derecho alguno sobre ellos al terminar el plazo.
“Al término de los contratos el Estado habría sufragado, por el solo uso temporal de los automotores, una suma considerablemente superior a la que habría bastado para adquirirlos”, sostiene el informe al explicar por qué considera desproporcionada la relación entre el costo y el beneficio obtenido.
De existir una necesidad real y verificable de transporte, añade el documento, la agrupación tiene opciones menos onerosas, como alquilar vehículos de gama media, contratar por períodos más cortos o por actividad, o utilizar servicios de transporte por demanda.
Ortega y el partido defendieron la contratación
Antes de conocerse el informe, Ortega defendió ante el plenario legislativo la asignación del BMW. Según explicó el 26 de octubre, el Comité Ejecutivo Superior le otorgó un vehículo de uso discrecional para atender sus responsabilidades como presidenta del partido, incluidas reuniones y desplazamientos entre la sede partidaria y la Asamblea Legislativa.
Pueblo Soberano también sostuvo que el alquiler de vehículos es un gasto ordinario contemplado en la normativa electoral y que había negociado una mensualidad de $2.200, inferior —según su comparación— a las tarifas corporativas de mercado. La Nación reportó que las facturas presentadas por el BMW ascendían a $2.645 mensuales.
El criterio técnico distingue, sin embargo, entre la libertad de un partido para disponer de su patrimonio y la obligación del Estado de reembolsar sus decisiones. Para obtener recursos públicos, afirma el departamento, la agrupación debe demostrar que el gasto es necesario, está justificado y resulta proporcional a los fines partidarios que pretende atender.
Los alquileres forman parte de una liquidación por ₡100.651.625,51 presentada por Pueblo Soberano. Tras revisarla, el departamento recomendó reconocer ₡38.731.105,24 y objetar ₡61.920.520,27 por distintas deficiencias.
