El nombramiento de representantes laborales y patronales en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tendrá nuevas exigencias documentales y un mecanismo para evitar que la falta de integrantes paralice al órgano. Las reglas rigen desde el 9 de noviembre, tras la publicación del Decreto Ejecutivo 45985-MP.
La reforma introduce tres cambios: amplía la documentación que debe respaldar cada elección, delimita la revisión del Consejo de Gobierno sobre las designaciones sindicales y establece un mecanismo provisional para cubrir representaciones sin titular ni suplente.
El decreto modifica el artículo 6 y añade el artículo 6 bis al reglamento establecido mediante el Decreto 44639-MP, de 2024. No designa por sí mismo a ninguna persona ni modifica las reglas de cotización o las prestaciones de la seguridad social: su objeto es el procedimiento de integración de las representaciones laborales y patronales en la junta.
Antes se comunicaba el nombre; ahora se exige el expediente
El reglamento anterior establecía que, después de la asamblea de elección, el sector correspondiente debía comunicar al Consejo de Gobierno el nombre de la persona designada dentro de tres días naturales. También contemplaba la verificación de los requisitos legales antes del nombramiento.
El plazo se mantiene, pero la documentación exigida aumenta. Ahora, además del nombre, se debe entregar una copia íntegra del expediente de designación, con las pruebas examinadas, los atestados, las actas completas, los acuerdos y los informes que sustentaron la elección. Las copias de los documentos escritos deben estar certificadas por notario público, con vista de sus originales.
Las organizaciones también deberán explicar quién valoró los requisitos del candidato, cuándo lo hizo, qué antecedentes y criterios utilizó y cuáles fueron sus conclusiones. Esa explicación debe estar firmada por las personas responsables, con sus nombres, cargos y grado de participación. Si algún requisito no fue valorado, habrá que indicarlo expresamente.
La exigencia no se limita, por tanto, a demostrar que hubo una votación. El expediente debe permitir reconstruir qué información sustentaba la elección en el momento de adoptarse. El decreto mantiene la elección por mayoría absoluta de los integrantes de las asambleas de representantes.
Qué puede revisar el Gobierno en una elección sindical
El artículo anterior contemplaba una revisión general de los requisitos legales y de gobierno corporativo. La reforma conserva esa regla general, pero incorpora una delimitación específica para la representación del movimiento sindical.
En esos nombramientos, el Consejo de Gobierno únicamente podrá comprobar requisitos objetivos: prohibiciones, incompatibilidades, impedimentos y otras condiciones legales que no requieran una valoración subjetiva. No podrá volver a ponderar conceptos como la “máxima honorabilidad” o la competencia en materias económico-sociales del candidato. Esa valoración queda bajo responsabilidad exclusiva del movimiento sindical.
La distinción es importante: la norma no elimina los requisitos de idoneidad ni establece una prohibición general de revisar todas las candidaturas sectoriales. Separa quién debe valorar determinados requisitos cuando el representante proviene del movimiento sindical.
Según los considerandos del decreto, esta delimitación responde a resoluciones de la Sala Constitucional.
La delimitación tiene como antecedente la disputa por el nombramiento de Rocío Alfaro Molina, exdiputada del Frente Amplio, elegida el 9 de junio de 2026 por la Asamblea del Movimiento Sindical para representar al sector en la Junta Directiva de la CCSS durante el período 2026-2030.
El Consejo de Gobierno rechazó la designación el 24 de junio, tras examinar, entre otros aspectos, su competencia en materias económico-sociales y su máxima honorabilidad. El Ejecutivo defendió que debía verificar los requisitos legales, las incompatibilidades y los posibles conflictos de interés antes de formalizar el nombramiento.
La Sala Constitucional anuló ese rechazo mediante la sentencia 2026-031380, del 13 de agosto. Aunque los magistrados coincidieron en el resultado, sustentaron su decisión en distintos argumentos, entre ellos la autonomía de la CCSS, el acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad y la libertad sindical colectiva.
En una resolución posterior, divulgada en septiembre, el tribunal anuló también el nombramiento de Roger Rivera Mora como representante sindical provisional y ordenó al Consejo de Gobierno tramitar en un máximo de ocho días la propuesta de Alfaro.
La Sala precisó que comprobar impedimentos legales no autoriza al Ejecutivo a sustituir la decisión del movimiento sindical mediante una nueva valoración de requisitos subjetivos, como la honorabilidad o la competencia económico-social.
La reforma reglamentaria incorpora esa distinción, pero no ha cerrado el conflicto. Alfaro cuestionó que las nuevas exigencias documentales y los mecanismos provisionales puedan aplicarse a una elección ya realizada y respaldada por resoluciones constitucionales. En declaraciones al Semanario Universidad, sostuvo que podrían utilizarse para impedir su incorporación y que la regulación de los procedimientos internos de elección afecta la autonomía sindical.
La tensión enfrenta, así, la potestad del Ejecutivo de comprobar requisitos y formalizar los nombramientos con el derecho del sector sindical a elegir a su representación sin que el Gobierno reemplace su criterio.
El nuevo texto también atribuye a las organizaciones sindicales proponentes y a sus responsables las eventuales responsabilidades civiles, administrativas y penales derivadas de esa valoración. No declara que exista una infracción concreta ni impone por sí mismo una sanción.
El expediente puede detener la formalización
El límite a la revisión del Ejecutivo viene acompañado de una condición documental: el Consejo de Gobierno no formalizará el nombramiento hasta recibir el expediente con la valoración completa de los requisitos efectuada por el sector proponente.
Antes no existía una disposición equivalente que condicionara expresamente el acto a la entrega de un expediente certificado con el contenido ahora detallado.
Así, para la representación sindical, el Gobierno no podrá sustituir el criterio del sector sobre los requisitos subjetivos, pero sí deberá contar con la documentación de esa valoración para incorporarla al expediente administrativo que sustenta el nombramiento.
Los suplentes no son nuevos
La reforma no crea la figura de las personas suplentes. El reglamento anterior ya permitía llamar y nombrar interinamente al suplente elegido por la asamblea cuando se presentaran las circunstancias previstas en el artículo 9 de la Ley Constitutiva de la CCSS.
Ahora se mencionan expresamente las ausencias temporales y las vacancias y se añade una comprobación previa. El Consejo de Gobierno deberá solicitar al movimiento correspondiente un documento justificado que acredite que la persona suplente mantiene las condiciones que le permitieron ser elegida y tiene disponibilidad inmediata para asumir.
El plazo para entregar ese documento será de tres días hábiles. Es distinto de los tres días naturales previstos para enviar el nombre y el expediente después de la asamblea de elección. Si no se cumple ese presupuesto, el reglamento remite al mecanismo excepcional del nuevo artículo 6 bis.
Qué pasa si no hay titular ni suplente
La principal incorporación del artículo 6 bis es un procedimiento para mantener temporalmente una representación sectorial cuando falten tanto el nombramiento titular como el suplente. El reglamento anterior no contenía un mecanismo específico equivalente.
La Secretaría del Consejo de Gobierno deberá consultar primero a la persona titular inmediata anterior, cuyo nombramiento haya sido válido y eficaz, si acepta continuar provisionalmente. Si acepta por escrito, el Consejo acordará la prórroga.
Si esa persona rechaza la propuesta, la Secretaría consultará a la suplente inmediata anterior. Cuando ambas declinen o no existan suplencias, el Consejo podrá iniciar un nombramiento provisional y “excepcionalísimo” ante el sector correspondiente, mediante un procedimiento similar al del titular que garantice la participación sectorial en las postulaciones.
No se establece una prórroga de tres o seis meses. Su duración queda vinculada a la conclusión del proceso ordinario de elección y juramentación de la nueva representación. Tampoco se habilita al Ejecutivo a escoger libremente a una persona al margen del sector.
Por qué importa para la gestión de la Caja
El objetivo declarado del mecanismo es evitar que las vacantes impidan funcionar a la Junta Directiva. Los considerandos destacan que la dirección superior de la CCSS debe mantenerse por su relación con la continuidad de los servicios esenciales de salud.
Para los sectores empresariales y laborales, el cambio supone una obligación práctica: conservar y remitir un expediente que permita seguir la evaluación de cada candidato. Para la representación sindical, establece además una separación expresa entre la valoración que corresponde a sus organizaciones y la comprobación objetiva que realiza el Consejo de Gobierno.
La reforma fue firmada el 5 de noviembre por Francisco Gamboa Soto, en ejercicio de la Presidencia de la República, y por el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves Robles. Se publicó el 9 de noviembre de 2026 en el Alcance 148 a La Gaceta 212 y entró en vigor ese mismo día.
