El Ministerio de Hacienda presentó este jueves 23 de julio ante la Asamblea Legislativa un paquete de proyectos de ley que forman parte de la Estrategia Nacional contra el Contrabando y la Evasión.
Uno de los principales ejes de la propuesta apunta al combate del comercio ilícito de tabaco mediante el expediente Ley para la Eficiencia Fiscal y Combate al Contrabando de Tabaco (25.668).
La iniciativa surge en un contexto en el que los cigarrillos concentraron la mayor parte de los decomisos realizados por la Policía de Control Fiscal (PCF): representaron el 79% de las mercancías incautadas en 2024 y el 88,9% durante 2025.
“Al verse privados de opciones legales accesibles, los consumidores de menores ingresos no necesariamente abandonan el hábito de consumo, sino que migran masivamente hacia el mercado ilegal por aspectos de una falsa creencia de ahorro por precio. (...) el contrabando no solamente afecta la recaudación fiscal, sino que también afecta la salud”, expone el expediente.
Frente al incremento del comercio ilícito, la iniciativa plantea modificar el artículo 31 de la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (9.028), que introdujo la figura del Nivel de Tributación Mínimo. El objetivo es reducir la carga tributaria y simplificar la administración del impuesto.
En concreto, la reforma elimina la contribución mínima del 85% establecida en ese artículo para que sea la Dirección General de Tributación la que defina, mediante resolución, las obligaciones que deberán cumplir los contribuyentes.
Menos impuesto al tabaco
El expediente 25.668 también propone eliminar el impuesto a los cigarrillos destinado al Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Ese gravamen fue creado incluso antes del Impuesto Específico sobre el Tabaco y, con el paso de los años, terminó coexistiendo con otros tres tributos: el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC), el impuesto específico sobre el tabaco y el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
Según Hacienda, esta estructura tributaria encarece el producto que ingresa legalmente al país, reduciendo su competitividad frente al tabaco de contrabando. Además, obliga a que dos instituciones —el Inder y el Ministerio de Hacienda— administren distintos componentes del esquema impositivo.
Con la eliminación de ese tributo, la propuesta busca concentrar la administración fiscal en Hacienda, suprimir la dualidad administrativa y simplificar el cálculo de los impuestos. De acuerdo con el expediente, la reducción de cargas pretende fortalecer la competitividad de la industria formal frente al comercio ilícito y centrar el control tributario en los dos gravámenes de mayor recaudación: el ISC y el IVA.
Ajustes en el tributo
El proyecto también plantea reformar el artículo 22 de la Ley 9.028, que actualmente establece un impuesto específico de ¢20 por cada cigarrillo, cigarro, puro de tabaco y sus derivados. La modificación consiste en sustituir esa redacción por la frase “de hasta ¢20”, con lo que ese monto pasaría a ser un tope máximo.
Asimismo, propone derogar los artículos 1 y 5 de la Ley Crea Timbre Agrario e Impuesto Consumo Cigarrillos y Bebidas (5.792). Esa normativa establece un impuesto de venta del 2,5% para los cigarrillos elaborados en el país con tabaco nacional y otro del 2,5% para los cigarrillos importados o fabricados con tabaco extranjero.
Hacienda sostiene que los productos que ingresan al país por medio del contrabando evaden por completo el pago de impuestos, lo que reduce la recaudación fiscal y limita los recursos disponibles para financiar políticas públicas.
Las cifras de la Policía de Control Fiscal respaldan esa preocupación. Al 16 de junio de este año, la entidad había decomisado 10.273.089 cigarrillos y habanos de contrabando, equivalentes al 73% del total de mercancías incautadas desde enero.
