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El mecanismo está contemplado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) y consiste en aplicar un criterio cuantitativo para limitar el crecimiento del gasto corriente –el dinero que se destina a salarios, pensiones, alquileres, etc.– de acuerdo con la relación de la deuda del Gobierno Central con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) nominal.
Su aplicación es vital en esta coyuntura, y el historial de los gobiernos en el acatamiento de normas relacionadas con sus gastos está marcado por el fracaso.
Para el 2019 el país tendrá un déficit equivalente al 6,3% de la producción, según estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), y el servicio de la deuda podría mantener una tendencia creciente hasta alcanzar cerca del 65% del PIB en el 2023.
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En el papel la aplicación suena fácil, no obstante, el instrumento de disciplina genera constantes incomodidades entre instituciones como las universidades estatales, que solicitan que se les exima de la regla.
La importancia de aplicar la regla fiscal en su primer año de vigencia no solo radica en disminuir paulatinamente el déficit, sino también en brindar señales positivas fuera de las fronteras para evitar rebajas en la calificación de la deuda soberana y tasas de interés más elevadas en el mercado internacional.
Más aún cuando el Ministerio de Hacienda se prepara para la emisión de $1.500 millones de deuda externa.
¿Qué es la regla fiscal?
Es un instrumento que pretende poner bajo control el crecimiento del gasto corriente ante la grave situación fiscal que vive el país; parte de este problema se debe al alto endeudamiento y al excesivo gasto público.
La regla propone un límite al crecimiento del gasto para evitar el crecimiento de la deuda, según comentó a EF Eliécer Feinzaig, economista y empresario.
Para saber cuánto puede crecer el gasto corriente se deben tener en consideración el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB y el crecimiento promedio del PIB nominal de los cuatro años anteriores al año de formulación del Presupuesto Nacional.
Por ejemplo si la deuda está entre el 45% y el 60% del PIB, el incremento del gasto corriente no puede sobrepasar el 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal de los últimos cuatro años.
Si la deuda es menor al 60%, la regla solo se aplica al gasto corriente y por lo tanto se excluyen las inversiones.
Pero si la deuda al cierre del ejercicio presupuestario sobrepasa el 60% de la producción nacional, la regla aplica para el gasto total –es decir, también se incluyen las inversiones– y no podrá sobrepasar el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal de los últimos cuatro años.
En el 2020, el gasto corriente podrá crecer como máximo 4,67% según informó en marzo el diario La Nación.
El instrumento de disciplina fiscal se aplicaría a todas las instituciones del sector público no financiero y quedarían exentos los bancos, el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Además se excluyen el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Régimen no Contributivo y el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS. Este último se incorporó tras una resolución de la Sala Constitucional.
En una carta que Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, envió a Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, la jerarca aclara que la exclusión de la regla no abarca a la institución en su totalidad.
La regla fiscal también excluiría a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en lo que corresponde a factura petrolera.
¿Por qué es importante cumplir?
Las instituciones experimentarán los efectos de la regla en los presupuestos del 2020. Ahora bien, en este momento la importancia radica, no solo en controlar el déficit fiscal, sino en las señales que el Poder Ejecutivo envía hacia los mercados internacionales, ya que los inversionistas y las calificadoras están pendientes de Costa Rica, según Feinzaig.
“Podría resultar en una rebaja de la calificación de la deuda soberana, y aún si eso no sucede, se le podría dificultar al Gobierno colocar los eurobonos o que se fijen tasas más altas”, agregó el economista Eliécer Feinzaig.
Para los corredores de valores de Amherst Pierpont el país tiene diversos retos.
“El desafío para la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, es cómo ajustar el presupuesto 2020 a las rigideces de la regla fiscal... el aumento máximo permitido de 4,67% del presupuesto de 2019, se absorberá con mayores costos de intereses en el 2020”.
Mientras tanto, los ojos de las calificadoras se posan sobre el territorio nacional.
Costa Rica continúa con una perspectiva negativa a pesar de la aprobación de la reforma fiscal, según comentó Carlos Morales, director de calificaciones soberanas de Fitch Ratings en un podcast durante la segunda semana de agosto.
En los últimos meses varias instituciones han mostrado incomodidad con el cumplimiento del instrumento de disciplina fiscal, tal es el caso de las universidades estatales y la CCSS.
La autonomía no está ajena de la sensibilidad de finanzas públicas, según indicó a EF la diputada verdiblanca y economista, Silvia Hernández.
“La autonomía no exime del equilibro financiero, aún cuando tenga autonomía hay transferencias como el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que son transferencias del Gobierno. Esa plata no sale de una bolsa diferente”, agregó la congresista liberacionista.
Otra de las razones por la que es importante cumplir con el instrumento de disciplina es por el impacto que tendría sobre el déficit fiscal en el mediano plazo. En el 2018 el BCCR realizó un cálculo excluyendo el rendimiento que tendría por sí mismo el componente de remuneraciones.
Al aplicarla en el 2020 el Central proyectó un rendimiento del 0,06% del PIB, para el 2021 crecería a 0,91% de la producción nacional y para el año siguiente llegaría hasta el 1,55%.
En el 2022 la regla fiscal sería el instrumento que tendría mayor impacto porque generaría el 42% del rendimiento de la reforma.
A pesar de los buenos resultados que generaría el instrumento hay que recordar un antecedente poco alentador: las reglas fiscales no son nuevas dentro de la legislación costarricense y no se utilizan.
La Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos que data del 2001 establece dos reglas en sus artículos 6 y 44.
