EscucharEn el 2018, Hacienda luchó a brazo partido por recibir mayores ingresos tributarios del bolsillo de los contribuyentes y lo logró con la aprobación de la reforma fiscal. Ahora carga con el peso de zocar clavijas en sus tareas de recaudación y lucha contra la evasión.
El 8 de enero la cartera dio a conocer la denuncia contra Telefónica Costa Rica, la compañía filial Tejisa, el Bufete Zurchher Odio y Raven, y la empresa asesoría fiscal KPMG, por un presunto fraude en contra de la hacienda pública que superaría los ¢1.251 millones.
Si la denuncia ante la Fiscalía y los cuatro allanamientos no son una señal clara de que la administración tributaria se propone endurecer la lucha contra la evasión, las palabras de Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, deberían serlo.
Sin embargo, el historial del Ministerio en la materia tienen puntos negros. Entre el 2008 y el 2018 la cartera presentó 40 denuncias ante el Ministerio Público por aparente fraude a la hacienda pública. Un promedio de cuatro por año en un país donde los cálculos de la brecha de cumplimiento –diferencia entre la recaudación potencial según el marco legal y la efectiva– ronda el 2% de la producción para el impuesto general de ventas y el 2,7% en el caso del impuesto sobre la renta, según datos del Análisis de brechas tributarias en el impuesto general sobre las ventas y el impuesto a la renta de las sociedades realizado por la asistencia técnica del FMI.
Para cambiar la historia, el Ministerio espera aprovechar dos armas: la digitalización de los procesos y la gestión del riesgo, según indicó Aguilar.
Historial
Entre el 2008 y el 2018 la institución presentó 40 denuncias –11 corresponden a grandes contribuyentes nacionales– ante el Ministerio Público por el delito de presunto fraude a la Hacienda Pública. Infracción que está tipificada en el artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
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Las denuncias se basaron en elementos probatorios que permiten a la Administración Tributaria considerar la posible comisión del delito.
Esta posibilidad existe desde el 2012 gracias a la modificación del artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que marcó un antes y un después en materia de delitos tributarios.
“Antes de la reforma, el delito tributario era lo que llaman los penalistas un tipo complejo, en el sentido de que había que demostrar muchas cosas para que no pagar impuestos fuera considerado un delito”, comentó Randall Madriz, socio de impuestos de BDO.
Para realizar las 40 denuncias, la cartera contempló el “umbral de punibilidad”.
Sobre este punto el artículo indica que el contribuyente que haya dejado de pagar al fisco el equivalente a 500 salarios base –un salario base para el 2019 es de ¢446.200– incurre en el delito de defraudación fiscal.
Las acusaciones se hicieron después de diversas fiscalizaciones, en las que se identificaron posibles escenarios fraudulentos.
Uno de ellos fue la utilización de empresas para simular negocios jurídicos anómalos.
Es decir, la creación de triangulaciones comerciales con empresas vinculadas que están en territorios no cooperantes. El traslado de ingresos originados en territorio nacional para no pagar las obligaciones tributarias, podría constituirse como fraude.
Otro escenario sospechoso son las maniobras con activos para distraer ingresos. En otras palabras, la manipulación de los activos y su valor, para reducir el pago del impuesto a las utilidades.
El uso de proveedores fallidos para justificar costos, también dieron indicios a Hacienda.
Algunas empresas denunciadas declararon compras mediante este mecanismo y sin ningún tipo de respaldo con el fin de erosionar la base imponible y pagar menos impuestos, según Karla Salas, directora de Fiscalización.
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Tras conocer las denuncias la pregunta es ¿cuánto dinero recuperó Hacienda?
Entre el 2008 y el 2018 solo se logró la reparación integral del daño en cuatro casos, lo que representa un ingreso de ¢6.000 millones. Esta cifra incluye el impuesto, los intereses, la multa y el daño social.
Norma tajante pero sin efecto
El artículo 92 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios es tajante y establece que el contribuyente que, por acción u omisión, incurra en defraudación fiscal, por un monto superior a los 500 salarios base –es decir, el equivalente a ¢223 millones– “será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años”.
No obstante, los procesos judiciales retrasan el cumplimiento de la norma.
En las discusiones penales, cuando los procesos se envían a la vía de casación, el acusado puede ganar un lapso de cuatro a cinco años de antes de que se dicte la sentencia.
De las 40 denuncias presentadas por la administración tributaria, solo se han dado tres sentencias condenatorias, una de ellas se anuló y nuevamente se remitió a juicio. Las dos restantes están en fase de apelación.
Por eso no existe ningún imputado en la cárcel por el delito de fraude a la hacienda pública, de acuerdo con el criterio de la directora de fiscalización.
Inteligencia tributaria, el arma de Hacienda
El 2019 se vislumbra como el año en que la administración tributaria fiscalizaría con mayor disciplina a los contribuyentes. Para lograr el objetivo la entidad cuenta con una pieza clave: los procesos digitales.
La implementación de la plataforma ATV, la factura electrónica y la pronta entrada en vigencia del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales –conocido como registro de accionistas–, se constituyen como las principales armas para hacer cruces de información y detectar posibles incumplimientos.
La gestión de riesgo es otro recurso del que echará mano. La administración tributaria analizará las variables económicas para detectar cuáles sectores están teniendo altas tasas de crecimiento que no se reflejan en la contribución al fisco.
Para el combate de la evasión, el Ministerio pretende una optimización de recursos, ya que no contempla contratar más capital humano.
Además, promete mejorar los sistemas digitales para hacerlos más amigables con los contribuyentes, lo que representa un gran desafío.
Durante el 2018, la factura electrónica recibió un aluvión de críticas. La adopción es baja pues solo un tercio de los obligados estaban emitiendo facturas electrónicas, según datos a noviembre del 2018 de la Dirección General de Tributación.
“Hay todavía un reto importante y por eso los sistemas deben ser amigables para los usuarios, de fácil acceso y sencillos en su utilización”, agregó Aguilar.
