El Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda no logró cumplir con el objetivo que se trazó en el 2009 cuando se promulgó la Ley N° 8.683. Ese año el Ministerio de Hacienda proyectó una recaudación de ¢10.000 millones anuales, pero en estos 11 años y dos meses de existencia ni siquiera alcanzó la mitad de la meta.
En un inicio el impuesto a las casas de lujo, como se le conoce popularmente, debía a tener una vigencia de 10 años, pero en agosto del 2011 se derogó la temporalidad y se le dio carácter permanente.
En este periodo no solo ha sido imposible alcanzar la meta recaudatoria, sino que las transferencias al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) han venido a la baja desde el 2018 por la complicada coyuntura fiscal.
A pesar de estos bemoles la institución ha recibido ¢35.598 millones que le han permitido construir proyectos habitacionales, casas individuales, obras de mejoramiento barrial (bonos colectivos) y enfrentar el pago de comisiones.
El Compendio Estadístico de la Vivienda, que estudia el estado de las casas de habitación, data del 2018 e indica que una cuarta parte (23,5%) de las familias pobres residen en una vivienda calificada como “inaceptable” o “deficiente”.
Un impuesto difícil de cobrar
El impuesto se pensó como una solución para incrementar los ingresos de las instituciones encargadas del sector vivienda y reducir las brechas mediante la construcción de casas de bien social. Esa era la aspiración en el papel, sin embargo, en la práctica el tributo enfrentó varias dificultades.
“La expectativa era recaudar alrededor de ¢10.000 millones, incluso en el primer año se presupuestó una recaudación como la señalada, pero tras su entrada en vigencia se observó que la recaudación sería por un monto menor”, confirmó por correo electrónico la Dirección General de Tributación.
Esto se debe a que es un impuesto difícil de cobrar, aseguró Francisco Villalobos, exdirector de Tributación durante la administración Chinchilla Miranda y Socio Director de ICS Asesores Fiscales.
Al inicio los contribuyentes enfrentaron dificultades para declararlo, pues los obligados requerían de los servicios de un perito para saber si su propiedad estaba dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de Hacienda.
Una vez que la Dirección General de Tributación detectó ese lastre, decidió hacer una simplificación del formulario lo que mejoró la recaudación según rememoró Villalobos.
“Sin embargo eso no fue suficiente, a uno le parece que este es uno de estos impuestos que si no se paga no pasa nada. Precisamente por ser un impuesto tan poco relevante en cuanto a recaudación, que no se le asignan recursos para su fiscalización, y en todo caso la fiscalización es compleja”, dijo.
El Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda se aprobó hace doce años y se publicó en el diario oficial La Gaceta en diciembre de 2008, pero la entrada en vigencia, tanto de la ley como del reglamento, se dieron hasta el 1.° de octubre de 2009.
Durante ese año se realizó el primer cobro, no obstante, los contribuyentes solo pagaron el equivalente a un trimestre: octubre, noviembre y diciembre. En ese entonces se recaudaron ¢42,4 millones.
Fue hasta el 2010 que los obligados comenzaron a desembolsar lo correspondiente a un periodo fiscal completo. En los últimos cinco años la recaudación promedio fue cercana a los ¢4.270 millones anuales, el 43% de la expectativa inicial.
Transferencias a la baja
Desde el 23 de diciembre de 2010 (fecha en que el Ministerio de Hacienda giró la primera transferencia) hasta el 26 de julio de 2019, se transfirieron ¢35.598 millones, según datos proporcionados por el Banhvi.
Desde el 2018 los recursos para la construcción de viviendas de bien social han venido a la baja.
Durante el 2018 y el 2020, la institución no recibió transferencias por parte de Hacienda, confirmó Dagoberto Hidalgo, gerente general del Banhvi, pues el traspaso de recursos depende del flujo de efectivo y de la situación fiscal del país.
Según lo establece el artículo 15 del título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (N° 9.635), al Ministerio de Hacienda y a la Presidencia de la República les corresponde girar los recursos según la disponibilidad de ingresos, indicó el departamento de Presupuesto Nacional y Tesorería Nacional vía correo electrónico.
Ese artículo hace referencia a los destinos específicos y explica que cuando la deuda del Gobierno Central supera el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) Nominal, la administración tributaria puede presupuestar y girar los destinos específicos legales de acuerdo a la disponibilidad de ingresos corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades beneficiarias.
Pese a que el gerente general del Banhvi indicó que en este 2020 Hacienda no les había realizado transferencias por concepto del impuesto solidario, el departamento de Presupuesto Nacional y Tesorería Nacional indicó vía correo electrónico que sí se realizó una transferencia al Banhvi por un monto de ¢1.000 millones.
Hasta octubre de 2020 el Ministerio de Hacienda había recaudado ¢4.429 millones por concepto de este impuesto, lo que significa que esa transferencia corresponde al 22,5% del total recaudado.
También es importante señalar que durante el 2019 el Banhvi recibió ¢1.984 millones por concepto del impuesto a las casas de lujo, la mitad de lo que la institución había proyectado, según Hidalgo.
¿Cómo se han utilizado los recursos?
Pese a que las transferencias han mermado desde el 2018, con los ¢35.598 millones que ha recibido el Banhvi desde el 2010, se construyeron 18 proyectos habitacionales para familias en condición de vulnerabilidad, extrema pobreza o en situación de emergencia.
Estos son proyectos colectivos donde se adquiere una propiedad, se desarrollan las obras de infraestructura, se edifican las viviendas y se les da la solución completa a las familias de menos recursos.
Esto significa que hasta el 31 de octubre de este año, 976 familias se vieron beneficiadas con los proyectos que se construyeron en Alajuela, Cartago, Guanacaste, Limón, Puntarenas y San José; los cuales tuvieron un costo de ¢17.079 millones. Consultar mapa.
Del total de recursos percibidos el Banhvi usó para los proyectos colectivos el 48%.
Otra de las formas en que la institución ayuda a las familias de menos recursos es a través de la construcción de viviendas individuales. Esto ocurre cuando un núcleo familiar solicita el subsidio habitacional de manera individual.
Para ese propósito se destinaron ¢11.354 millones y se construyeron 1.508 casas; lo que significa que el 32% se usó para la construcción de viviendas individuales.
En total se edificaron 2.484 viviendas entre proyectos habitacionales colectivos e individuales para una inversión de ¢28.432 millones.
Para las obras que están en proceso constructivo el Banhvi destinó ¢2.360 millones y en comisiones se han pagado ¢2.093 millones; en este caso se aplica el 7% sobre todas las transferencias que se registran como gastos administrativos, comentó Hidalgo.
En esos dos rubros la entidad utilizó el 12% del total de los recursos (¢35.598 millones) por concepto de impuesto solidario.
Discusión en torno al bono colectivo
Adicionalmente, una parte de los recursos se han utilizado en 16 proyectos de bono colectivo. Este es un programa de financiamiento que permite desarrollar obras como asfaltado, aceras, agua potable, plantas de tratamiento, red eléctrica.
Las obras se realizaron en comunidades donde la infraestructura era deficiente y para eso se invirtieron ¢2.712 millones. Sin embargo, destinar recursos del impuesto para el bono colectivo abrió toda una discusión, pues en diciembre de 2017 la Contraloría General de la República (CGR) realizó un informe en el que censuró este uso.
En el oficio DFOE-EC-0862 se determinó que la entidad usó el dinero en programas de bono colectivo, lo que modificaba lo establecido en la norma original.
Durante la administración Solís Rivera, la junta directiva del Banhvi determinó que parte de los recursos del impuesto solidario se debían usar para mejorar infraestructura en comunidades como San Marcos de Tarrazú, Los Cuadros de Goicoechea o Tirrases de Curridabat.
En ese momento la decisión de la junta directiva se amparó en el decreto ejecutivo 35515-H, del 18 de setiembre del 2009, que establecía que esos recursos podían utilizarse en cualquier fondo del Banhvi, por lo que el dinero se destinó a obras comunales, comentó Alexánder Sandoval, subgerente financiero de la institución, a EF en una entrevista realizada en enero de 2019.
Ante esta diferencia de criterios el 2 de mayo de 2019 ingresó hasta la corriente legislativa el Proyecto de Ley para la Consolidación y el Fortalecimiento del Programa de Bono Colectivo (Expediente 21.384).
Esta iniciativa busca dos objetivos, añadir un capítulo nuevo a la Ley del Sistema Financiero para la Vivienda y Creación del Banhvi (7.052); y reformar el primer artículo de la Ley del Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de los Programas de Vivienda (8.683).
“El proyecto busca una aclaración de la fuente de estos recursos, fue presentado por el diputado José María Villalta y estipula que del 100% de los recursos al menos el 30% se destinen para el bono colectivo y lo restante para vivienda”, agregó el presidente del Banhvi.
La iniciativa de ley se encontraba en el cuarto lugar de la Comisión de Asuntos Sociales el pasado 25 de noviembre.
Desde el 2010 del total de recursos que han percibido del impuesto a casas de lujo, el Banhvi utilizó el 8% para el bono colectivo (¢2.712 millones).
Estado de situación
Según el Compendio Estadístico de Vivienda del 2018, la mayoría de tugurios y cuarterías representan en conjunto el 0,5% del total de las viviendas y se ubican en las regiones Central y Huetar Norte.
En el país hay un déficit habitacional de 180.241 viviendas. De estas infraestructuras 132.896 están en mal estado; 17.322 son viviendas regulares en estado de hacinamiento; y 8.415 están en buen estado pero también están hacinadas.
La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) sí cuenta con datos más actualizados pero solo hace zoom sobre las viviendas en precario, una subcategoría de los asentamientos informales.
Si se analizan las viviendas en precario a julio de este año, se denota una disminución pues se contabilizaban 19.070. Esto representa una disminución del 21% con respecto al mismo periodo del año anterior cuando habían 24.287, de acuerdo a la Enaho.
Irene Campos, titular del Mivah, manifestó que a inicios de año se inició un proceso de actualización de datos junto a las municipalidades y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec), entidad que hace labores previas al Censo Nacional de Población 2021.
Todo con el fin de obtener una cuantificación más certera de las familias en condición de vulnerabilidad.
“A nivel país tenemos registrados 717 asentamientos informales, en donde habitan aproximadamente 229.300 personas, que representan aproximadamente 80.000 familias, según una estimación con datos del INEC al 2018.
