El gobierno insiste en no dejar morir a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) pues de ¢5.804 millones que aprobó el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) en el 2019, para hacer estudios de preinversión, el 34% se destinó a la institución caribeña.

En 1973 se creó el fondo de preinversión para brindar recursos a las instituciones públicas para que realicen estudios previos y así conocer de antemano si los proyectos son viables o no. Desde el 2014 se aprobaron ¢7.061 millones para 36 proyectos de factibilidad o prefactibilidad, según cifras del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan).

Para encauzar a la agonizante Japdeva y dotarla de un nuevo modelo de negocios este fondo destinará ¢1.965,8 millones para que se realicen cuatro análisis. Los recursos ya fueron aprobados pero el dinero aún no sale de las arcas de Mideplan, ya que está en proceso el cartel de licitación para elegir a la empresa consultora.

El otro 66% del presupuesto del 2019 se repartió en estudios para instituciones como Mideplan, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).

¢3.838,2 millones fue el monto que se aprobó en el 2019 para esas cuatro instituciones. Los recursos no solo se usarán para proyectos nuevos, sino para mejorar infraestructura ya existente, como es el caso del tramo de la Ruta Nacional N°. 4.

Aunque la oferta de proyectos que se financiarán en el 2020 aún no está definida, sí existe una demanda potencial. Se contempla brindar ¢42 millones para estudios geotécnicos de la carretera Sifón – La Abundancia.

Esta se trata de una obra cíclica, pues esta infraestructura ya cuenta con estudios geotécnicos desde el 2001, de acuerdo a una evaluación del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

Los estudios de preinversión garantizan la calidad de la infraestructura del país y ayudarán a atraer a los inversionistas privados, asegura María del Pilar Garrido, ministra de Planificación.

“La preinversión no es un incentivo suficiente pero sí necesario para la atracción de inversión privada. Los recursos financieros de concesionarios y bancos –locales e internacionales– fluirán en el tanto se trate de proyectos adecuadamente estructurados”, afirmó Federico Villalobos, socio de Asesoría Financiera e Infraestructura de Deloitte.

Uno de los proyectos más conocidos de este fondo es el Tren Eléctrico de Pasajeros.

Distribución de recursos

Durante el 2019 el fondo de preinversión repartió ¢5.804 entre proyectos de cinco instituciones.

El MOPT fue la entidad que tuvo mayor inyección de recursos y se aprobaron ¢3.022 millones para contratar una firma consultora que realice un estudio de factibilidad técnica para el mejoramiento de la Ruta Nacional N°. 4, desde el muelle de San Carlos hasta el puesto fronterizo de las Tablillas.

En segundo lugar está Japdeva con ¢1.965,8 millones que se destinarán a cuatro estudios de prefactibilidad y factibilidad técnica. Tres de ellos serán para la construcción, puesta en marcha, operación y mantenimiento de obras bajo la figura de alianza público privada.

Se trata de la marina y la terminal de cruceros de la Terminal Hernán Garrós Salazar –contemplada en el Plan Maestro Portuario desde el 2008–; la zona de transferencia intermodal de carga y de actividades logísticas en el Complejo Portuario de Moín; y un parque industrial para el Caribe en Liverpool en Limón.

Además se financiará un estudio de prefactibilidad y factibilidad para la construcción de un muelle de carga y descarga de productos hidrobiológicos en la desembocadura del río Cieneguita.

A través de estos cuatro estudios se pretende dar un giro de negocios para revivir a una agonizante Japdeva –que en el 2019 tuvo una caída en sus ingresos del 79%–. El objetivo es que pueda especializarse en otras áreas en las que no incursiona APM Terminals, comentó la ministra de Planificación.

Los estudios determinarán si serán negocios factibles, lo que significa que la inyección de recursos no garantiza de que los proyectos verán la luz.

“En caso de que no sean factibles habría que tomar decisiones sobre el futuro de la institución”, agregó Garrido.

Mideplan obtuvo ¢351 millones en el 2019 para financiar un estudio de la Estrategia Productiva Territorial para una Economía Descarbonizada 2020-2050; le sigue el Incofer que recibió ¢314 millones para los análisis de prefactibilidad y factibilidad para reestablecer el servicio ferroviario entre Puntarenas y Alajuela.

La institución a la que se le aprobaron menos recursos fue el INVU, con ¢150 millones para elaborar un estudio de cuadrantes urbanos, y así obtener una base de datos para que las municipalidades puedan desarrollar sus planes reguladores.

De los ocho proyectos a los que se le aprobó financiamiento, solo a uno se le ha desembolsado los fondos. Se trata del estudio que contrató el Mideplan.

Mideplan aún no cuenta con la lista definitiva de los proyectos que recibirán financiamiento en el 2020. Solo tiene una demanda potencial, la cual podría cambiar.

¿Incentivo para los privados?

Contar con estudios de factibilidad o prefactibilidad, a criterio de la Ministra de Planificación, incrementa la confianza del sector privado e incentiva la participación de los empresarios.

Esto es un punto clave para un año en que la Cámara de la Construcción proyecta un crecimiento del 1% en el sector.

Especialistas consultados por EF consideran que estos análisis no son suficientes para incentivar la participación de los empresarios, aunque son necesarios porque ayudan a salir del círculo vicioso de la improvisación.

La falta de estudios que garanticen la viabilidad de los proyectos y los sobrecostos, le han pasado una cara factura al país. La interminable carretera a San Carlos es un ejemplo de ello.

Los análisis de prefactibilidad y factibilidad ayudarán a preparar la hoja de ruta para los proyectos que se realizarán mediante alianzas público privadas y concesiones en el futuro, manifestó Esteban Acón, presidente de la Cámara de la Construcción.

Además estos instrumentos permiten enviar señales a los actores locales y foráneos porque permiten calendarizar los proyectos

"No existe forma de obviar la preinversión y los inversionistas saben muy bien cuando un país va de manera seria en el sector”, indicó Federico Villalobos, socio de Asesoría Financiera e Infraestructura de Deloitte.

El presupuesto operativo de los fondos de preinversión para el 2020 es de ¢15.302 millones y proviene de una línea de financiamiento que brindó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desde 1970. Para recapitalizar los recursos, se realizan inversiones en bolsa.

En el 2019 se hizo una transferencia del presupuesto nacional de ¢1.750 millones para financiar estudios que se contemplan en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, y para el 2020 también se hizo una transferencia de ¢2.700 millones para el mismo fin.