La apertura del mercado eléctrico en Costa Rica, un debate que durante años sobrevivió entre estancamientos legislativos, parecía finalmente encontrar tracción política bajo la administración Fernández Delgado. Ahora, el proyecto vuelve a moverse entre la incertidumbre y la pausa.
La iniciativa que busca transformar las reglas bajo las que operan la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el país enfrentó un nuevo revés político. La presidenta de la República, Laura Fernández, ordenó desconvocar temporalmente el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.414) ante la falta de respaldo necesario para aprobarlo en segundo debate.
La decisión surge en medio del rechazo manifestado por las bancadas del Partido Liberación Nacional, el Frente Amplio y Coalición Agenda Ciudadana. Sin el apoyo de esas fracciones, la iniciativa no alcanzaría los 38 votos requeridos para convertirse en ley.
“Yo creo que hay que desconvocarlo para que Liberación Nacional y el Frente Amplio recapaciten sobre lo que le están haciendo al país con este tema. Que estudien el proyecto, revisen la dinámica del mundo entero y entiendan que Costa Rica no se puede quedar atrás”, afirmó la presidenta durante una conferencia de prensa.
Sus defensores indican que la reforma permitiría acceder a precios de energía más bajos al optimizar los distintos componentes del sistema y las variables que inciden en su operación; sus críticos, que pone el riesgo un modelo que ha sido exitoso.
La propuesta también fortalece el papel del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) como ente rector encargado de la planificación integrada de los recursos energéticos y crea un nuevo órgano coordinador autónomo para administrar el sistema.
El Financiero le explica de qué trata el expediente 23.414 que pretende cambiar las reglas del juego de dicho mercado, los nuevos actores que intervendrán en la comercialización y el papel que ahora tendrá el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Cómo funciona actualmente
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está integrado por ocho empresas prestatarias del servicio público de electricidad, así como por múltiples generadores públicos y privados.
Actualmente, esas empresas son las únicas autorizadas para distribuir y comercializar energía dentro de sus respectivas zonas de concesión. Además, pueden desarrollar proyectos propios de generación para cubrir parte de su demanda y adquirir del ICE la energía restante necesaria para abastecer a los usuarios finales.
Además de las empresas distribuidoras, el sistema también incorpora productores privados de energía renovable a pequeña escala. Sin embargo, la legislación actual limita su participación, ya que toda la electricidad que generan debe ser vendida exclusivamente al ICE. En la práctica, esto convierte al Instituto en el principal intermediario del sistema eléctrico nacional.
Nuevo mercado
La reforma pretende crear un Mercado Eléctrico Nacional (MEN) donde las personas físicas o jurídicas que se dediquen a las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización, agregación y grandes consumidores de electricidad podrán participar en el mercado mayorista.
En el mercado eléctrico mayorista se organizan las compras y ventas de energía y potencia entre agentes habilitados (generadores, distribuidores, comercializadores y grandes consumidores), mediante contratos de mediano y largo plazo.
El MEN también se compone del Mercado de Ocasión Nacional (MON), que funcionaría como un mercado diario destinado a optimizar la operación del Sistema Eléctrico Nacional mediante ofertas de oportunidad realizadas por generadores, consumidores y comercializadores.
La propuesta establece, además, que la energía producida por los agentes habilitados deberá destinarse prioritariamente al abastecimiento de la demanda nacional, mediante contratos que permitan recuperar las inversiones realizadas. Los excedentes no contratados podrían negociarse posteriormente tanto en el MEN como en el Mercado Eléctrico Regional.
Minae y Ecosen
El Minae tendrá un papel protagónico en la armonización eléctrica, ya que refuerza su rol en materia de energía al ser el ente rector que establece los parámetros para participar en el mercado mayorista. El MEN, por ejemplo, se desarrollará bajo las políticas nacionales que dicte la cartera.
Asimismo, la cartera sería responsable de emitir las concesiones necesarias para operar dentro del sistema, salvo en el caso de instituciones y empresas públicas que ya cuentan con respaldo legal para prestar esos servicios.
La reforma también crea el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una entidad autónoma con independencia técnica y organizacional que asumiría funciones clave dentro del sector.
El Ecosen tendría a su cargo la supervisión, operación, planificación y administración tanto del SEN como del MEN. Además, sería responsable de planificar la expansión de la generación y transmisión eléctrica del país.
“El Ecosen debe brindar todos los insumos necesarios para que el Minae realice la planificación indicativa de la generación, distribución y la transmisión eléctrica, la administración de la demanda y la operación del Sistema Eléctrico Nacional”, indica el expediente.
La nueva entidad también administraría el mercado mayorista y recaudaría el canon que deberán pagar los participantes del sistema. Su gestión estaría supervisada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y sujeta a mecanismos de rendición de cuentas.
Nuevo papel del ICE
El ICE dejará de ser el administrador del SEN en cuanto el Ecosen esté listo para operar. Asimismo, el Instituto deberá brindarle al Ecosen todos los activos, sistemas, bienes muebles e inmuebles y demás recursos con los que se opera el sistema y mercado.
Esa migración al nuevo ente coordinador también impactará a los funcionarios actuales del ICE a cargo de la operación del sistema y del mercado, ya que “quienes no deseen continuar laborando para el ICE o trasladarse al Ecosen, podrán acogerse al pago de los derechos laborales, que les cancelará el Instituto Costarricense de Electricidad”.
Mientras el Ecosen entra en funcionamiento, los generadores privados podrán suscribir o renovar contratos de compra y venta de energía con el ICE si estos vencen antes de que la nueva entidad quede constituida.
Además, durante los diez años posteriores a la entrada en vigencia de la ley, las plantas de energía renovable construidas antes de la aprobación de la reforma —pertenecientes al ICE y a las empresas distribuidoras— tendrían prioridad de despacho sobre otros generadores. En contraste, las nuevas plantas que desarrollen esas entidades después de aprobada la ley sí deberán competir dentro del Mercado Eléctrico Nacional.
Canon
El proyecto también crea un canon que deberán pagar los agentes nacionales y regionales del sector eléctrico según la cantidad de energía transada dentro del Mercado Eléctrico Nacional.
Ese canon deberá ser cancelado por todos los participantes del sistema con base en las transacciones realizadas. El incumplimiento en el pago abriría procesos administrativos y podría incluso derivar en la inhabilitación del agente dentro del SEN.
Según la propuesta, por cada transacción energética realizada dentro del MEN —incluidas las importaciones y exportaciones en el Mercado Eléctrico Regional— el Ecosen aplicaría un cobro anual cuyo cálculo sería determinado por la Aresep, conforme a los procedimientos técnicos y regulatorios que se desarrollen para ese fin.
Áreas de fricción
La apertura del mercado eléctrico se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión entre el Gobierno, las cámaras empresariales y los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa. El debate no solo gira en torno a la modernización del sistema, sino también sobre el futuro papel del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el modelo solidario de tarifas y el control operativo del sector.
La bancada del Frente Amplio (FA) ha sido una de las voces más críticas desde la administración anterior y mantiene su oposición al expediente. Según la agrupación, el cambio estructural en la planificación y operación del sistema eléctrico debilitaría al ICE, reduciría la previsibilidad tarifaria y podría traducirse en un incremento en la factura que pagan los usuarios.
Aunque un eventual aumento en las tarifas no puede confirmarse hasta que la reforma entre en funcionamiento, el proyecto sí introduce una transformación relevante en el esquema regulatorio. La iniciativa plantea que la fijación tarifaria y la supervisión técnica continúen bajo la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), pero dentro de una estructura más compleja debido a la incorporación de nuevas variables y fórmulas asociadas al canon y al funcionamiento del mercado.
Las dudas también son compartidas por el Partido Liberación Nacional (PLN). La fracción verdiblanca sostiene que el expediente 23.414 terminaría por “desmantelar” al ICE al trasladar parte de sus responsabilidades al Ecosen. Sin embargo, el proyecto no elimina al Instituto ni lo excluye del mercado eléctrico: la propuesta más bien le retira la operación del sistema y del mercado mayorista para trasladarla al nuevo ente autónomo, mientras el ICE continuaría como generador, transmisor y distribuidor de electricidad.
A ello se suma otra de las principales críticas de la oposición: el eventual impacto sobre el principio de solidaridad tarifaria. El PLN asegura que la iniciativa favorecería a los grandes consumidores eléctricos mediante tarifas más competitivas, mientras el peso financiero recaería sobre los hogares y las pequeñas empresas. Tanto esa agrupación como el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana ya adelantaron que votarán en contra del proyecto, lo que resta 25 votos a la propuesta.
Del lado empresarial, en cambio, el discurso apunta a la necesidad de modernizar el sistema eléctrico para responder a las nuevas demandas de inversión y competitividad. La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) calificó como “un retroceso” la resistencia política que enfrenta el proyecto en el Plenario.
En la misma línea, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) sostiene que la reforma no implica una privatización del ICE ni la eliminación del modelo solidario, ya que el Ecosen sería un ente público autónomo y el control estatal se mantendría sobre el sistema.
Ahora, el proyecto entra en un nuevo compás de espera. La atención estará puesta en cuándo el Gobierno decidirá devolverlo a la corriente legislativa y hasta dónde estará dispuesto a ceder para incorporar observaciones de las fracciones opositoras.
