EscucharEl 2 de junio de 2025, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puso en marcha el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP), una plataforma tecnológica que prometía modernizar y unificar 16 sistemas institucionales para optimizar la gestión administrativa, logística y financiera. Con una inversión superior a los ₡27.000 millones, el proyecto debía ser la gran solución tecnológica de la institución. Sin embargo, lo que siguió fue una cadena de fallas que sumió a la CCSS en una crisis institucional sin precedentes. Esta es la historia de lo que pasó.
El siguiente recuento está basado principalmente en informes de la Auditoría Interna de la CCSS y un informe de la Contraloría General de la República sobre este tema.
Los antecedentes: advertencias ignoradas
El proyecto ERP se gestó desde 2016 y la licitación pública se concretó en 2018. Su implementación, originalmente programada para enero de 2023, se retrasó múltiples veces. En enero de 2025, la CCSS activó parcialmente el sistema con dos módulos, pero los problemas comenzaron de inmediato.
Desde 2024, la Auditoría Interna de la CCSS había emitido más de 45 advertencias sobre los riesgos críticos que enfrentaría la institución si se procedía con la implementación sin cumplir las condiciones técnicas mínimas. En junio de 2024, la Gerencia de Logística alertó que el ERP podría paralizar actividades de recepción y distribución de medicamentos, afectar la trazabilidad de inventarios y comprometer la continuidad de los servicios de salud.
Las gerencias Financiera y de Logística enviaron oficios críticos en mayo de 2025, apenas días antes de la salida en vivo programada para el 2 de junio. El gerente financiero Gustavo Picado y el gerente de logística advirtieron que el sistema no reunía las condiciones mínimas para operar y que la institución “no se puede permitir paralizar o ralentizar” sus procesos críticos. La firma consultora PwC, contratada para acompañar el proceso, también recomendó posponer el lanzamiento.
A pesar de estas alertas técnicas, la presidenta ejecutiva Mónica Taylor y el director del Plan de Innovación, Héctor Arias, decidieron avanzar. El 29 de mayo, apenas tres días antes de la implementación total, la Junta Directiva dio su aval. Arias asumió la responsabilidad de la decisión, argumentando que el sistema estaba “técnicamente validado” para operar.
El caos operativo: cuando todo se desmoronó
La salida en vivo del ERP-SAP el 2 de junio desencadenó un colapso sistémico en la CCSS. Al 11 de junio, apenas nueve días después de la implementación, la Auditoría Interna documentó un panorama devastador en 27 unidades del sistema de salud: desabastecimiento de medicamentos, atrasos en la entrega de insumos médicos y más de 1.500 facturas pendientes por más de $22 millones.
Los problemas se multiplicaron rápidamente. El sistema suspendió el pago de subsidios por incapacidad, licencias y gastos fúnebres, dejando a una cantidad no determinada de personas sin recibir sus prestaciones al 10 de junio. Para el 25 de junio, la CCSS adeudaba $71,7 millones a proveedores, cifra que escaló a $116 millones al 24 de julio y llegó a $186 millones al 30 de junio. La Auditoría advirtió que algunos proveedores clave suspendieron sus servicios por falta de pago, incluida la empresa Blue Flame, que suministra gas LP esencial para hospitales y clínicas.
El caos afectó directamente la atención médica. Se reportó la suspensión de al menos 10 cirugías de ortopedia en distintos centros médicos por falta de insumos. En hospitales como el México, Escalante Pradilla y Maximiliano Peralta, las solicitudes de medicamentos se realizaron manualmente, con inventarios incompletos y sin capacidad de despacho. La CCSS perdió la trazabilidad completa de los inventarios de medicamentos y suministros médicos, lo que obligó a reactivar temporalmente los sistemas obsoletos SIGES, SIFA y SICS que el ERP debía reemplazar.
El caso del fentanilo: un error que alarmó al país
Uno de los episodios más graves ocurrió en septiembre de 2025, cuando se detectó un supuesto faltante de miles de ampollas de fentanilo en el Hospital México. La orden sanitaria del Ministerio de Salud advirtió sobre “discrepancias críticas” en los inventarios. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una investigación, pero finalmente descartó el robo. El director del OIJ, Randall Zúñiga, explicó que el faltante se debió a un error en la interfaz entre los sistemas antiguos SIFA/SIGES y el nuevo ERP-SAP, que generó duplicaciones y pérdidas parciales de registros. El problema afectaba a todos los centros médicos del país y a más de 400 líneas de medicamentos.
Fallas estructurales: lo que no se cumplió
Un informe de la Auditoría Interna del 11 de junio reveló que la CCSS activó el ERP-SAP sin completar etapas críticas contempladas en la hoja de ruta oficial. Entre los hitos incumplidos se encontraban: la prueba y certificación del 100% de las interfaces (que debía completarse tres semanas antes), la preparación y migración de datos, la validación de infraestructura técnica, la estrategia de retiro del sistema anterior, y la capacitación del personal.
La falta de capacitación fue especialmente grave. Un informe de auditoría reveló que la mayoría de los problemas reportados entre enero y junio de 2025 se debían a que el personal no dominaba el uso del sistema. Además, el ERP no contaba con un módulo completo de gestión de inventarios Extended Warehouse Management (EWM), solo una versión básica.
La Contraloría ordena un plan de recuperación
El 10 de noviembre de 2025, la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe lapidario. El documento DFOE-BIS-0647-2025 constató que la implementación forzada del ERP había generado una “crisis institucional activa” que compromete la prestación de servicios de salud y la estabilidad financiera de la CCSS.
La CGR determinó que, pese a advertencias reiteradas, la decisión de implementar el sistema fue adoptada por la Presidencia Ejecutiva y la Dirección del Plan de Innovación, desoyendo los criterios de las gerencias técnicas, la Auditoría Interna y la firma asesora externa. El informe señaló que más de 3.000 incidentes fueron reportados tras la salida del sistema, incluyendo pagos a proveedores con retrasos que alcanzaron alrededor de $71 millones pendientes.
La Contraloría ordenó a la Junta Directiva instruir a las gerencias Financiera y de Logística la elaboración inmediata de un plan de recuperación de operaciones que incluya apoyo técnico externo, auditorías especializadas y mecanismos de control para asegurar la trazabilidad de datos. También ordenó restituir las funciones del Plan de Innovación a las gerencias competentes y contratar una auditoría externa independiente especializada en sistemas ERP.
La versión oficial: “exitoso”
El mismo día que la Contraloría publicó su informe, la presidenta ejecutiva Mónica Taylor compareció ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga presuntas irregularidades en la CCSS. Taylor calificó la implementación del ERP como “exitosa”. Argumentó que 13 de las 15 interfaces ya funcionaban y que se habían pagado más de 100.000 facturas, quedando 25.000 pendientes.
La respuesta generó rechazo. La diputada Rocío Alfaro le recalcó que esa era una “valoración” que contrastaba con los múltiples inconvenientes documentados. Al día siguiente, Taylor denunció en conferencia de prensa que la CGR intenta “coadministrar” la CCSS y cuestionó que el informe se hubiera emitido sin consultar al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Por su parte, Héctor Arias envió un descargo de 71 páginas en el que tachó el informe de la Contraloría de tener “errores interpretativos, omisiones sustanciales y posibles sesgos de fuente”. Minimizó las observaciones técnicas y afirmó que los efectos en pagos, inventarios y contabilidad son parte de un “proceso normal de estabilización”.
El 18 de noviembre de 2025, dos días después de que la Junta Directiva acordara cumplir bajo protesta las órdenes giradas por la Contraloría, la institución interpuso un recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra el oficio DFOE-BIS-0647-2025 de la CGR. Simultáneamente, presentó una solicitud de medida cautelar administrativa tendente a la suspensión de las órdenes emitidas por el ente contralor.
Ese mismo 18 de noviembre, la CCSS también presentó una medida cautelar provisionalísima ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, solicitando expresamente que se suspendieran los efectos del oficio de la Contraloría. El 20 de noviembre, el Tribunal Contencioso declaró con lugar la medida cautelar provisionalísima, suspendiendo los efectos del oficio DFOE-BIS-0647-2025 “hasta tanto no sea resuelta por el fondo la medida cautelar presentada”.
En el acuerdo de la Junta Directiva del 18 de noviembre, la institución precisó que procedería al “cumplimiento bajo protesta de las órdenes DFOE-BIS-ORD-00003-2025 contenidas en el oficio DFOE-BIS-0647 de la Contraloría General de la República, sin detrimento del resultado de las acciones administrativas y jurisdiccionales interpuestas por la Caja tendentes a la suspensión de las órdenes”.
Las consecuencias financieras y operativas
Al cierre de septiembre de 2025, la CCSS adeudaba ₡49.000 millones registrados en el ERP-SAP, de un total de ₡159.000 millones que debían pagarse.
La implementación del ERP también impidió a la CCSS actualizar el monto de la deuda estatal, que hasta mayo de 2025 ascendía a ₡4,4 billones. La institución perdió la capacidad de recopilar datos necesarios para facturar al Estado, generando lo que la Auditoría calificó como un “riesgo sistémico” para las decisiones estratégicas.
El costo del proyecto también creció irregularmente. La Auditoría determinó que el contrato aumentó más del 20%, violando la Ley General de Contratación Pública que limita las variaciones al 15%. Las adendas acumuladas representaron un incremento del 21.11%.
El legado de una crisis anunciada
La historia del ERP-SAP en la CCSS es la crónica de un desastre anunciado. Un proyecto concebido desde 2016, con inversión millonaria y múltiples retrasos, que finalmente se implementó ignorando advertencias técnicas reiteradas. El resultado: cirugías suspendidas, medicamentos sin despachar, proveedores impagos, errores críticos en inventarios de estupefacientes y una crisis institucional que la Contraloría calificó como activa y que continúa afectando la capacidad de la CCSS para garantizar la prestación de sus servicios.
Cinco meses después de la salida en vivo, la institución sigue utilizando sistemas obsoletos como medida de contingencia, las deudas a proveedores se acumulan, y la promesa de modernización tecnológica se convirtió en la mayor crisis operativa de la CCSS en años recientes, una crisis que pudo evitarse si se hubieran escuchado las voces técnicas que, desde un año antes, advirtieron que el sistema no estaba listo.
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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.
