EscucharLos 57 diputados que integran el período legislativo 2022-2026 se preparan para abandonar Cuesta de Moras tras aprobar 681 proyectos de ley en segundo debate, según el recuento realizado al 16 de abril de este año.
Con ello, el Congreso baja el telón de un cuatrienio intenso en producción normativa, marcado por una agenda fragmentada, negociaciones cambiantes y reformas que avanzaron entre fuertes tensiones políticas.
De acuerdo con los analistas legislativos Kattia Benavides y Daniel Calvo, un grupo de diez leyes sobresale por su peso jurídico, institucional y económico. Se trata de proyectos que alteraron reglas de fondo, corrigieron vacíos históricos o abrieron nuevas herramientas para la gestión pública y la actividad privada.
Para ambos expertos, una de las decisiones más trascendentales del período fue la reforma al artículo 32 de la Constitución Política, que abrió la puerta a la extradición de costarricenses requeridos por delitos de narcotráfico internacional o terrorismo. “Esa era una gran deuda que tenía la legislación costarricense”, afirmó Benavides.
Pero, si de deudas se trata, la Asamblea saliente también deja expedientes sin resolución final en asuntos estratégicos para la competitividad y el crecimiento económico. Entre ellos figuran las jornadas laborales 4x3, la armonización del sistema eléctrico, las alianzas público-privadas, la protección de datos personales y la regulación de la minería metálica en Crucitas.
El Financiero presenta un repaso por las diez principales leyes aprobadas durante este cuatrienio, así como por cinco proyectos de alto impacto que heredará la próxima Asamblea Legislativa.
Extradición
En mayo de 2025 entró en vigor la reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses en casos vinculados con tráfico internacional de drogas o terrorismo. La iniciativa fue impulsada en 2023 por la diputada oficialista Pilar Cisneros y rompió una prohibición histórica dentro del ordenamiento jurídico nacional.
El cambio normativo permitió que Costa Rica realizara por primera vez la extradición de dos nacionales hacia Estados Unidos: el exmagistrado y exministro de Seguridad Celso Gamboa y Edwin López, conocido como “Pecho de Rata”.
Por su alcance jurídico y por los efectos inmediatos en materia de seguridad, esta reforma figura entre las más relevantes del cuatrienio, coinciden Benavides y Calvo.
Medicamentos
La diputada María Marta Carballo, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), impulsó la Ley de Fomento y Promoción de la Competencia en el Mercado de Medicamentos (23.234), vigente desde febrero pasado.
La iniciativa busca reducir precios y ampliar el acceso en el mercado privado mediante mecanismos como el registro sanitario por homologación, las importaciones paralelas y la prohibición de exclusividades comerciales en la oferta de productos. Se trata de una reforma dirigida a introducir mayor competencia en un mercado históricamente cuestionado por sus altos costos.
Ruta 1
El 15 de abril pasado, la Asamblea Legislativa aprobó dos contratos de financiamiento para ampliar y modernizar la Ruta 1, en el tramo San José-San Ramón, uno de los corredores viales más sensibles para la movilidad y la producción nacional.
Uno de los préstamos asciende a $600 millones y será otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El segundo corresponde a $170 millones financiados por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional. La aprobación legislativa destrabó un proyecto largamente postergado.
Eurobonos
El Poder Ejecutivo logró que se aprobara en 2022 el proyecto de Ley Autorización para emitir títulos valores en el mercado internacional y contratar líneas de crédito (23.036), el cual corresponde a los eurobonos.
La norma le permitió al Gobierno endeudarse en los mercados internacionales hasta por $5.000 millones, entre el 2023 y 2025, principalmente para sustituir deuda interna o cancelar vencimientos de deuda en condiciones financieras más favorables.
El plan fue estructurado por fases. En 2023 se colocaron $3.000 millones, divididos en dos semestres. Para los años siguientes se autorizaron otros $2.000 millones, distribuidos en $1.000 millones para 2024 y $1.000 millones para 2025, ambos montos sujetos al cumplimiento de metas fiscales y operativas establecidas en la propia ley.
Entre los requisitos figuraban avances en indicadores como el balance primario del Gobierno Central y la relación entre deuda pública y producto interno bruto, así como la instalación de escáneres en Paso Canoas y Japdeva para 2024, y en Peñas Blancas antes o durante 2025. Aunque parte de esos equipos fue instalado recientemente, los plazos establecidos en la ley resultaban determinantes para autorizar el acceso a los recursos pendientes, razón por la cual los $2.000 millones restantes no se han ejecutado.
Gota a gota
La diputada independiente Gloria Navas llevó al Congreso el proyecto de Ley que sanciona el delito de préstamo de dinero Gota a Gota (10.471). La iniciativa se planteó desde el 2023, con su posterior aprobación en 2024.
La Ley 10.471 se enfoca en los créditos informales que cobran altos intereses diarios en su pago. Mediante esta normativa, se sanciona con pena de prisión de cuatro a ocho años a quien extorsiona a los deudores de estos créditos o a sus familiares.
La condena puede aumentar hasta diez años cuando las víctimas sean menores de edad, adultos mayores o personas en condición de vulnerabilidad, o cuando exista agresión física o participación de varias personas. Si media delincuencia organizada, la pena puede llegar hasta los 15 años.
Intervención de las comunicaciones
El Poder Ejecutivo presentó en 2023 el proyecto de Ley para la modernización de la intervención de las comunicaciones (23.690), con el objetivo de ampliar herramientas de investigación judicial frente a nuevas modalidades delictivas.
La ley, aprobada en 2024, incorporó delitos como extorsión, extorsión cobratoria y contrabando dentro de los supuestos que permiten intervenir comunicaciones orales, escritas o digitales bajo autorización judicial. El cambio buscó actualizar instrumentos legales que habían quedado rezagados frente a la evolución del crimen organizado.
Trabajador independiente
Aunque la Ley del Trabajador Independiente (10.363) fue aprobada en 2023, su origen se remonta al periodo legislativo anterior, cuando fue impulsada por el exdiputado de la entonces fracción socialcristiana Pedro Muñoz.
La normativa fijó en cuatro años el plazo de prescripción para que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) imponga y cobre sanciones por obligaciones contributivas a trabajadores independientes.
En los casos de personas no inscritas ante la CCSS o que incumplan deberes formales, el plazo de prescripción se extiende a diez años. La ley buscó corregir conflictos recurrentes entre la institución y este segmento laboral.
Lista gris
La Unión Europea (UE) incluyó oficialmente al país en la lista gris de países no cooperantes en materia fiscal en 2022.
Para facilitar la salida de ese señalamiento, la diputada socialcristiana Daniela Rojas promovió reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta para lograr la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la UE. Los cambios redefinieron el régimen de exención de rentas de fuente extranjera, incorporaron el concepto de renta calificada y limitaron beneficios sobre rentas pasivas del exterior, en línea con exigencias europeas.
Deuda pública
Otra iniciativa heredada del gobierno anterior fue la Ley de Promoción y Apertura del Mercado de Deuda Pública Interna Costarricense (22.893), aprobada al cierre de 2022.
La norma abrió el mercado de bonos del Gobierno y del Banco Central de Costa Rica a inversionistas extranjeros, mediante ajustes regulatorios y tributarios orientados a facilitar la compra de deuda interna por parte de no residentes.
Impuesto a vehículos
El exdiputado del partido Liberal Progresista Jorge Dengo promovió la reforma al impuesto sobre la propiedad de vehículos por medio del proyecto de Ley de modificación al impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves (23.477).
El cambio modificó la fórmula de cálculo del marchamo. Ahora, el cobro se vincula al valor de mercado con criterios de depreciación, además de incorporar parámetros relacionados con peso y emisiones. El ajuste pretende reducir distorsiones acumuladas durante años en el monto pagado por los propietarios.
Proyectos pendientes
Daniel Calvo señaló que entre los expedientes de mayor relevancia que heredará la próxima Asamblea figura la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.414).
La propuesta del Ejecutivo buscaba actualizar las reglas de generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica, con un operador técnico independiente, mayor apertura tecnológica y tarifas más competitivas para usuarios y empresas.
También permanece pendiente el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales (23.097), impulsado desde 2022 por el diputado liberal progresista Eli Feinzaig. La iniciativa pretende elevar los estándares de resguardo de información personal y adecuar al país a exigencias internacionales.
A esa lista se suma el proyecto de Ley Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos determinados que sean excepcionales y muy calificados (24.290), conocido como jornadas 4x3. Este tema provocó uno de los debates más polarizantes del cuatrienio y aún sin cierre definitivo, debido al choque entre argumentos de competitividad y objeciones laborales.
Benavides agregó que otro tema relevante que no logró definirse en el periodo legislativo que está por finalizar se refiere al proyecto de Ley para regular la exploración y explotación de minería metálica sostenible a cielo abierto en el distrito de Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela y reforma parcial al Código de Minería (24.717). Esta iniciativa pone sus ojos sobre la zona de Crucitas.
Finalmente, continúa en trámite el proyecto de Ley para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas Público-Privadas (21.420), presentado en 2019 por el exdiputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Luis Fernando Chacón. La propuesta busca dotar al Estado de un marco legal para desarrollar infraestructura y ciertos servicios públicos mediante asociaciones con el sector privado, bajo reglas claras de licitación, distribución de riesgos y supervisión.
Entre reformas que ya modificaron reglas clave del país y proyectos que quedaron varados en la recta final, la Asamblea Legislativa 2022-2026 cierra su ciclo con un legado mixto: avanzó en seguridad, financiamiento público y apertura de mercados, pero trasladó al próximo Congreso decisiones estructurales sobre energía, empleo, infraestructura y competitividad.
